7- Encadenamiento productivo campesino en un territorio donde avanza la frontera transgénica

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encadenamiento productivo4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Doctorado en Estudios Sociales Agrarios

Formas societales agrarias y alternativas colectivas al desarrollo

Raúl Prada Alcoreza

 

Federico Paz

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CAMPESINO

EN UN TERRITORIO DONDE AVANZA LA FRONTERA TRANSGÉNICA

ABRIL de 2014

 

 

Introducción

El título de mi tesis de doctorado, Extractivismo agrario, Estado y re-existencias campesinas. Socialidades alternativas al capitalismo en el norte de San Luis, Argentina; posee una gran sintonía con el nombre de este seminario, Formas societales agrarias y alternativas colectivas al desarrollo; por lo que aprovecharé el espacio que el seminario brinda para comenzar a desarrollar la cuestión central que me propuse investigar, puesto que hasta ahora me centré más bien en el lugar histórico del Estado en sus diferentes modalidades (industrialización por sustitución de importaciones, neoliberalismo, neo-institucionalismo) y su papel en los conflictos entre las poderosas corporaciones rurales y los movimientos campesinos en torno a los modelos agropecuarios en disputa.

En mi tesis abordo puntualmente la cuestión de la expansión de la frontera del agro-negocio en el Territorio del Valle del Río Conlara, en el noreste de la provincia argentina de San Luis, y analizo tanto el modo en el que los actores locales perciben las consecuencias de este modelo como su creación de “socialidades alternativas” (Ceceña, 2006; Bartra, 2008) en el manejo de los bienes comunes. En este trabajo de seminario me limitaré entonces a hacer una somera descripción y un breve análisis teórico basándome en John Holloway (2011) sobre la creación de alternativas al modelo del “extractivismo agrario” por parte de una pequeña organización del Territorio en el que habito, la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara (ACVC).

En nuestro Valle se instaló en el año 2001 la empresa Monsanto para producir semillas de maíz modificado genéticamente. Desde entonces, el modelo agrícola hegemónico en la región es el extractivista, en sintonía con el proceso de pampeanización de casi todas las regiones tradicionalmente extrapampeanas de Argentina. Raúl Prada Alcoreza entiende al “extractivismo” como a una «modalidad integral, no sólo forma técnica, de despojamiento y desposesión de los recursos naturales» (Prada Alcoreza, 2012: 5); y propone «entender cómo el modelo extractivista convierte las articulaciones con el sistema-mundo capitalista en cadenas que atan y condenan a la división internacional del mercado, convirtiéndose en una estructura de dominación del orden mundial sobre las regiones de la periferia» (Prada Alcoreza, 2011).

El periodista Leonardo Rossi ilustra de este modo el fulminante reemplazo de un modelo productivo por otro: «Noche en el paraje Santa Martina. Uno de los tantos encuentros de la Asociación Campesinos del Valle del Conlara (…). Se largan los temas a tratar. Las fumigaciones sin control ganan un lugar destacado. Como puntos conexos: el desmonte, la extracción desmedida de agua para sostener la siembra industrial, el exterminio de la vida rural. (…) Si la juntada campesina tuviese lugar veinte años atrás las charlas sonarían un tanto extrañas. Raro hablar de fumigaciones, aviones y máquinas rociando veneno al lado de las casas. La zona, históricamente criancera, donde predominaba el vacuno, las ovejas y chivos, y donde las producción de maíz servía para alimentar a los animales ha trasmutado. Lo agrícola que era subsidiario de lo pecuario pasó a dominar la región con la soja transgénica a la cabeza. (…) Cualquier pequeño productor que alquilaba un pedacito de campo para llevar sus vacas a pastar perdió la pulseada con los que arriendan para sembrar soja» (Rossi, 2013).

El Territorio del Conlara, de hecho, puede ser presentado en la actualidad como una de las muchas fronteras entre dos modelos de agricultura que necesariamente se autoexcluyen entre sí[1]. Por un lado, los empresarios independientes capitalizados y las empresas multinacionales desarrollan en la región cultivos exclusivamente de soja y maíz transgénicos para exportación; que extraen los nutrientes del suelo sin reponerlos y que son rociados varias veces al año con herbicidas y otros biocidas en forma terrestre y aérea. Por el otro lado, la modalidad alternativa en la región, aunque muy minoritaria, es la agroecológica que buscan implementar los miembros de la ACVC que, en general conviven con el bosque nativo sin destruirlo, practican una agricultura sin fertilizantes ni pesticidas industriales, realizan compra de maquinarias y una comercialización comunitaria de sus productos, así como parcelas demostrativas de hortalizas con el muy eficiente sistema de riego por goteo pulsante que extrae agua en un grado menor a la reposición de los acuíferos y que están previendo extender su uso a forrajeras como alfalfa y verdeos para garantizar mayor seguridad en el acceso a las materias primas.

