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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Doctorado en Estudios Sociales Agrarios

Sociología Rural

Josefa Salete Barbosa Cavalcanti y Guillermo Neiman

 

Federico Paz

LA LÓGICA NEO-INSTITUCIONAL

Gestión del bosque nativo en la Provincia de San Luis

AGOSTO de 2012

 

 

Introducción

El objetivo general de mi tesis de doctorado es el de evaluar si las acciones sociales-naturales llevadas a cabo por los campesinos sanluiseños representan una alternativa, en esta provincia cuyana, ante el avance del modelo extractivo.

Las expresiones actuales más evidentes de este modelo hegemónico serían el corrimiento de la frontera de los agro-negocios hacia la región del Parque Chaqueño (departamentos de Junín y Chacabuco) y del Espinal (Coronel Pringles, La Capital, Gobernador Dupuy); así como los intentos de instalación de minería a cielo abierto en La Carolina, localidad ubicada en el corazón de la Reserva Hídrica Provincial.

En el caso de concluir que efectivamente representan una alternativa, se hace entonces fundamental comprender la vitalidad y/o la vulnerabilidad de los campesinos para hacerla viable. En el caso negativo, habría pues que comprobar de qué formas concretas sus prácticas se adecuan o resultan funcionales al modelo hegemónico.

Para mantener una visión del conjunto de la situación, así como por el rol central que cumple en tanto articulador entre los sistemas comerciales globales y las poblaciones locales, me planteo como un primer objetivo específico, que desarrollaré aquí a los efectos del trabajo de Sociología Rural, describir brevemente e interpretar en forma teórica el modo en que el Estado se coloca entre el capital y la naturaleza para gestionar tanto la protección del bosque nativo provincial como su uso mercantil.

Un segundo objetivo específico a desarrollar más adelante, siempre teniendo en cuenta la responsabilidad histórica de los estados nacional y provincial, será el de analizar y comparar las gestiones de los bosques nativos realizadas por los campesinos locales y las llevadas a cabo por las más importantes empresas vinculadas al modelo extractivo, que ya se anunciaba en el último cuarto del siglo xix con el Ferrocarril Andino, La Compañía Francesa Nordeste Argentino y la West Argentine Gold Company, pero que emerge como dominante en nuestros días con corporaciones como Rovella-Carranza, Cresud, Monsanto, Grupo Radici, Thyssen, Grupo Cuello, Pinsapo Eco Gold, Wealth Minerals, etcétera.

El procedimiento a través del cual me aproximaré a la eventual gestión alternativa de los recursos naturales será el de la caracterización de:

• Las organizaciones campesinas (Asociación de Campesinos del Valle del Conlara, Asociación de Productores Minifundistas de Ayacucho y Belgrano, Asociación de Pequeños Productores del Dique San Felipe), así como la situación rural en ausencia de organizaciones en otras zonas de la provincia.

• Las prácticas agroecológicas campesinas (carpintería, compras de insumos, sistemas de comercialización y maquinarias agrícolas comunitarias, organización de ferias de productores y escuelas campesinas, generación de empleos locales en el campo, gestión comunal de tierras de pastoreo y del riego).

• Las experiencias recientes de lucha por la preservación de la tierra, los recursos naturales y la salud (resistencia a los desalojos de familias campesinas en Bajo de Véliz, prohibición de las fumigaciones en los municipios de Naschel y Merlo, participación del ordenamiento territorial en el marco de la Ley de Bosques y de la resistencia contra la mega-minería en La Carolina).

• Los conceptos transformadores que den cuenta de los posibles modelos alternativos de ruralidad (reforma agraria integral, agro-ecología, sacha-producción, soberanía alimentaria, reciprocidad, planificación a largo plazo).

En una primera etapa de este segundo objetivo específico, me concentraré exclusivamente en la relación que los integrantes de un movimiento campesino localizado en cinco parajes del noreste de la Provincia de San Luis, la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara (ACVC) establecen con el bosque nativo, no sólo en tanto recurso forestal sino también como territorio donde producir y reproducir simbólicamente la vida rural para las siguientes generaciones. Así, estaría dando cuenta de una organización (la ACVC), de algunas prácticas agroecológicas locales (aquellas vinculadas a la gestión del bosque nativo), de una experiencia de lucha (la participación en la reglamentación de la Ley de Bosques) y de un concepto transformador (la proyección en el largo plazo).

Es un caso acotado pero cuyo análisis contribuye a reflejar algo que sucede a gran escala en el planeta y muy en particular en América Latina: el avance de industrias extractivas y de cultivos destinados a la exportación sobre tierras agrícolas, montes nativos y cursos de agua que durante siglos se utilizaron para alimentar a las poblaciones locales y a sus ganados, así como para abastecer al mercado interno.

Entonces, mi intención es no perder de vista a la situación agrícola-forestal a nivel regional y global, en primer lugar porque los campesinos del Valle son conscientes de que la gestión local del bosque compite con muchos otros intereses, identificando sobre todo los de los agentes estatales y privados funcionales a los agro-negocios. En segundo lugar, porque la mayoría de las decisiones que afectan a su modo de vida y reproducción social se toman en instancias externas a su ámbito cotidiano de participación.

Por el otro lado pero en relación con lo anterior, considero importante no perder de vista tampoco ni al contexto de la globalización alternativa del que participan los movimientos sociales campesinos ni a los agentes locales de las compañías multinacionales y del Estado. De esta manera pretendo evitar hacer una presentación teórica clásica donde confrontan actores locales que aparecen arrinconados y vulnerables frente a grandes corporaciones abstractas y omnipotentes.

