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 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

 Doctorado en Estudios Sociales Agrarios

 

 Economía e Historia del Agro

 Profesor: Eduardo Azcuy Ameghino

 

 Federico Paz

 LOS CAMPESINOS DE LAS SIERRAS CENTRALES

 El caso de la Provincia de San Luis

 ABRIL de 2013

 

Definición y cuantificación flexible del campesinado

El sujeto social llamado habitualmente «campesino» es, hasta un cierto punto, poco pertinente de ser definido con márgenes estrechos; y a su vez poco útil si se lo define con márgenes demasiado amplios. Su verdadero peso, por otra parte, proviene, más que de su número, de la cantidad de sectores socio-económicos de los que participa, o que directamente pone en marcha. Estos sectores incluyen desde el cuidado ecosistémico y otros servicios ambientales rutinarios hasta los mercados o ferias locales que pueden ser organizados y atendidos por ellos mismos o no, y que hacen evidente su importancia, por ejemplo, durante situaciones de desabastecimientos y lock-outs patronales.

La definición más obvia, que incluye tanto a la agricultura familiar como al campesinado clásico, se refiere a los hogares, caseríos o pueblos rurales, cuyos habitantes, en un porcentaje considerable, intervienen en forma directa en la producción agropecuaria. Esto incluye, obviamente, a quienes esporádicamente contratan mano de obra o son contratados como tal. Los peones rurales, muy a menudo, forman parte de familias campesinas, que normalmente mantienen algún sector de su producción dentro de la economía de mercado y otro fuera, destinado al autoconsumo o a su participación en la vida comunal. Algunos autores, como Tsakoumagkos, Soverna y Craviotti (PROINDER, 2000) buscan definir, según la región del país de la que se trate, también algún tipo de limitante, expresado en hectáreas máximas disponibles (3,5,25, en algunos casos hasta 100), o en número de animales a su cargo (50 vacas, 1.000 ovejas, etcétera).

Lo más cercano a una autodefinición del campesino actual en Argentina, quizás sea aquella que elaboraron varias organizaciones campesinas para el proyecto de ley «Cristian Ferreyra» para frenar por cinco años a los desalojos en el campo y realizar, durante los tres primeros, un relevamiento de posesión y uso de tierras. Esta iniciativa considera como pequeños productores agropecuarios, comunidades campesinas y agricultores familiares «a todas aquellas personas que de manera individual, colectiva o comunitaria lleven adelante actividades productivas en el medio rural, desarrollando actividades agropecuarias de manera directa, siendo la mayor parte de la fuerza de trabajo aportada por los miembros de la familia». (Améndola, 2012)

Según la investigación antes mencionada del PROINDER; la zona en la que estoy realizando mi trabajo de campo, el llamado «Monte Árido», era entonces la tercera región del país en cuanto al número de familias de pequeños productores, estimándolas en unas 21 mil, colocándose así detrás la Mesopotamia (41 mil) y del Noroeste (33 mil); y delante de la región pampeana (10 mil), los oasis cuyanos (9 mil), la Patagonia (8 mil) y el Chaco (7 mil). Estas estimaciones pueden servir para comparar (y sólo hasta un cierto punto) a las diferentes regiones entre sí; pero no a la relación del sector campesino con otros sectores o con el total de la población; ya que los criterios acerca de quién cae dentro o fuera de la definición son completamente arbitrarios, tanto en este caso como en cualquier otro.

Por otro lado, el avance en los últimos años de la frontera de los agro-negocios hizo que se haya alterado considerablemente la configuración del mundo rural y, con ella, tanto el componente campesino como su conciencia-para-sí en las diferentes regiones. Así y todo, el periodista Rodolfo González Arzac, mencionando como fuente «un estudio del Ministerio de Agricultura y la Universidad General San Martín aún no oficializado» (González Arzac, 2012), sostiene que habrían 350 mil productores argentinos, de los cuales 250 mil serían campesinos, agricultores familiares y pequeños productores, sin especificar si se trata de familias o de productores individuales.