Muchos pobladores de las zonas rurales del Territorio perciben que en los campos que van siendo apropiados por el avance de la frontera del agronegocio son arrasados los montes nativos y que las fumigaciones con agroquímicos ocasionan problemas dermatológicos y respiratorios entre ellos mismos, muertes y abortos entre sus animales de granja y el desecamiento de sus árboles frutales (Viglizzo, 2010; REDUAS, 2011). Y aunque los miembros de esta organización consideran abiertamente que las prácticas desarrolladas por los agentes de este modelo son apropiadoras de nutrientes del suelo, del agua y de la luz eléctrica, insumo-dependientes, concentradoras de la economía, destructoras del bosque y causantes de contaminación con agroquímicos, enfermedades, pérdida de espacios para producir alimentos, desempleo, erosión cultural, migraciones y desarraigo; en este trabajo puntual dejaré en un segundo plano el análisis del negocio transgénico y me concentraré en la creación de alternativas agroecológicas.

A diferencia de los campesinos que no participan en ninguna organización, como ocurre en el sur de la provincia de San Luis; las prácticas de las asociaciones campesinas del norte provincial, independientemente de su capacidad política para reemplazar al extractivismo agrario, ya estarían dando solución a algunos aspectos esenciales para la vida de sus integrantes. Ejemplo de ello serían la creación de empleos locales y cadenas de valor agregado, la protección de algunos de los bienes comunes como bosques o acuíferos, la creación de redes de comercialización en ferias y el apoyo entre vecinos para frenar los desalojos, como ya ocurrió en la comunidad de Bajo de Véliz.

Dicen respecto al último punto Nicolás Trivi y un miembro de la ACVC consultado por él: «La Asociación no se ve en la necesidad de resistir ante un conflicto directo, pero está al tanto de que en otros puntos del país el nivel de conflictividad social es muy alto. (…) No obstante, algunos problemas puntuales indican que no es una locura pensar que el cuadro que presenta hoy el Valle se pueda complejizar. El paraje conocido como Bajo de Véliz, una zona de gran riqueza natural y paisajística, está bajo la mira del gobierno provincial, que quiere expropiar las tierras a sus habitantes para fundar un parque provincial: “En el Bajo de Veliz se levantaron siete personas y quedó todo en la nada. Pero están entrando de otra forma; están viniendo y dando clases para hacer artesanías. Se dieron cuenta de que no hay campo sin gente y un montón de versitos. Deben saber que el Bajo es uno de los parajes que participa de la Asociación”» (Trivi, 2011: 9-10).

Entonces, aunque la ACVC formó parte de la lucha contra la instalación de la mega-minería en La Carolina —principal reserva hídrica provincial en el corazón de la Sierra de San Luis— y por la reglamentación de la Ley de Bosques (Paz, 2012); y aunque también participó del nacimiento de la agrupación “Vecinos Autoconvocados del Valle” con la consigna “No a Monsanto en el Valle del Conlara”; después de algunos debates internos decidió poner el foco en las comunidades, campesinas o no, afectadas por el modelo a través de las fumigaciones; así como en lo que ya venían realizando: la construcción horizontal de alternativas en el campo a su propio ritmo.

Dice en una entrevista Fernando Frank, uno de los referentes de la Asociación: «Esto de fortalecer lo político más que lo productivo económico fue y es, a veces, una opción, pero desde hace un año explícitamente nos pusimos como objetivo hacernos fuertes en la organización económica-productiva, poder autogenerarnos laburo sin patrón, independiente de los Estados. O sea practicar el discurso, desarrollarnos en esto. No es fácil, tenemos mucho para avanzar en esto» (Frank, comunicación personal, 2013).