Junto a dichas descripciones, para no quedarnos tampoco en la anécdota, se hace imprescindible comprender, en lo que sería un tercer objetivo específico, las lógicas vinculadas al uso de los bienes naturales por parte de los diferentes actores sociales involucrados en la problemática, lo que haré a partir del análisis del discurso que se pone en escena y que busca otorgar, en cada caso, un sentido puntual a cada una de las prácticas de política forestal llevadas a cabo.

Idealmente, este estudio nos dará una primera aproximación para reconocer los mecanismos (influencia de la crisis de la deuda en la balanza de las cuentas nacionales, falta de títulos de propiedad comunal, acción de lobbies, desconocimiento urbano de la problemática rural) que podrían estar incidiendo para que, a nivel provincial, nacional y regional, se esté imponiendo el modelo extractivo pese a las resistencias que suscita y a la formulación, en muchos casos explícita, de modelos alternativos.

 

Marco teórico

Para interpretar las diferentes gestiones del bosque nativo, voy a aplicar, en mi estudio general de caso en San Luis, algunas de las conclusiones teóricas de las investigaciones de Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía en 2009, que demostró que, en general, los bienes comunes o los recursos compartidos se cuidan mejor en el largo plazo a través de prácticas comunales que mediante la intervención estatal o el interés privado, evitándose a veces así el colapso ambiental. Esta autora y sus colaboradores (Ostrom, 2011) analizaron más de diez mil casos empíricos en diferentes partes del mundo e identificaron una serie de elementos comunales de auto-organización, a partir de cuya aplicación los actores locales desarrollaron durante siglos relaciones sustentables entre su sociedad y los sistemas ecológicos a los que pertenecen.

Al gobierno común y la gestión campesina de los recursos naturales, en este caso de los bosques nativos y de su lógica fundada en el largo plazo, busco contraponerle entonces, como ya fue dicho, el tipo de relación que establecen con el mundo social-natural los representantes de otras dos lógicas productivas: la capitalista y la neo-institucional.

En este punto me gustaría comenzar a dialogar con algunos de los autores propuestos en la asignatura, como por ejemplo Armando Sánchez Albarrán (2012), quien desde la sociología reflexiva toma en cuenta la coexistencia de estas tres lógicas económicas, a las que él denomina economía neo-institucional, economía solidaria, que ocuparía el polo más débil, y economía capitalista salvaje, con una elevada cuota de explotación, que tiende a ocasionar desempleo y a agotar los recursos naturales.

Este autor define al neo-institucionalismo como al enfoque que adoptaron los países subdesarrollados a partir de la década de los ochenta del siglo pasado para hacer frente a los nuevos dictados del mercado, y donde «ponen en práctica dos tipos de programas: por una parte, aquellos que impulsan a los productores (grandes y medianos) hacia esquemas de mayor eficiencia. Por la otra, implementan programas dirigidos a los pequeños productores (considerados como pobres) con política social.» (Sánchez Albarrán, 2012: 8)

Estas lógicas no deben confundirse con el concepto marxista de modos de producción, que en todos los casos parecería ser el capitalista, al menos como el dominante cuando convive con otros modos de producción diferentes. (Vilar, 1988; Shanin, 2005)

En el caso sanluiseño, la lógica capitalista, extractiva, vinculada a los agro-negocios, se ejemplificará más adelante, en otro trabajo de investigación, con el análisis de Cresud, socia de Cactus Feeders que en 1998, cuando su principal accionista era aún George Soros, adquirió las estancias de La Gramilla y Santa Bárbara en el departamento de Chacabuco; y que junto al Grupo Benetton y Los Grobo Agropecuaria S.A. «se han convertido en la actualidad, ya sea directa o indirectamente, en controladoras del mayor número de hectáreas del país.» (Lattuada y Neiman, 2005: 65)

En el presente trabajo y ya al interior de la tercera lógica, la neo-institucional, en una primera instancia se puede constatar que el Estado nacional y, sobre todo, el provincial, realizan un doble juego aparentemente contradictorio en relación a los bosques, ya que por un lado dirigen planes de forestación y por el otro son los patrocinadores históricos del desmonte, así como los encargados de bloquear la participación de las entidades socio-ambientales en la reglamentación de la Ley de Bosques. O sea que una primera observación se los puede caracterizar como garantes simultáneos de la regeneración y de la destrucción del bosque, del desmonte y de la reforestación.

También considero importante reseñar, siempre en relación a la interpretación de este caso, a algunos otros autores propuestos por la asignatura (Teubal, 1998; McMichael, 1998; Bengoa, 2003; Llambí y Pérez, 2007; Kay, 2007); que analizan el pasaje del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) al modelo extractivo, con la correspondiente neo-institucionalización del Estado para adecuar su rol en el actual contexto de globalización corporativa.

En función de un análisis ya más pormenorizado de las lógicas económicas de los diferentes actores implicados en la situación, muchas veces incompatibles o enfrentadas entre sí, delimitaré a continuación el marco teórico del que centralmente me valdré para llevar a cabo este trabajo y mi tesis:

Para el análisis de la lógica del capital involucrado en el mercado de los agro-negocios (financiero, biotecnológico, exportador) y del Estado, me gustaría recurrir a las teorías propuestas por el marxismo ecológico, sobre todo por James O´Connor (1992), que centran su análisis en los factores de condicionamiento externo.

La aplicación de este enfoque bien podría plantear una primera hipótesis: que el avance de la frontera de los agro-negocios en la región extra-pampeana no estaría pagando los costes del deterioro de las condiciones de producción (bosques, nutrientes del suelo) sino que se estaría beneficiando de aquellas que son resultado del manejo tradicional campesino de rotar agricultura con ganadería y forestación. Para acceder a nuevos nutrientes, el capital agroexportador necesitaría por lo tanto ocupar cada vez más nuevos terrenos con manejo tradicional previo o monte nativo; o sea aprovechando para sus propios fines la vitalidad de los sistemas agroecológicos locales de larga duración.