Si se tratara de familias, estos 250 mil campesinos estarían duplicando las cifras del PROINDER, cuyos 128 mil familias rurales agrarias pobres correspondían al 100% de los jefes de hogar trabajadores por cuenta propia y familiares sin remuneración fija de residencia rural y empleados en la rama agropecuaria (66 mil), al 44% de los jefes de hogar asalariados de residencia rural y empleados en la rama agropecuaria (37 mil), y a una estimación de los hogares cuyo jefe es inactivo vinculado al sector agropecuario (25 mil). Esta duplicación de cifras también podría deberse a que se sumara aquí a otro nivel de la estatificación utilizada por el PROINDER, «al segundo “escalón” de estas consideraciones, en 160 mil productores (…), incluyendo en la categoría de productor minifundista a aquellos caracterizados por el trabajo directo, la residencia rural, la ausencia de asalariados permanentes, los ingresos prediales, extraprediales y la escala productiva limitada por indicadores muy precisos» (Tsakoumagkos, 2008).

Por último, otros autores como Armando Bartra, hacen una definición tan amplia de lo que es un campesino, que quizás resulte inútil para contar con una estimación cuantitativa que tenga sentido; pero sí resulta muy útil, por el contrario, para ponernos en guardia ante la idea de quedarnos con una definición muy acotada de un sujeto colectivo milenario que ha sobrevivido a todas las coyunturas históricas y a todos los pronósticos teóricos desde tiempos inmemoriales. Según él, «en términos sociales (…), el campesino (…) es una colectividad (de la que) forman parte también y por derecho propio quienes, teniendo funciones no directamente agrícolas, participan de la forma de vida comunitaria y comparten el destino de los labradores». (Bartra, 2010)

Considerando todo lo anterior, se puede sintetizar diciendo que el campesino es un sujeto colectivo vinculado al mundo rural y persistente en las cuentas de larga duración, que durante incluso extensos periodos puede migrar, urbanizarse, volverse asalariado, obtener ingresos de las más diversas fuentes; pero que siempre regresa, aunque más no sea a través de las siguientes generaciones, a la producción para el autoconsumo, al cuidado de los bienes comunes y a la relación directa con el territorio.

 

Los campesinos del Monte Árido y de la provincia de San Luis

En el Monte Árido se considera en general como limitante de la pertenencia al sector, al número máximo de ovejas, cabras o vacas. No obstante, para los autores mencionados y, según sus criterios de medición, el minifundismo, para 1988, significaba el 63% de las explotaciones en el Monte Árido, siendo para la Puna en el mismo año del 97%, para la Mesopotamia del 65%, para los oasis cuyanos del 48% y para la región pampeana del 24%. Se considera Monte Árido a la amplia franja que va desde Santiago del Estero hasta Mendoza, y que incluye partes de La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa y Córdoba, además de las dos provincias antes mencionadas. A su vez, se divide en varias subregiones.

Para Tsakoumagkos, Soverna y Craviotti, en la extensa región ya mencionada, con sus características lluvias estacionales de primavera y verano, la principal actividad es la ganadería extensiva, y allí donde hay posibilidades de riego, se dan además algunos cultivos industriales. Las cuatro áreas en que se divide el Monte Árido son:

• Área cabritera. Santiago del Estero, sobre todo, pero también parte de Córdoba, Catamarca y La Rioja. Tras una importante recampesinización luego de la crisis de la agro-industria azucarera en los años sesenta, actualmente son el grupo más afectado por los desalojos y que efectúa una mayor resistencia a nivel nacional ante el avance del modelo extractivo transgénico. Poseen ganadería principalmente caprina que convive con otros ganados, con algunos cultivos y con la extracción de leña para carbón.

• Área llanera. Mayormente en La Rioja, pero incluyendo partes de Córdoba, San Juan y noroeste de San Luis. Preponderancia del ganado vacuno criollo y, en menor medida, caprino. Existen campos comuneros para pastoreo de muy larga data. Fue una zona muy afectada por la devastación forestal a causa los obrajes y el tendido del ferrocarril a inicios del siglo pasado. Son pequeñas propiedades con algún cultivo de sorgo, maíz, zapallo y frutales. Alto índice de trabajo asalariado que evita la descampesinización.