En principio, se puede decir que la decisión recién mencionada que tomó la ACVC hace un año coincide con lo planteado por John Holloway, autor sobre el que volveremos a lo largo del trabajo: «La dignidad es un ataque al capitalismo, pero no necesariamente es una confrontación. Confrontar al capital es permitirle que fije la orden del día. En cambio, la dignidad consiste en presentar nuestra propia iniciativa. Esto es lo que haremos, de forma independiente del capital» (Holloway, 2011: 80).

Con respecto al primer punto mencionado, el de poner un foco en las fumigaciones, basta decir a los fines de este trabajo que la Asociación logró frenar judicialmente una serie de pulverizaciones que se estaban realizando en el Territorio y que los afectaba directamente. Tras cinco fumigaciones seguidas a fines del 2013 presentaron un recurso de amparo ambiental que fue rechazado por la jueza de Concarán; pero la ACVC apeló y consiguió detener todas las pulverizaciones —no sólo las realizadas con glifosato— que afectaban a los pobladores de los parajes de Ojo del Río y Santa Martina, dos de los que forman parte de la Asociación nacida en el 2002 y formalizada en el 2005.

El periodista Darío Aranda resume esta cuestión judicial del siguiente modo: «Campesinos de San Luis lograron algo inédito para la provincia: frenar las fumigaciones con agroquímicos. “Dispongo ordenar el cese de toda actividad de pulverización con sustancias químicas de uso agropecuario”, insta el fallo de la Justicia puntana sobre un campo de maíz y soja en el nordeste de la provincia. La medida fue solicitada por la ACVC, que desde hace años sufre las fumigaciones. El fallo prohíbe el uso de todo tipo de agroquímicos y aplica el “principio precautorio” vigente en la Ley General del Ambiente (cuando haya riesgo para la salud y/o el ambiente, es necesario tomar medidas preventivas)» (Aranda, 2013).

En relación al segundo punto, el de la creación de alternativas económico-productivas por parte de los campesinos, dedicaré el resto del espacio a presentarlas y a pensarlas teóricamente, partiendo de la base de que «no es que no hay opción sino que las opciones deben ser alternativas, tienen que salir de la lógica extractivista, tienen que desconectarse de los condicionamientos del mercado internacional, del condicionamiento del sistema financiero, buscando en la pluralidad de intercambios posibles transiciones transformadoras y emancipadoras. La construcción de otro mundo es posible en tanto se den alianzas, complementariedades e intercambios alternativos. Conformar otras lógicas de producción, abrir el horizonte de la valorización de la vida, saliendo de la valorización del capital» (Prada Alcoreza, 2013).

 

La construcción de alternativas al extractivismo

Desde sus inicios, la ACVC buscó generar alternativas de empleo que fueran viables en el mediano y el largo plazo, sentando de este modo la primera diferencia con el modelo hegemónico, que busca obtener la mayor cantidad de ganancias en el cortísimo plazo sin considerar las llamadas “externalidades”, que en este caso consisten en agotar los nutrientes del suelo (sobre todo fósforo, potasio y nitrógeno), extraer un caudal de agua superior al de reposición de los acuíferos, contaminar con agroquímicos las napas subterráneas, destruir la compleja biodiversidad tejida a lo largo de los milenos por los montes nativos y, lo más grave de todo, expulsar del mundo rural a los campesinos, que son quienes mejor conocen cómo producir reproduciendo los ciclos naturales.

Los mismos miembros de la Asociación plantean en la redacción de un proyecto para la implementación de obras hídricas: «Creemos firmemente que el desarrollo de la economía campesina redunda en claros beneficios para la sociedad local: ocupación de mano de obra en actividades productivas económicas y ambientalmente sustentables, producción de una gran diversidad de alimentos de alta calidad a precios poco fluctuantes, conservación del campo natural con uso racional del acuífero, ocupación territorial, etcétera» (ACVC, 2013c: 2).

Esta pequeña pero potente organización del nordeste sanluiseño está llevando adelante muchos proyectos alternativos que, por falta de espacio, no podré desarrollar aquí pero que serán la base empírica de mi tesis de doctorado. Estos proyectos, cada uno de ellos en diferentes etapas de implementación, incluyen, entre otros, la creación de una escuela de agroecología (formada a partir de una serie de espacios de reflexión y valoración colectiva en los que surgieron muchas de las cosas que hoy se están haciendo), una carpintería en Santa Martina (que, al sumarle valor agregado a la madera que se solía vender como leña o postes, le quita presión al monte nativo), obras de agua de riego gravitacional en Bajo de Véliz y Los Chañares, y un proyecto integral para cerrar inicialmente 60 módulos de una hectárea cada uno para controlar la erosión hídrica, incorporar materia orgánica, mejorar el manejo de los pastizales naturales como reserva para el invierno, restaurar el bosque nativo, apreciarlo y producir alimentos derivados del monte con valor agregado como harina de algarroba y arropes de algarroba y chañar.