Para analizar las lógicas de los otros grupos de actores (campesinos organizados o no, trabajadores agrícolas, organizaciones socio-ambientales, gobiernos municipales) me propongo “descender” teóricamente a las realidades locales y a las estructuras sociales de los pueblos, a sus historias y capacidades de imaginación, acción y negociación. Para ello, me basaré en los paradigmas orientados al actor (Long y Long, 1992), que centran el eje de sus estudios en los márgenes de maniobra de las poblaciones.

En la medida en que sitúan sus objetos de estudio en diferentes niveles de análisis de la realidad social, el neo-marxismo y los paradigmas orientados al actor son perfectamente compatibles entre sí, por lo que no dudaré a la hora de transitar entre los dos enfoques y de aprovechar las herramientas teóricas de ambos para dar cuenta de lo observado en los distintos niveles de la realidad abordada. (Paz, 2006: 308)

De hecho, comienzo mi análisis con la lógica neo-institucional en la gestión del bosque nativo, justamente, porque estas dos teorías interpretativas hallan un cauce de confluencia empírico, por ejemplo, en las reuniones por la reglamentación de la Ley de Bosques, donde en pequeños salones municipales o aulas escolares se articulan las estrategias de negociación y lucha de las organizaciones socio-ambientales con el rol estructural del Estado provincial en tanto garante del agro-negocio.

 

Relato ambiental de un neo-institucionalismo provinciano

Quien quiera conocer de qué modo el Estado sanluiseño busca posicionar a la Provincia como una de las referencias en la protección del bosque nativo, en una primera instancia de investigación se encontrará con un relato construido con la solidez de un muro de contención, donde la administración, una suerte de San Luis Verde, aparece como la más adelantada del país en materia ambiental.

La provincia de San Luis ocupa una región geográficamente privilegiada. Se encuentra entre la espada de la soja y la pared de la mega-minería. Más dramática, sin duda, parece ser la situación de Santiago del Estero, que se encuentra en el filo de la espada de la soja; o de Catamarca, arrinconada contra la pared de la minería a cielo abierto. Sin embargo, el aumento de la producción sojera en la Provincia comienza poco a poco a aparecer en las estadísticas nacionales.

En cuanto al avance hacia el oeste de la frontera transgénica, los censos arrojan que en 1988 la Provincia contaba con apenas 369 hectáreas de soja. Para el 2002, ya eran 45.078. En el 2008, la superficie había aumentado a 105.000, y en la campaña 2009-2010 se cosecharon 125.000 hectáreas de la oleaginosa; mientras los pastizales sanluiseños iban siendo también destruidos, los bosques desmontados y quemados; y el ganado ovino retrocediendo, cuando podía, hasta disminuir su número de cabezas en un 42% entre 1994 y el 2002. (Azcuy Ameghino y León, 2007; Privitello, 2010).

Entre 1998 y 2002 se deforestaron 21.837 hectáreas de bosque nativo en la Provincia, correspondiendo 7.802 de ellas al Parque Chaqueño y 14.035 al Espinal; en el mismo período se fragmentaron 4.654 hectáreas y se degradaron 27.487, lo que da un total, en sólo cuatro años, de 53.978 hectáreas de bosque nativo desaparecidas o afectadas, todo esto sin contar la región fitogeográfica del Monte, una estrecha franja de jarillal en el oeste de la provincia. (UMSEF: 2007: Tablas 3 a 8). «La tasa anual de deforestación de la provincia de San Luis (-0,82 r) es mayor que la del promedio mundial y que la correspondiente a otras provincias analizadas en la región del Parque Chaqueño, como Chaco y Formosa, o en la región Espinal, como La Pampa, debido a la reducida superficie existente de bosque en relación a las otras provincias.» (UMSEF, 2007: 24)

Si uno mira con más detalle en los mapas satelitales las zonas deforestadas durante este periodo (UMSEF, 2007: figuras 4 y 6), comprobará que corresponden a la Estancia La Gramilla y a la zona del Embalse Paso de las Carretas, ambas ocupadas por círculos agrícolas con riego de pivot central. Esto indica que las empresas semilleras son las principales responsables del desmonte en la Provincia. El tercer manchón importante corresponde a la zona alrededor de la capital, lo que indicaría procesos de urbanización; y hay además manchones menores en el mapa que indican deforestación en las otras dos zonas del avance transgénico: el Valle del Río Conlara y el sudeste provincial.

Para situar al Estado sanluiseño en esta tensión entre las actividades y los relatos que realiza en pos de una política forestal modelo y las estadísticas que demuestran la gradual destrucción del bosque; podemos enumerar, dentro del primer ítem y sin intención de ser exhaustivos en la descripción, los siguientes hechos y/o discursos:

• El ser «la única provincia adherida al protocolo de Kyoto, cuya Universidad tiene hoy la capacidad de certificar proyectos de acuerdo a esa norma internacional de cuidado del entorno natural.» (Diario La Arena, 2009)

• La elaboración y ejecución de «proyectos de forestación en márgenes de rutas provinciales y espacios públicos en las diferentes localidades de la Provincia. (…) La tasa de forestación de estos proyectos es de 3.000 hectáreas anuales, (…) en su mayoría especies nativas.» (Ministerio de Medio Ambiente, 2011)

• El dar «una férrea batalla para proteger el bosque nativo regional en la Asamblea Extraordinaria de Bosques Nativos del Consejo Federal» (Ministerio de Medio Ambiente, 2012), en un encuentro habido en el Hotel Regente Palace de Buenos Aires.