• Monte Semi-Árido. Oeste de La Pampa, sur de San Luis, Mendoza y San Juan. Puesteros con preponderancia de vacas o chivas. Minifundismo. Conviven con las agro-industrias de las áreas de riego cuyanas, fuente habitual de trabajo asalariado estacional para los miembros de las unidades campesinas. Actualmente sufren el avance de la frontera de los grandes rodeos de ganado pampeano, que a su vez están siendo desplazados por el avance de la frontera de los agro-negocios más hacia el este.

• Área Serrana: Norte de Córdoba y noreste de San Luis. Ganadería extensiva de vacas, ovejas, cabras, cerdos y caballos, que tradicionalmente convive con zonas de agricultura bajo riego, a menudo dedicada a huerta y a frutales como olivares. Los campesinos serranos combinan el trabajo extrapredial y la autosuficiencia predial, con producciones importantes de leña, tunas, maíz para el ganado y papa. En la última década comenzaron a verse afectados y a resistir el avance de la frontera agrícola.

 

San Luis atravesó, y atraviesa, importantes procesos de descampesinización en la última época. El primero de ellos a partir de 1982, con el Régimen de Promoción Industrial, que desencadenó una importante afluencia de sectores rurales hacia Villa Mercedes y la capital provincial. El segundo proceso de descampesinización importante es el actual, vinculado al ya mencionado avance hacia el oeste de la frontera de los agro-negocios.

Más adelante describiré la situación del valle del Río Conlara, en el noreste. Por ahora, basta mostrar que, «como un indicador estimativo, el número de EAPs en San Luis disminuyó un 38% entre 1988 y 2002, «con lo que casi se duplican los valores de la región Cuyo (18%) y los  nacionales (21%)» (Gutvay, 2006).

Las familias campesinas se encuentran sobre todo en el centro y norte provincial, que había sido dividido en quince enormes mercedes reales durante el periodo colonial. Una de ellas, concedida en 1677 a Andrés Toro y Mazote, ocupaba casi todo el actual departamento de Chacabuco. El minifundio se concentra en los departamentos del noreste, como Junín y Chacabuco. En San Martín y Pringles, en el centro-norte, se concentran sobre todo las propiedades medias (entre 50 y 500 hectáreas). Y en los departamentos del noroeste, Belgrano y Ayacucho, confluyen los cabriteros y las zonas bajo riego donde se producen los frutales y las hortalizas a cielo abierto.

Hay una importante producción de papa, que según los datos del Censo Nacional Agropecuario del año 2002 ocupaba unas 1.500 hectáreas repartidas entre Chacabuco, Ayacucho y Junín. En Ayacucho se encuentran también las 50 hectáreas sembradas de batatas y la casi totalidad de melones (7,5 hectáreas) y sandías (1,5 hectáreas). Belgrano concentra las 7 hectáreas de zapallitos, las 6 de ajo, las 4 de frutillas, las 3 de habas y de chauchas, y más de la mitad de los zapallares (5 hectáreas sobre 8,5). Chacabuco concentra casi toda la producción cebollera (10 hectáreas sobre 13).

De las 52 hectáreas dedicadas a frutales, más de las tres cuartas partes corresponden a nogales, ciruelos (Ayacucho) y durazneros (sobre todo, en Belgrano). También tiene alguna importancia el olivo, el castaño y el membrillo. Casi toda la forestación con álamo, asociada a la producción hortícola, se concentra en Ayacucho (121 hectáreas) y en Chacabuco (95). Los pocos bosques nativos que aún quedan se encuentran, casi todos ellos, arrinconados en el pie de las sierras y en el oeste provincial.