En consonancia con la necesidad de otro espacio vital planteada por John Berger cuando dice que «el primer paso hacia la construcción de un mundo alternativo debe ser un rechazo de la imagen del mundo implantada en nuestra mente y de todas las falsas promesas que se utilizan para justificar e idealizar la necesidad criminal e insaciable de vender» (Berger, 2000); dicen Trivi y uno de sus entrevistados de la Asociación: «Desde ya que el enfoque de este tipo de propuestas dista mucho de ser productivista, como si el nivel de producción fuera un fin en sí mismo. La ACVC tiene claro que no se puede caer en “una visión simplista en muchas políticas de desarrollo que es decir que, no sé, si los productores aumentan en grado de producción, aumenta el grado de felicidad, o algo así”. Por el contrario, la cuestión productiva apunta al fortalecimiento de otro tipo de cuestiones» (Trivi, 2011: 7).

Las transiciones al post-extractivismo no se resuelven en forma general sino como concatenaciones de dinámicas moleculares. Por ende, este trabajo se basa en el estudio de caso de uno de los tantos puntos de partida en la construcción de alternativas basado en lo único esencial de todo el proceso: el diálogo, el consenso, la puesta de acuerdo, la igualdad entre todos los que proyectan y comparten una actividad, sea o no del orden productivo. En sintonía con esto, Marina Sánchez Ruhemann plantea que «las familias campesinas que forman parte de la Asociación trabajan para mejorar sus condiciones de vida, producir de manera colectiva y resolver a través de la organización conflictos que amenazan la vida campesina. Se trabaja de manera horizontal y democrática, intentando encontrar en las prácticas comunitarias y colectivas formas de recrear y sostener la vida digna de las familias en sus tierras» (Sánchez Ruhemann, 2011: 9).

 

Entramado productivo ganadero-forrajero

Mientras la producción de soja y maíz en San Luis ya ronda las 350.000 hectáreas; los campesinos producen en muy pequeña escala, para autoconsumo, con poco o ningún capital, dificultad para acceso a créditos o canales de comercialización, máquinas muy deterioradas en caso de haberlas y un marcado éxodo de jóvenes por falta de oportunidades. María Álvarez y Nahuel Churín señalan que el pequeño productor «debe ajustarse y aprender a moverse entre los “grandes”, que se mueven e invierten por intereses más que nada económicos y financieros, apuntando a lograr un mayor capital en cada actividad. (…) El pequeño productor no tiene el mismo tipo de racionalidad económica-productiva que el mediano o el grande» (Álvarez y Churín, 2008: 5-6).

En la medida en que en el área serrana que encuadra al Valle del Conlara —entre las Sierras Centrales y las Sierras de Comechingones— la producción tradicional es la de la ganadería extensiva, sobre todo de vacas pero también de ovejas, cabras, cerdos y caballos (que conviven con zonas de agricultura bajo riego dedicada a huerta y otras áreas de secano con producciones importantes de papa y maíz para el ganado); la principal alternativa productiva de la que se ocupó la ACVC fue la de fortalecer la actividad ganadera y forrajera sin que esto implicase desmontar sobre el bosque nativo, ya que con el avance de la frontera agrícola los campesinos muchas veces se han visto obligados a ralear media hectárea para poner uno o dos animales más.

Nahuel Churín, técnico de la ACVC, sintetiza las intenciones que pusieron en marcha el entramado ganadero-forrajero y otros proyectos: «Como uno de los principales aportes de las economías campesinas son las changas —o trabajo extrapredial—, constituyendo el principal ingreso de casi el 70% de la familia; en función de eso, la Asociación trabaja en proveer alternativas de trabajo dentro de la Asociación para suplantar las changas, como la carpintería, la fábrica de alimentos balanceados, los corrales de engorde comunitarios en Santa Martina, la producción de conservas, salsa de tomates, dulces, que buscan generar un valor agregado a la producción y generar puestos de trabajo en las comunidades» (Sustersic, 2011).