• La suscripción al Tratado de Paz entre Progreso y Medio Ambiente que en su capítulo sobre Cambio Climático se fija como meta «captar dióxido de carbono a través de la forestación pública y el fomento de la plantación privada» (Russo, 2012); tratado que no firma ninguna organización socio-ambiental local, pero sí la Fundación Al Gore, Green Building Council, Unión Industrial Argentina, Federación Agraria Argentina, Sociedad Rural Argentina y la Cámara de Minería, entre otros. (Senn, 2010)

• La construcción del vivero estatal Improfop, que «provee plantas para el Plan Maestro Forestal y colabora con distintos proyectos de Forestación.» (Privitello, 2010: 9)

• La convocatoria para reuniones, en cada municipio, «con el enriquecedor aporte de todos los representantes de los organismos convocados y particulares interesados, con la finalidad de intercambiar opiniones e inquietudes para la implementación del presupuesto mínimo del bosque nativo», en las cuales, sistemáticamente, se presenta un borrador «que contempla las aportaciones planteadas en reuniones interinstitucionales realizadas con anterioridad.» (Ministerio de Medio Ambiente, 2009).

 

Reglamentación de la Ley de Bosques en San Luis

La Ley Nacional de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, 26.631, «producto del consenso crítico de organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y otros sectores de la sociedad civil, articuladas con los políticos progresistas» (Troncoso, 2012: 30) fue presentada por el diputado Miguel Bonasso en 2006 con el objetivo explícito de detener los desmontes que son consecuencia directa del avance de la frontera agrícola. Según sus propias palabras:

«Había un fenómeno que podía sacudirme a mí, tanto como a cualquier ciudadano con un mínimo de sensibilidad: esas fotos aéreas donde se ve a las topadoras rasurando los bosques, como si fueran afeitadoras en la gigantesca mejilla de la Tierra; esas imágenes de guardias blancos armados con escopetas y fusiles para expulsar a comunidades campesinas de sus pequeñas parcelas; esas tomas de avionetas arrojando glifosato y cáncer desde el aire. Hablan más que las estadísticas que, de por sí, ya son terribles: a comienzos del siglo xx había en Argentina más de 100 millones de hectáreas de bosques nativos, hoy apenas nos quedan 30 millones.» (Bonasso, 2011: 258)

La Ley de Bosques se intentó bloquear desde el primer momento por parte de los gobernadores de las provincias del norte del país, así como por terratenientes, grandes empresarios y algunos legisladores oficialistas que presionaron para que sean las provincias las autoridades de aplicación. Dice su autor: «Nadie en el Ejecutivo me dio una mano, ni siquiera un dedo.» (Bonasso, 2011: 261).

Finalmente la norma se aprobó en noviembre del 2007, pero recién se reglamentó en febrero del año siguiente y sólo bajo la fuerte presión de más de setenta organizaciones que recolectaron un millón y medio de firmas. La ley establecía la sanción de normas provinciales por parte de cada legislatura para que sus gobiernos se hicieran acreedores de los fondos destinados a la protección, así como la obligación de una amplia participación ciudadana en el ordenamiento territorial. Sin embargo, en la provincia de San Luis, este proceso «comenzó con reuniones del sector gubernamental con un único sector de la sociedad, como es el de la Sociedad Rural.» (Fundación Yanantin, 2009)

Las organizaciones socio-ambientales reclamaron su participación y recién allí fueron invitadas, iniciándose entonces una serie de reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente a partir de febrero de 2010. Pocos meses después las organizaciones, que incluían a movimientos campesinos como la ACVC, comenzaron a emitir comunicados y a ofrecer discursos en las plazas de los pueblos que abrían una grieta en el relato oficial del San Luis Verde, a menos que esto hubiese querido significar la garantía del avance del “desierto verde” promovido por los agro-negocios, con cuyos beneficiarios directos diseñaron un mapa de ordenamiento que luego no admitió modificaciones.

Estos comunicados y discursos públicos tienen un gran interés sociológico, puesto que establecen una ruptura con una imagen de gestión ambiental construida en forma institucional durante treinta años y que hasta ahora se presentaba como obvia y natural para los habitantes locales, e incluso para los nacionales, ya que el gobernador de ese entonces, Alberto Rodríguez Saá, en tanto candidato a la Presidencia de la Nación, buscaba proyectar su gestión ambiental como ejemplo para todo el país.

A partir de aquí, quien consigue saltarse el muro levantado por los medios oficiales de comunicación provinciales y acceder a los comunicados o relatos alternativos —de los que sólo seleccionaré unos pocos párrafos—, comienza a preguntarse por la contradicción entre un Estado que se presenta como referencia en la protección del bosque nativo y el nuevo discurso emergente[1]:

• «Buscamos a los máximos referentes e investigadores a nivel provincial y nacional y gracias a su generosa colaboración, concretamos una presentación de propuesta de un mapa de OTBN, que reflejara lo que estimamos, sería lo necesario para intentar salvar el bosque nativo en la Provincia. Lamentablemente, no se introdujo ninguna modificación al mapa que ya se tenía preparado a partir de las propuestas que presentamos las ONGs. La Ley, como reclamamos oportunamente, le otorga demasiadas funciones y poderes al Ejecutivo, que fue quien finalmente “pintó” de verde (categoría susceptible de desmonte) los territorios de la Provincia donde se tienen intereses de expansión productiva.» (Fundación Yanantin, 2009)