El riego gravitacional, que a diferencia del riego de pivot central está más vinculado a las unidades campesinas, predomina en Junín (1.996 hectáreas), Ayacucho (749), Pedernera (356) y Chacabuco (316); mientras que el riego por goteo, utilizado sólo para hortalizas, predomina en Chacabuco. De todos modos, el acceso al agua de riego es muy restringido, y actualmente el gobierno pretende crear consorcios y cobrar por el agua proveniente de represas artesanales, fabricadas, cuidadas y reparadas después de cada crecida desde hace décadas por los campesinos y sin ayuda estatal de ningún tipo.

En el sur provincial, como en casi todos los lugares en que la tierra fue robada a los indígenas durante el periodo republicano, prevalecen las líneas rectas en las divisiones administrativas. Actualmente es allí donde se concentran los latifundios, justamente por la distribución de la tierra orquestada entre la Sociedad Rural y el Ejército tras la matanza. En los departamentos de La Capital, Pedernera, y sobre todo, Dupuy, muchos de ellos sobrepasan las 50.000 hectáreas. La producción agrícola bajo invernadero se realiza casi toda en el departamento de La Capital, 60.000 m2 sobre 67.000, desde donde se abastecen a las dos grandes ciudades de la provincia. Las producciones más importantes bajo plástico son el tomate, el morrón, la lechuga, el apio y la berenjena.

Las familias campesinas del norte sanluiseño suelen ser numerosas, con cinco o más miembros. Normalmente se ven obligados, por falta de espacio, a desmontar una pequeña parte de su parcela de bosque para pasturas o cultivos, pero en el largo plazo suelen convivir con el monte nativo, del que obtienen innumerables productos y beneficios. Los animales, sobre todo los vacunos, sirven como capital de reserva. Existe un importante sobre-pastoreo por la acción de ovinos y caprinos, cuya venta es una de sus principales fuentes de ingreso. Poseen aves de corral, en general para autoconsumo; y tradicionalmente, en San Luis, también es muy importante el ganado mular y equino.

La norma está dada por la precariedad de los títulos de propiedad, siendo las escrituras prácticamente inexistentes. Muchas de las familias, sin embargo, se hallan asentadas en sus tierras desde hace ya más de cien años, lo que hace que estas irregularidades formen parte de una cuestión grave a nivel nacional, en momentos en que los productores sojeros se valen de cualquier arma para conseguir cada vez más espacios productivos.

 

Organización y reproducción social en el Valle del Conlara

Por lo dicho anteriormente en relación a la gran variación sociológica y productiva en las diferentes regiones sanluiseñas, se puede prestar a la confusión si se intenta tipificar a los campesinos abarcando en una sola descripción a toda la Provincia. Por eso, me centraré en el Valle del Conlara, en los departamentos de Junín y Chacabuco, ya que, al ser una región donde predominan los minifundios y una vida rural muy similar a la del norte cordobés, es una de las zonas más interesantes para estudiar el Área Serrana.

Dado que las estadísticas ofrecidas por los censos son incompletas, poco fiables y des-actualizadas, más aún si tenemos en cuenta que los datos provisionales del censo del 2010 aún no dicen nada sobre la situación actual de los campesinos, considero que tendremos un panorama más claro si nos fundamentamos en los datos cualitativos; donde podremos ver, por ejemplo, que en los últimos diez años, después de la crisis del 2001, hubo justamente una importante migración desde los pueblos y desde las ciudades hacia al campo, al tiempo que cerraban las fábricas y que los campos grandes y las estancias, que tradicionalmente empleaban como puesteros a los campesinos, fueron vendidas a empresas extranjeras, cuya producción está toda mecanizada.

Me basaré en diferentes trabajos, pero sobre todo en una historia local recopilada en base a entrevistas realizadas a pequeños productores por María Álvarez Rivera y Nahuel Churín en Ojo del Río, una típica localidad pequeña del valle. Allí se caracteriza la baja escala de producción del campesinado para el autoconsumo, con poco capital o descapitalizado, con poca o nula inversión, con mano de obra familiar, dificultad para acceso a créditos, poco dinero circulante, aprovechamiento integral de su producción, y deterioro de las maquinarias, cuando las hay.