En el Valle del Conlara hay una gran cantidad de intermediarios entre los pequeños productores y los comerciantes, sobre todo los engordadores (que compran terneros en forma individual para sus feed lot), los fabricantes y vendedores de alimentos balanceados y los dueños de los frigoríficos, que son quienes se apropian de las verdaderas ganancias de la producción y que encarecen los productos finales que luego los mismos productores consumen. En la formulación de un proyecto, la ACVC afirma: «Nosotros evaluamos que este circuito comercial lleva a que se pierda identidad del producto y que el consumidor ignore que la carne que llega a su mesa es producida por un pequeño productor que bien puede ser un vecino suyo. Por otro lado el productor pierde posibilidad de apropiarse del valor agregado que se genera en este circuito» (ACVC, 2013a: 13).

Ante esta situación, en Ojo del Río, una pequeña localidad del Valle, los futuros miembros de la Asociación comenzaron a contactarse entre sí y a reconocer que las problemáticas de unos eran similares a las de los otros. Luego la visión se amplió hacia el Territorio y se sumaron los parajes de Santa Martina y El Descanso, y poco a poco se fueron incorporando otros parajes y comenzaron a surgir emprendimientos colectivos con la idea de revertir los procesos individuales de comercialización de animales para engorde, reemplazar la adquisición de insumos por producción propia y generar empleo rural, tema sobre el que volveré al final de este trabajo. Estos emprendimientos ahora se están conectando entre sí como una suerte de entramado productivo o cadena de valor agregado que aún no está completo «por falta de infraestructura y equipamiento de los diferentes eslabones del encadenamiento» (ACVC, 2013a).

Este proyecto coincide con el punto 5 del programa de Vía Campesina: «Desarrollar la organización de agroindustrias en pequeña y mediana escala, en forma de cooperativas, bajo control de los trabajadores industriales y de los campesinos que producen su materia prima. La agroindustria es una necesidad del mundo moderno para poder conservar los alimentos y transportarlos a las ciudades, pero debemos garantizar que estén bajo control de los trabajadores y campesinos para que la renta del mayor valor agregado a los productos sea distribuida entre los que trabajan. Y a la vez, adoptando menor escala, se puede diseminar por todas las regiones y municipios rurales, generando más oportunidades de empleo y renta para los jóvenes del medio rural, más abiertos a trabajar en esos emprendimientos agroindustriales» (Stédile, 2012: 8).

 

Compra comunitaria y producción de maíz

El primer punto —no en su puesta en marcha sino en el lugar que ocupa en la cadena de valor— es el de la adquisición de maíz para el ganado, que originalmente se hacía en forma individual y que con la conformación de la Asociación comenzó a volverse colectiva y a granel, para así mejorar el precio y la calidad, ahorrando gastos en fletes. Como el objetivo final de esta etapa es que la producción propia de maíz y pasturas reemplace a la compra de insumos y productos de importación, se adquirió maquinaria comunitaria (un tractor, dos sembradoras, cincel, segadora y enrolladora) con un financiamiento estatal. De este modo se evita depender de los contratistas de maquinarias que cobran caro y que en las épocas importantes del calendario agrícola suelen estar ocupados con los grandes productores.

Cuenta uno de los miembros de la ACVC: «Y así fue que esto empezó a andar (…); empezamos a hablar con los vecinos y a hacer reuniones. Empezó a aparecer gente pensando que podía haber plata, y después, al pasar el tiempo, quedó menos gente, porque al no pasar nada concreto parecía una pérdida de tiempo. Así estuvimos como un año y medio, hasta que Nahuel consiguió un subsidio para comprar vacas y hacer pastoreo. Y nosotros lo hicimos otra cosa [al dinero], porque queríamos conseguir un tractor porque teníamos muchos gastos como para pagarle a un tractorista, y nos enteramos de que vendían uno cerca de Río Cuarto. Y así se facilitaron mucho las cosas al tener un equipo propio, antes era mucho más difícil» (Trivi, 2011: 7).