• Las organizaciones rechazan «absolutamente el proceso de aplicación de la Ley de Bosques Nativos en la provincia de San Luis (…), Nº IX-0697/2009, con un ordenamiento de los bosques nativos que no se ajusta a la realidad de la situación del recurso en la Provincia. (…) Denunciamos que no se ha legislado a favor de las economías regionales y la mayor posibilidad de creación de empleos que radicaría en los micro-emprendimientos rurales y en las empresas familiares del tipo artesanal (…); que lo que debió ser una instancia de participación social abierta, efectiva y sin retaceos en la planificación de las acciones de conservación de los bosques nativos, fue en realidad un proceso signado por el ocultamiento de la información, apresuramiento en la aprobación de acciones para no discutir en profundidad, documentos enviados a último momento, maniobras de descalificación y avasallamiento para restarle eficiencia a la participación ciudadana.» (Senn, 2010)

• «Todas las voces coincidieron en denunciar la inconsistencia de la Ley Provincial en la medida que destruye descaradamente el recurso básico de las economías regionales del norte provincial a cambio de beneficiar a unos pocos: a los amigos del poder, a los consabidos "pooles de siembra" y a las multinacionales de la soja y sus derivados. (…). Los inmensos desiertos del monocultivo con sus pivotes de riego insaciables, amenazan con arrasar con todo lo que nos da vida. Y no se trata solamente de la lucha por un medio de subsistencia, se trata de rescatar los últimos jirones de bosque, indispensables para garantizar la estabilidad de la atmósfera del planeta y su biodiversidad. De los casi seis millones de hectáreas que había en San Luis en 1940 hoy no quedan ni 500.000 hectáreas.» (Strelin, 2010)

• «Numerosas ONGs, campesinos organizados, agentes de turismo, docentes, jóvenes de distintos puntos de la provincia, venimos construyendo un espacio de participación y trabajo por la Ley de OTBN (Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos) provincial. En estos días, entre otras estrategias, se prepara la presentación de una demanda judicial al gobierno de la Provincia por las irregularidades e incumplimientos de los principios dispuestos en la Ley Nacional». (Sustersic, 2010)

Como dicen Norman y Ann Long, dándole un marco de significado teórico a la recién reseñada acción judicial realizada por las organizaciones sociales: «La batalla no finaliza hasta que todos los actores ejercitan algún tipo de poder, aún aquellos en situaciones muy subordinadas.» (Long y Long, 1992: 11).

 

Genealogía del neo-institucionalismo local

Luego de este acercamiento empírico a una realidad local, deudor de los paradigmas orientados al actor, circularé a partir de ahora por un nivel más estructural; esbozando, dentro del marco teórico del marxismo ecológico, un breve boceto para intentar comprender la lógica neo-institucional, así como su genealogía en la región y el modo en que articula a los estados locales con el modelo extractivo capitalista que, en el caso de San Luis, se inicia con la destrucción masiva de los bosques por parte de las compañías ferroviarias de fines del siglo xix.

En 1901, Manuel Ugarte ya criticaba las mismas cosas que continúan sucediendo ahora: un país en una América Latina fragmentada, conectando el interior a los puertos para exportar monocultivos y beneficiando a una oligarquía (Galasso, 2010: 19). No obstante, en el siglo que hubo en el medio, sucedieron cambios muy importantes en la relación del capital con los Estados, incluido el de la región que nos ocupa.

Desde 1914 se da un fuerte avance sobre los bosques puntanos, puesto que «Buenos Aires y Europa necesitaban carbón de leña y esa zona era naturalmente rica en miles y miles de hectáreas de caldenes, tintitacos, algarrobos, quebrachos y otras maderas duras. (…) La devastación ambiental de este tan poco habitual ecosistema tendría rasgos épicos, no sólo en lo ecológico, sino también en lo social.» (Bogino, 2004: 9).

Para reproducir la fuerza de trabajo a un ritmo mayor al de su propia reproducción social, los dueños del capital traían braceros del norte, sobre todo de La Rioja, y se apropiaban de una fuerza de trabajo que era igualmente agotada lo antes posible. «De acuerdo a la crónica de la época, la vida en los obrajes (sitios en los montes donde estaban los hacheros) en algunos casos supera la capacidad de raciocinio humano. Trabajaban hasta la extenuación (…). Las condiciones sanitarias que prevalecían hacían que pocos de ellos superaran los cuarenta años de vida» (Bogino, 2004: 9).

Puesto que en el periodo de entreguerras la falta de regulación ya hace aparecer los límites y los riesgos de los mercados mundiales, aún antes de la llegada del peronismo al poder, emerge en el país una nueva lógica basada en un Estado interventor, que genera toda una batería institucional en lo que se refiere a juntas reguladoras y organismos de control; desarrollando gradualmente un modelo de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y de protección del mercado interno, que se irá imponiendo en las siguientes décadas en casi toda la región. (Teubal, 1998; Lattuada y Nogueira, 2007; Llambí y Pérez, 2007).

Este modelo de acumulación de capital y fuerte intervención estatal no resolvía los problema de marginación y pobreza de los sectores subalternos rurales (Teubal, 1998); pero sin embargo sí permitía la convivencia entre diferentes sectores. Recuerdan Giarracca y Teubal que «Argentina era un país de chacareros, de cooperativas, de industrias nacionales, de cadenas agroindustriales, tanto en los frigoríficos como en las harinas. (…). Había una doble lógica, orientada a exportar pero también a producir alimentos para el consumo popular masivo.» (Giarracca y Teubal, 2011:120)

Dentro de este esquema, ejemplifico con el relato de Lalo Loyola, un campesino del Valle del Conlara, que narra el modo en el que poco a poco este modelo mixto comienza a derrumbarse, lo que es percibido en un primer momento por causa de la incorporación de nuevas tecnologías: «Durante cinco años fuimos a hacer la cosecha allá (a Córdoba), llegando el año 1968 y nosotros esperando carta del patrón. Llegó, pero con la noticia de que este año iba a hacer cosechar el maíz con máquinas. Había aparecido la nueva tecnología y así fue que desde esos años empezaron a haber muchos menos trabajos.» (Loyola y Álvarez, 2010:10)

En su caso, una vez perdida la posibilidad de seguir haciendo la cosecha del maíz en Córdoba, continuaba haciéndola en San Luis (donde podía durar hasta cuatro meses) y luego iba alternado su propia producción campesina con la cosecha de uva y durazno en Mendoza, del maní y las “desyuyadas” en Villa María, y de la papa en Villa Dolores. Pocos años después, la mecanización llegará también al Conlara.