También se señala que el pequeño productor «debe ajustarse, y aprender a moverse entre los “grandes”, que se mueven e invierten por intereses más que nada económicos y financieros, apuntando a lograr un mayor capital en cada actividad; incluso diversificando inversiones según sea más o menos rentables para ellos. Como estamos viendo, el pequeño productor no tiene el mismo tipo de racionalidad económica, productiva, que el mediano o el grande». (Álvarez y Churín, 2008: 5-6)

La mayoría de los entrevistados manifestó vivir en predios propios, o en «tierra prestada», de entre 3 y 60 hectáreas; en un solo caso, de 200. Las actividades prediales están enfocadas a la autosubsistencia, y van desde la huerta a la cría de animales, sobre todo gallinas, chivas y vacas; así como siembra de forrajes, recolección de hierbas, etcétera. Sólo venden animales y productos derivados caseros (chacinados, huevos, quesos), en algunos casos y siempre en escalas reducidas que no les permite acumular ni reinvertir. En los pocos casos en los que cuentan con un pequeño capital o renta, lo han hecho generalmente durante sus migraciones.

La proporción de ingresos extraprediales suele ser significativa en relación a los prediales, y provienen tanto de redes de intercambio y solidaridad como de changas o salarios obtenidos en empresas agropecuarias (trabajando como desmontadores, apicultores, alambradores, peones de campo) o bien de transferencias formales del Estado, la más importantes de las cuales es el Plan de Inclusión Social, más conocido como «pico y pala», y que absorbe casi todo el tiempo de los llamados “beneficiarios” a cambio de una prestación de 1.000 pesos mensuales aproximadamente. De los sesenta habitantes de Ojo del Río, veinte de ellos tienen el Plan.

Muchas familias poseen más de un beneficiario del plan, lo que les garantiza el mínimo de ingresos para la subsistencia, al tiempo que a la actual administración provincial le asegura el importante voto cautivo de quienes no pueden perder esta prestación El acceso a la salud y a la educación en las zonas rurales sanluiseñas es muy restringido. Los campesinos del norte, llamados «serranos» o «criollos» por los habitantes de las ciudades, viven en general en ranchos de adobe con suelo de tierra, y en el caso de que no estén organizados, las labores de la agricultura, que en general es complementaria de la ganadería, se realizan en forma manual con arado de mancera y otras herramientas.

Esto se debe, principalmente, a que los contratistas de maquinarias de la región cobran caro y suelen estar, en las fechas de cosecha o previas a la siembra, muy ocupados trabajando para las grandes extensiones. En el caso de que estén organizados en asociaciones, por el contrario, los campesinos han conseguido en ocasiones, mediante la gestión de los técnicos que forman parte de ellas, tractores, sembradoras de grano fino y grueso, segadoras y enrolladoras propias que utilizan en forma comunitaria.

La organización también garantiza una respuesta colectiva frente a los desalojos, como ha ocurrido por ejemplo en Bajo de Véliz, en el noreste de la Provincia, mientras que los desalojos ocurridos en Estancia Grande, en el centro geográfico provincial, donde no existen organizaciones campesinas, han pasado casi desapercibidos. Otra de las diferencias es que las organizaciones buscan modos de generar empleos en el campo, contrarrestando la fuerte descampesinización que inevitablemente se produce ante el avance de la frontera transgénica; que expulsa a los habitantes rurales a los cinturones de las ciudades o a los pueblos, donde subsisten, a duras penas, con los planes sociales.