El rol del actual Estado neo-institucionalizado y la forma de relacionarse con este Estado por parte de las organizaciones campesinas —reutilizando por ejemplo los subsidios para volverse paradójicamente menos dependientes de los subsidios y las prestaciones estatales— es un tema central en mi proyecto de tesis; pero a los fines de este trabajo se puede coincidir con Hollaway cuando advierte que «aunque tengamos claro que no podemos cambiar la sociedad de modo radical a través del Estado, aun así es difícil evitar algún contacto con el Estado. (…) En algunos casos, parece necesario algún tipo de financiamiento estatal para poder llevar a la práctica nuestro proyecto colectivo de un hacer alternativo» (Holloway, 2011: 89).

Una vez que se cuente con otro tractor para sembrar granos y una cortadora a hélice para armar rollos, se podrá ampliar la superficie sembrada de maíz y alfalfa que, actualmente —sumando los lotes de los productores— es respectivamente de 60 y 25 hectáreas. Vale decir que toda esta producción se realiza en forma agroecológica, rotando el maíz con leguminosas, incorporando abonos verdes para fertilizar el suelo y sin el uso de agroquímicos, lo que marca otra diferencia crucial con la producción intensiva que se realiza del otro lado de la frontera de los transgénicos, que permanentemente genera residuos tóxicos en el ambiente y en los alimentos. Este proceso productivo incluye el traslado por medios propios de los granos a los silos en El Descanso, donde se ensamblaría con el siguiente eslabón de la cadena.

 

Fábrica de alimentos balanceados, corral de engorde y carnicería propios

Partiendo de que el principal ganado en el Territorio del Conlara es el vacuno, se estima que la alimentación de cada ternero requiere unos 700 kilos de maíz y unos 300 kilos de alimento balanceado. Por eso, la Asociación no sólo se está ocupando de la producción de maíz sino que además, desde hace tres años, está armando la infraestructura para poder producir alimentos balanceados por sus propios medios. Actualmente cuenta con un galpón comunitario sin terminar de 12 x 6 metros ubicado en el paraje El Descanso, una moledora de granos, una mezcladora de alimentos y dos chimangos con los que ya comenzaron a producir alimentos para pollos. El proyecto en el que se encuentran trabajando busca producir también alimentos para terneros, novillos, lechones y capones para así mejorar la oferta forrajera en cantidad, calidad y estacionalidad.

Expone la ACVC en la elaboración de un proyecto: «Como decíamos con la maquinaria comunitaria, tener más opciones para el manejo de alimentación del ganado permite mayores posibilidades en la definición de una cadena forrajera que potencie la producción del pastizal en el bosque nativo. Con esta pequeña fábrica se busca procesar los granos producidos en los campos de los miembros de la Asociación, y también comprar granos para elaborar alimento. Algunas prácticas que se prevén, dependiendo de la relación de precios y las posibilidades de contar con infraestructura adecuada y mercados favorables, son el engorde a corral y el destete precoz, que quitarían presión de la carga animal sobre los lotes de campo natural» (ACVC, 2013a).

El proyecto de encadenado implica que tanto la fábrica de alimentos balanceados como el corral de engorde sean para uso exclusivo de los miembros de la Asociación. Hasta ahora el segundo espacio mencionado no se utilizó como corral sino sólo para pesar los animales, lo que ya de por sí ha significado una mejora en la información y, por lo tanto, en las relaciones de comercialización de los pequeños productores con los engordadores. Para cristalizar el proyecto del corral, se cuenta en Santa Martina con una balanza con cargador, un cepo y un espacio comunitario de una hectárea en el que desde hace un año se empezaron a armar dos corrales para engordar unos 400 terneros y unos 150 capones con los que cuentan los crianceros y a quienes se les pagará un precio justo por su ganado. Se argumenta en el mencionado proyecto: «Un objetivo de esto es evitar que para que el ingreso sea mayor se aumente el número de animales, lo que aumenta la presión sobre el pastizal natural, degradándolo» (ACVC, 2013c).

Una vez que el corral de engorde se encuentre en funcionamiento y se cuente con un carro vaquero, otra camioneta, una tolva y un silo, se espera poder brindar un servicio de engorde de terneros a los asociados, así como otro servicio de transporte del campo al corral y de éste al frigorífico mediante vehículo con cámara de frío. A partir de aquí, entra en escena el siguiente eslabón de la cadena: un galpón de 20 x 12 metros en un espacio comunitario en comodato de la Comisión Vecinal de la localidad de Ojo del Río. El galpón actualmente está en construcción y una vez que esté en funcionamiento servirá como mercado concentrador y como carnicería de venta al público. Allí se comercializará la carne producida por la Asociación, contándose para ello con máquinas para preparar embutidos de cerdo y freezer.