Por esas fechas se estaba instalando en el país un paquete que incluía a la dictadura cívico-militar, a la primacía de las finanzas, a un Estado con lógica neo-institucional, a la apertura de los mercados y a la dominación del modelo extractivo, que hasta entonces había estado en disputa, al interior del Estado, con el modelo de acumulación ISI. La descripción que hace Loyola de este momento de cambio de época en San Luis es más que sugestivo: «Dicen que cuando cambió de dueño este campo y se desmontó, cuando ya estaba limpio y andaban los tractoristas trabajando de noche en los potreros, siempre la veían (a la luz mala). Era tan fuerte la luz que hacían sombra los tractores.» (Loyola y Álvarez, 2010:11)

Pocos meses después de la muerte de Juan Perón, comienza a afianzarse un modelo rural en el país que continúa hasta nuestros días; y cuyo primer hito es el pedido de renuncia al Ministro de Economía, José Ber Gelbard, y a su Secretario de Agricultura, Horacio Giberti, quien dijo que durante su gestión «seguíamos una política deliberada de precios para favorecer a las regiones extra-pampeanas, que considerábamos que estaban relegadas; eran las regiones marginales, y diría más que marginales. (…) Se había iniciado un proceso de redistribución del ingreso.» (Ramírez, 2011: 407)

Toda la ingeniería institucional que garantizaba precios mínimos, la posibilidad de que los pequeños productores vivieran en el campo y una gestión integral del bosque, se va desarticulando. El Consejo Agrario Nacional (CAN) es eliminado en 1980, la Junta Nacional de Granos (JNG) y el Instituto Forestal Nacional (IFONA) en 1991. Desde entonces, la política agrícola es controlada por las empresas transnacionales que deberían ser las controladas (Teubal, 1998) y en el Estado se afianza el neo-institucionalismo, «que parte de la premisa de que el crecimiento y el desarrollo económico y social (…) dependan (…) de la reelaboración de las instituciones y su papel en la creación de mercados competitivos.» (Sánchez Albarrán, 2012: 8)

José Bengoa cuenta que el campesinado fue arrasado a partir de los setenta «con todo lo que fue sucumbiendo en América Latina: el Estado nacional popular que les había dado un colchón de soporte, un canal de participación, un rol en la sociedad (…). Hoy se habla de los pobres que viven en el campo. (…) Antes eran campesinos: también eran pobres pero se los trataba con respeto, como campesinos. (…) Transformados en pobres (…) se refugian en la subsistencia y, en los casos que se puede, viven de los subsidios del Estado.» (Bengoa, 2003: 74-78)

Cuando el Estado cae en manos ilegales en 1976, empieza a quedar cada vez más controlado por el capital financiero, que es quien dirige el golpe cívico-militar. A partir de entonces se instala una estrategia de endeudamiento externo, también ilegal pero que no es puesta en cuestión, mediante la cual todas las administraciones posteriores del Estado se encuentran, ya antes de asumir sus gestiones, con balanzas de pagos negativas a causa de la deuda (Kay, 2007), así como con redes clientelares de subsidios que deben sostener, por lo que se ven obligadas a generar grandes divisas y para lograrlo, a seducir cada vez más capitales para que se instalen y profundicen el modelo extractivo.

 

Modelo extractivo: enfermedad senil del capitalismo.

Puesto que el capitalismo es una relación social de producción fundada en la explotación de la naturaleza y del trabajo del hombre por el capital, este último se encuentra, en su proceso de expansión histórica y espacial, con una carencia en relación a las dos condiciones de producción fundamentales de las que se apropia y a las que explota: su incapacidad para regenerarse a sí mismo.

La naturaleza, sobre todo en lo que hace a los bienes renovables —que son los imprescindibles para la reproducción de la vida—, se regenera a sí misma durante millones de años. Y lo mismo puede decirse en cuanto a la auto-regeneración de la especie humana y de su fuerza de trabajo; al menos hasta que la formación capitalista entra en un estadio que podríamos llamar senil, donde su lógica autodestructiva acelera el ritmo de aniquilamiento sobre sus propias bases de sustentación, anunciando con ello también la eliminación de sí mismo. Por decirlo de un modo acorde al tema de este trabajo: el capital serrucha las ramas de los bosques nativos sobre los que está sentado.

Sostiene Peter Sloterdijk: «No habría modernidad si ésta, como usuaria y consumidora de recursos premodernos, no pudiera apoyarse en algo que ella, dada su naturaleza autodestructiva, sólo es capaz de explotar pero no de regenerar.» (Sloterdijk, 2001)

No obstante, el propio instinto de supervivencia del capital lo lleva a retrasar su autodestrucción buscando una tabla de salvación, alguna entidad capaz de reponer aquello que él es incapaz de producir pero de lo que se apropia y destruye. Esa tabla de salvación, como ya vimos, es el Estado, que tampoco es que sea producido por el capital (puesto que como formación histórica lo antecede en varios siglos), sino que el capital busca tomar su control y neo-institucionalizarlo, alterando su función original para así poder continuar des-estructurando las condiciones de producción mientras que el Estado se ocupa de garantizar su reestructuración para el siguiente ciclo de apropiación.