Churín, técnico de la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara (ACVC), dice: «Como uno de los principales aportes de las economías campesinas son las changas —o trabajo extrapredial—, constituyendo el principal ingreso de casi el 70% de la familia; en función de eso, la Asociación trabaja en proveer alternativas de trabajo dentro de la Asociación para suplantar las changas, como la carpintería, la fábrica de alimentos balanceados, los corrales de engorde comunitarios en Santa Martina, la producción de conservas, salsa de tomates, dulces, que buscan generar un valor agregado a la producción y generar puestos de trabajo en las comunidades». (Sustersic, 2011)

 

Campesinos locales, capital agrario y Estado

El Ministerio de Agricultura, en el año 2011, hizo una investigación que arrojó 64 mil familias afectadas por la problemática de la tierra. Y estamos hablando de estadísticas nacionales, con la credibilidad con las que cuentan. En el artículo ya mencionado de González Arzac, se señala un número similar y se agrega que en la actualidad hay por lo menos 9 millones de hectáreas rurales en disputa.

La provincia de San Luis ocupa una región geográficamente privilegiada dentro del modelo extractivo, ya que se encuentra entre la espada de la soja y la pared de la mega-minería. Más dramática, sin duda, parece ser la situación de Santiago del Estero, que se encuentra en el filo de la espada de la soja; o de Catamarca, arrinconada contra la pared de la minería a cielo abierto. Sin embargo, el aumento de la producción sojera en la Provincia comienza poco a poco a aparecer en las estadísticas nacionales.

Los datos sobre el avance de la frontera transgénica sobre bosques, pastizales y ganadería extensiva en San Luis ya fueron presentados en el trabajo anterior de la asignatura. Para los fines de este trabajo, basta repetir aquí que los censos arrojan que en 1988 la Provincia contaba con apenas 369 hectáreas de soja, que para el 2002 ya eran 45.078 y que para la campaña 2009-2010 se cosecharon 125.000 hectáreas de la oleaginosa. (Azcuy Ameghino y León, 2007; Privitello, 2010).

Aunque los números aún no son alarmantes, las particularidades de este monocultivo (contaminación indiscriminada con agrotóxicos; destrucción masiva del monte nativo; acaparamiento del agua, la tierra y destrucción de empleos locales) que lo diferencian de la tradicional agroindustria; sumada a la experiencia en otras provincias (donde las guardias blancas de los productores transgénicos ya han asesinado a campesinos y donde los desalojos son el pan de cada día para las familias rurales), coloca a las organizaciones de los campesinos sanluiseños en una posición de lucha ante el modelo depredador de la soja y el maíz transgénico.

Tal es el efecto de este modelo que muchas de las organizaciones campesinas, y hasta su autodefinición como tales, a veces surgen para intentar frenar los efectos de la soja. En el caso de la ACVC, «la característica principal de este proceso es el énfasis puesto en el término campesino (…) que funciona como “paraguas identitario” para una variedad de sujetos avasallados e ignorados por el modelo hegemónico. ¿Qué significa ser campesino en este contexto? Ser todo lo que no es el modelo sojero». (Trivi, 2006)

Comparto aquí una crónica para caracterizar cómo influye el capital agrario en los campesinos de San Luis: «Fuimos a la comunidad de Santa Martina donde nos reunimos con los campesinos y compartimos un asado. Pudimos verificar por los testimonios de qué se trata estar en la frontera sojera, en una guerra no convencional y de baja intensidad, donde Monsanto (allí se preparan las semillas con sus fumigaciones —armas de destrucción masiva—) mata animales y gente. Pollos, gallinas, pavos y gatos mueren al poco rato de la fumigación por trastornos respiratorios o neurotóxicos y los vecinos se sienten afectados por problemas respiratorios, renales y dermatológicos. No pueden producir quesos porque las cabras abortan. Mataron cerca de quinientos nogales en crecimiento y contaminaron la huerta orgánica de un productor». (REUDAS, 2011)

Estimar el peso social y político de este actor, entonces, es una cuestión que ya sale del terreno seguro de la descripción y entra en las arenas movedizas de la interpretación. Se puede argumentar que, en la medida en que los problemas que atraviesan los campesinos del Monte Árido son similares con los del resto del sur de Sudamérica, dicho peso queda determinado por la capacidad de articulación de los campesinos con sus organizaciones de base locales o regionales, así como la de las mismas con otras organizaciones en federaciones y confederaciones de segundo y tercer grado, ya que la mayoría de las decisiones que afectan a su modo de vida y reproducción social se toman en instancias externas a su ámbito de participación.