Esto se sumará a emprendimientos ya existentes de comercialización directa de los propios productos, como ocurre todos los sábados en la Feria Franca de la Villa de Merlo y como esporádicamente sucede en otros espacios como los de la Feria de San Francisco del Monte de Oro —junto a otras organizaciones campesinas provinciales—, las Jornadas de Agroecología organizadas por ellos mismos, encuentros como los de la Unión de Asambleas Ciudadanas, etcétera. En el mercado concentrador se prevé vender también otros productos elaborados por los miembros de la ACVC como alimentos frescos de la huerta y conservas a buenos precios, garantizando así calidad y salud.

 

Creación de empleo en el territorio

Geógrafos como Milton Santos o Bernardo Mançano definen al “territorio” desde lo afectivo, donde lo local es un lugar de intensidad integral. Un espacio aquí no es simplemente una coordenada de latitudes y longitudes sino prácticas y luchas locales que reinterpretan lo global desde una perspectiva singular y específica. Resonando teóricamente con esto, dice Trivi que «la variedad de aspectos que cubre el trabajo de la Asociación, con la referencia de las otras organizaciones campesinas, conforma una determinada territorialización de su accionar, adscripta a un espacio concreto: el Valle. En ella se combinan y amalgaman aspectos productivos, culturales, sociales y políticos, con la clara perspectiva de oposición a un modelo hegemónico, lo cual contrasta, casualmente, con la perspectiva de algunos organismos estatales» (Trivi, 2011: 11).

Esta idea de “territorio” está muy presente en todos los planteos realizados por la ACVC, ya que no es a nivel provincial ni nacional donde ellos se enfrentan a todas las consecuencias del avance de la frontera transgénica. A modo de ejemplo, transcribo un párrafo de un proyecto presentado por la Asociación: «En el Territorio del Valle del Conlara, a raíz de emergentes provocados por el avance del modelo de desarrollo rural “agronegocio” y relacionado a factores políticos y económicos, se han profundizado las desigualdades. En esta diferenciación económica entre los agricultores, prevalece la resistencia del campesinado a la lógica del capital. En esta zona coexiste un Territorio ocupado por comunidades de aproximadamente 15 familias campesinas que, en forma organizada, resisten la reciente dinámica del cambio de uso de la tierra y la concentración de capital agrario que tiñen el resto del Territorio» (ACVC, 2013a).

Es también en el ámbito del Territorio donde los miembros de la Asociación buscan resolver sus cuestiones vinculadas a la falta de empleo, lo que lo hace altamente creativo en San Luis, donde el Estado provincial ha hecho todo lo posible por facilitar la expulsión de campesinos del área rural, primero mediante los planes de promoción industrial puestos en marcha a partir de la década del 80 (que atrajeron a mucha población campesina a Villa Mercedes y a la capital provincial). Luego, desde fines de los 90, cuando esta promoción ya había dejado de serlo y muchos habían regresado a sus campos, el Estado continuó facilitando el despoblamiento rural al apoyar a los grandes productores, limpiándoles el terreno —en todo sentido— para el avance de la frontera agrícola y paliando la falta de empleo con una extensa red de subsidios.

Diferenciando claramente entre “trabajo” (trabajo abstracto) y “hacer” (trabajo concreto), Holloway observa que «desde la perspectiva del capital, el impulso constante a reducir el tiempo de trabajo necesario lleva a la expulsión de los trabajadores del proceso de trabajo y a su reemplazo por maquinaria. (…) Del otro lado también hay una huida del trabajo, pero mientras que la huida del capital respecto del trabajo es una huida hacia un vacío vertiginoso —porque no puede existir sin el trabajo—, del lado de los trabajadores la huida del trabajo es una huida hacia el hacer. (…) A menudo, esta lucha por sobrevivir conlleva un sometimiento aun más directo al mercado (…), pero también genera estructuras de apoyo mutuo entre familias, comunidades o grupos de amigos, y en ese sentido se transforma en un retirarse del trabajo abstracto y en el crecimiento de un hacer socialmente determinado» (Holloway, 2011: 233-234).