Dice James O´Connor: «Aunque la capitalización de la naturaleza implica la penetración cada vez mayor del capital en las condiciones de producción (por ejemplo, árboles cultivados en plantaciones), el Estado se coloca entre el capital y la naturaleza, con el resultado inmediato de que las condiciones de producción se politizan. Es decir, que el capital disponga de materias primas, mano de obra, infraestructuras y espacios en las cantidades y calidades que necesite en el momento preciso, va a depender del poder político del capital, y del poder de los movimientos sociales contrarios al uso capitalista de las condiciones de producción —por ejemplo, las luchas para que la tierra sea un medio de consumo y no se convierta en un medio de producción—.» (O’Connor, 1992: 121)

Así, a medida que el Estado se neo-institucionaliza para asumir su nuevo rol, su capacidad para intervenir en su propia economía queda cada vez más sometida a los dictados de las trasnacionales, que imponen en el Cono Sur, zona con una potente base campesina, un tipo de producción exportadora que percibe a los campesinos y a su relación con el bosque como estorbos para sus intereses. McMichael afirma que «la reestructuración de la agricultura en el Sur ha significado la discriminación contra los parceleros y las comunidades campesinas, así como la transferencia de los subsidios del Estado de la producción de alimentos básicos para el consumo nacional a los cultivos de lujo para la exportación» (McMichael, 1998: 195).

Como los Estados son espacios de colonización permanente por el capital (a través de la acción de los lobbies), pero como también, al mismo tiempo, deben aún legitimarse aunque más no sea electoralmente ante la sociedad civil; a través de las gestiones diferenciadas de los bienes naturales por parte de las organizaciones campesinas y de la producción alternativa de sentidos de las agrupaciones socio-ambientales, estos espacios se transforman, de neo-institucionales puros —donde el capital impone su lógica sin restricciones— en sitios de disputa entre lógicas de acción social-natural alternativas.

En la reglamentación de la Ley de Bosques de San Luis, por ejemplo, se pone en evidencia que las condiciones de producción entran en la arena política cuando, por un lado, el capital presiona sobre el Estado para seguir desmontando y quemando los bosques, disponiendo así de nuevos suelos con sus nutrientes para poner en producción transgénica; por el otro lado, cuando la sociedad civil se organiza y comienza también a presionar sobre el Estado, en este caso para preservar el bosque ante el avance de la frontera agrícola, así como para tener derecho a poder convivir con él. Así, parece comenzar a esbozarse políticamente una alternativa al modelo extractivo.

 

Bibliografía

Azcuy Ameghino, Eduardo y León, Carlos Alberto (2007). La “sojización”: contradicciones, intereses y debates. En: Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios Nº 23. Buenos Aires.

Bengoa, José (2003). 25 años de estudios rurales. En Sociologías. Año 5, Nº 10. Porto Alegre, julio / diciembre de 2003.

Bogino, Stella Marys (2004). La tragedia forestal de la provincia de San Luis (Argentina). Kairós, Revista de temas sociales. Universidad Nacional de San Luis. Argentina. Año 8, Nº 13. Mayo 2004.

Bonasso, Miguel (2011). El mal. El modelo K y la Barrick Gold. Amos y servidores en el saqueo de la Argentina. Planeta. Espejo de la Argentina. Buenos Aires, 2011.

Diario la Arena (2009). San Luis, de la era agraria a la era digital. En: La Arena. Noticias. 6 de febrero de 2009. Santa Rosa, La Pampa http://www.laarena.com.ar/la_provincia-san_luis,_de_la_era_agraria_a_la_era_digital-31041-114.html

Fundación Yanantin (2009). Actividades en Defensa del Bosque Nativo Provincial.
El proceso de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo en la Provincia de San Luis. En: Defensa del bosque nativo. www.yanantin.org.ar/bosquenativo.asp

Galasso, Norberto (2010). Los hombres que reescribieron la historia. Cooperativa Punto de Encuentro, Buenos Aires.

Giarracca, Norma y Teubal, Miguel (2011). Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo. www.alasru.org/wp-content/uploads/2011/.../Giarraca-y-Teubal.pdf

Kay, Cristóbal (2007). Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina. En: Íconos, Revista de Ciencias Sociales, Nº 29, septiembre de 2007. FLACSO – Sede Académica de Ecuador, Quito.

Lattuada, Mario y Neiman, Guillermo (2005). Los megaproductores. En: El campo argentino. Crecimiento con exclusión. Capital Intelectual, Buenos Aires.

Lattuada, Mario y Nogueira, María Elena (2007). Acción colectiva y corporaciones agrarias en la Argentina. Transformaciones institucionales a fines del siglo XX. En: Temas y debates/14. Reseñas. Diciembre del 2007.

Long, Ann y Long, Norman (1992): Campos de batalla del conocimiento. La interrelación de teoría y práctica en investigación social y desarrollo. Routledge, Londres (traducción, ficha de Sociología Rural. Cátedra Norma Giarraca).

Loyola, Luis Carlos y Álvarez, José Evaristo (2010): Por los campos de mi pago… Vivencias compartidas. Gráfica 29 de Mayo, Córdoba.

Llambí Insúa, Luis y Pérez Correa, Edelmira. (2007). Nuevas ruralidades y viejos campesinismos. Agenda para una nueva sociología rural latinoamericana. En: Cuadernos de Desarrollo Rural Nº 59, julio / diciembre de 1959. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.