En la región del Monte Árido, el exponente más representativo de esta confluencia de organizaciones campesinas es el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MCNI). En cuanto a política internacional, su forma de participación en las globalizaciones alternativas a la de signo corporativo se expresa en su integración en la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), integrada a su vez en La Vía Campesina, que ya colocó a uno de sus hombres como Jefe de Estado en Bolivia. En cuanto al ámbito nacional, su peso se expresa en su capacidad de condicionar al Estado en pos de la democratización de las decisiones en política agraria y a sus posibles alianzas con otros sectores de la sociedad civil, pertenecientes o no al mundo rural. Uno de sus aliados claves en el sector rural son los pequeños agricultores familiares que, aunque no se definen como «campesinos», comparten sí intereses similares.

En cuanto a los medianos propietarios de tierras que hasta hace poco participaban directamente de la producción agrícola, actualmente suelen arrendar sus campos no ya a pobres aparceros poco organizados, sino a actores mucho más poderosos que ellos mismos y con una planificación económica diferente a la propia. En los periódicos de San Luis, por ejemplo, es habitual encontrar los anuncios de quienes ofertan sus tierras en arriendo, de entre 500 y 1.000 hectáreas, para la agricultura de escala, en general en los departamentos del sur provincial. En la medida en que, a diferencia de los años setenta, sus intereses y aspiraciones continúen asociados con los de los grandes beneficiarios del modelo, o bien que sigan apoyando públicamente a quienes son juzgados por contaminar con agrotóxicos a los habitantes rurales, una alianza estratégica entre los campesinos y la pequeña burguesía agraria parece aún lejana.

En relación a los Estados nacional y provincial, aunque sean de diferente signo político, es evidente que quienes hoy los conducen —más allá de las disputas en torno a la apropiación de las rentas fabulosas que deja el modelo de reprimerización de la economía junto a la destrucción socio-ambiental— tienen una confluencia de intereses con los terratenientes, con las entidades que reúnen a los grandes y medianos productores transgénicos, con los importadores de insumos y con los exportadores de granos y aceites, en los dos últimos casos tratándose de grandes actores transnacionales.

La línea central de las políticas estatales, como vimos en el caso de San Luis, consiste en considerar pobres rurales a los campesinos pobres, favorecer su expulsión del campo y controlar la explosión social con subsidios. De otro modo, no se explica la oposición inicial ni la posterior quita de financiación a la Ley de Bosques, que había sido un triunfo de las organizaciones campesinas y ambientales; ni mucho menos se explica la demora del oficialismo para votar la Ley de Emergencia Campesina contra los desalojos rurales y para otorgar los títulos de propiedad a sus más que veinteñales ocupantes.

Sin embargo, en la provincia de Santa Fe, esta ley fue aprobada por unanimidad a fines de 2012, tras la movilización y acampe de los productores ante la Legislatura, lo que puede ser un paso importante en la agenda política de los campesinos si se consigue extender su aprobación y aplicación al nivel nacional. La realización máxima de esta agenda apunta a una reforma agraria integral que incluya inversiones en salud, educación y empleo rural, que no sólo haga posible la vida campesina, sino que sea una vida de calidad. Como bien lo definió Pierre Vilar: «Los movimientos campesinos serían, pues, la defensa de una “manera de vivir” más bien que la protesta contra un “nivel de vida” insuficiente. ¿Y por qué no las dos cosas a la vez?». (Vilar, 1988)

Por último, es preciso indicar que el peso político de los campesinos, en un país eminentemente urbano como el nuestro, depende también del grado de conocimiento que el resto de los actores tengan de esta problemática, de la comprensión de lo que la imposición del modelo agroexportador transgénico significa para la salud y la seguridad alimentaria del país, así como de la capacidad de los propios actores campesinos para articularse con otros sectores ajenos al mundo rural y ocupar un lugar importante dentro de un instrumento político que intente transformar de raíz el modelo productivo vigente.

 

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