McMichael, Philip (1998). Globalización monetaria y estatal: reestructuración agro-alimentaria al fin del siglo. En: Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina. Memoria de Sesiones Plenarias. V Congreso Latinoamericano de Sociología Rural de ALASRU. 13 a 15 de octubre de 1998, Colegio de Postgraduados y Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco.

Ministerio de Medio Ambiente (2009). Acta Reunión Participativa para tratar el Ordenamiento Territorial, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N° 26331 de Presupuestos Mínimos de Protección del Bosque Nativo. Área de Recursos Naturales. En: www.medioambiente.sanluis.gov.ar/.../acta_20CONCARAN_20.pdf

Ministerio de Medio Ambiente (2011) 2011. Año Internacional de los Bosques. 24 de abril.www.medioambiente.sanluis.gov.ar/MAmbienteASP/Paginas/InfoPrensaDetalle.asp?TemaId=1&InfoPrensaId=253

Ministerio de Medio Ambiente (2012) San Luis dio una dura pelea para la protección del bosque nativo. 26 de marzo. www.medioambiente.sanluis.gov.ar/MAmbienteASP/

Paginas/InfoPrensaDetalle.asp?TemaId=1&InfoPrensaId=465

O’Connor, James (1990). Las condiciones de producción. Por un marxismo ecológico. Una introducción teórica. En Ecología Política 1. Cuadernos de debate internacional, Icaria, Barcelona.

Ostrom, Elinor (2011): El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva. Fondo de Cultura Económica, México, D.F.

Paz, Federico (2006): Forestaciones en territorio mapuche: una contribución a la crítica del discurso del desarrollo. En RELEA. Revista Latinoamericana de Estudios Avanzados. Cultura y transformaciones sociales Nº 24. Julio / diciembre 2006. Ediciones Cipost. Universidad Central de Venezuela, Caracas.

Privitello, Liliana (2010) Compilación de estudios que hacen a aspectos agroecológicos, productivos y socio-económicos de la provincia de San Luis. En: http://www.fices.unsl.edu.ar/cga/SAN_LUIS_EN_CIFRAS.pdf

Ramírez, Diego (2011) Horacio Giberti: Memorias de un imprescindible. Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini; Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires.

Russo, Carolina (2012) Invernaderos verdes. En Arqa.com. Noticias. 16 de febrero 2012. http://www.arqa.com/noticias/invernaderos-verdes.html

Sánchez Albarrán, Armando. (2012). Sociología Rural: nueva agenda de investigación, viejos problemas sin solución. En: López Barbosa, Lorenzo Alejandro; Aboites Manrique, Gilberto y Martínez Gómez, Francisco. Globalización y agricultura: nuevas perspectivas en sociología rural. UAAAN - UAdeC, Coahuila. 3 y 4 de mayo de 2012.

Senn, Gustavo. (2010) Alberto Rodríguez Saá no quiere escuchar. Basta de desmontes, contaminación y desalojos. 26 septiembre 2010. En: Blog de Silvina Orfali. http://silvinaorfali.wordpress.com/2010/09/26/alberto-rodriguez-saa-no-quiere-escuchar-basta-de-desmontes-contaminacion-y-desalojos/

Shanin, Theodor (2005). A definição de camponês: conceituações e des conceituações – o velho e o novo em uma discussão marxista. En: Revista Nera, año 8, Nº 7, julio-diciembre de 2005. Presidente Prudente.

Sloterdijk, Peter (2001). Eurotaoísmo. Aportaciones a la crítica de la cinética política. Seix Barral, Barcelona.

Strelin, Alejandro (2010). Ley de Bosques Nativos en San Luis. Que el arbolito de la banquina no nos tape el bosque. En: Crónica de San Luis. Noticias provinciales. 5 de octubre de 2010, San Luis.

Sustersic, Cecilia (2010). Comunidades reclaman efectiva participación en la aplicación de Ley de Bosques Nativos. En: Alerta Tierra. Periodismo ambiental. 29 de agosto de 2010. www.alertatierra.org.ar/?p=513

Teubal, Miguel. (1998). Globalización y sus efectos sobre las sociedades rurales de América Latina”. En Globalización, crisis y desarrollo rural en América Latina. Memoria de Sesiones Plenarias. V Congreso Latinoamericano de Sociología Rural de ALASRU. 13 a 15 de octubre de 1998, Colegio de Postgraduados y Universidad Autónoma de Chapingo, Texcoco.

Troncoso Muñoz, Ana Katia (2012). La emergencia del movimiento campesino en Argentina: de su invisibilización a la lucha política emancipadora. En: Alba Sud. Opiniones en desarrollo. Programa Soberanía Alimentaria. Artículo Nº 2. Marzo de 2012. http://www.albasud.org/publ/docs/52.pdf

UMSEF. (2007). Unidad del Manejo del Sistema de Evaluación Forestal. Dirección de Bosques, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de Salud y Ambiente. Mapa forestal provincia de San Luis. Actualización Año 2002. Buenos Aires, Argentina. Octubre de 2007. http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/UMSEF/File/

2002_sanluis.pdf

Vilar, Pierre (1988) ¿Economía campesina? En: Iniciación al vocabulario del análisis histórico. Crítica, México D.F.

[1] La mayoría de los comunicados son firmados por FUNDACIÓN YANANTIN, F.O.A.P.R.A., A.P.A.T.A , SAMAY HUASI, PANGEA, EQUILIBRIO VITAL, MOVIMIENTO CAMPESINOS DEL VALLE, ASOPROVIDA, APEYUS, PIRCAS, VECINOS AUTOCONVOCADOS DE MERLO, A.D.U., MERLIMPIO, JUVENNAT y PEUMAYÉN.

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