Sin entrar aquí en toda la profundidad teórica del autor irlandés residente en México, se puede mencionar a los fines de esta monografía que somos nosotros mismos, mediante el trabajo abstracto, quienes recreamos constantemente el mundo que nos mantiene atrapados. Esto implica que también somos nosotros quienes podemos deshacerlo, dejando de crear las relaciones sociales propias del capitalismo y haciendo otra cosa, viviendo relaciones sociales diferentes. Según Holloway, «entre quienes han sido excluidos, o incluidos sólo de forma ocasional —y precaria— en la explotación y abstracción del trabajo, muchos tratan de modo reflexivo de convertir su exclusión en el desarrollo de actividades —a menudo con una práctica colectiva— que consideran deseables o importantes». (Holloway, 2011: 227).

Según Raúl Prada Alcoreza, «el modelo extractivista es una estructura compleja de explotación de la fuerza de trabajo. La incorporación de tecnología cada vez más avanzada ha ocasionado un uso intensivo de la fuerza de trabajo, disminuyendo el número de trabajadores, aumentando su rendimiento con las maquinarias y tecnologías sofisticadas, incluso pagando mejor a sus trabajadores, técnicos, ingenieros administrativos, empero produciendo entornos de poblaciones pobres y dependientes, afectadas por la contaminación y supeditadas a formas desmesuradas de dependencia y de discriminación» (Prada Alcoreza, 2013: 142-143)

En los últimos diez años, después de la crisis del 2001 y mientras sucedía todo esto, hubo una importante migración desde los pueblos y las ciudades hacia la zona rural del Valle, al tiempo que cerraban las fábricas y que los campos grandes y las estancias vecinas —que tradicionalmente empleaban como puesteros a los campesinos— iban siendo vendidas a empresas extranjeras cuya producción está toda mecanizada. Entonces, otra de las diferencias claves entre el “extractivismo” agrario de los productores de monocultivos y el modelo agroecológico de los miembros de la Asociación es que estos últimos buscan modos de generar empleos en el campo, contrarrestando la fuerte descampesinización que inevitablemente se produce ante el avance de la frontera transgénica; que expulsa a los habitantes rurales a los cinturones de las ciudades o a los pueblos, donde subsisten, a duras penas, con los planes sociales que, por otro lado, los mantienen encadenados electoralmente al gobierno provincial.

La línea central de las políticas estatales en su actual etapa neo-institucional, como vimos en el caso de San Luis, consiste en considerar pobres rurales a los campesinos pobres, favorecer su expulsión del campo y controlar la explosión social con subsidios. Y de hecho, la proporción de ingresos extraprediales en el Valle suele ser significativa en relación a los prediales, y provienen tanto de redes de intercambio y solidaridad como de changas o salarios obtenidos en empresas agropecuarias (trabajando como desmontadores, alambradores, peones de campo) pero sobre todo de transferencias formales del Estado, la más importantes de las cuales es el Plan de Inclusión Social, más conocido como «pico y pala», que absorbe casi todo el tiempo de los llamados “beneficiarios” a cambio de una prestación de 1.000 pesos mensuales aproximadamente. De los 60 habitantes de Ojo del Río, por ejemplo, 20 de ellos tienen el Plan.

En el proyecto aquí descripto del encadenamiento ganadero-forrajero que está poniendo en marcha la Asociación, una vez que esté en funcionamiento pleno, se podrán mantener 12 empleos repartidos entre 3 tractoristas (que cosecharán el cereal, harán los rollos de alfalfa y trasladarán a los animales entre los campos de los productores, el corral de engorde y el frigorífico), 2 responsables del engorde a corral (que alimentarán, cuidarán la salud de los animales y los pesarán), 3 responsables de elaborar los alimentos balanceados en la fábrica y 3 responsables de atender la carnicería unas tres veces por semana. El doceavo empleo corresponderá a una administrativa perteneciente al Área de Producción de la ACVC que coordinará todos los eslabones de la cadena. Todos los que participarán de este encadenamiento, nombres sobre los que ya se han puesto de acuerdo, forman parte de la Asociación y provienen de diferentes parajes del Valle. Además de esta creación de empleos, el encadenamiento apunta a mejorar y sostener el trabajo concreto de los miembros de unas 33 familias productoras de ganado.

Explican los Campesinos del Valle: «La producción y venta de carne implica una serie de fases hacia atrás (insumos) y hacia adelante (comercialización) de la cadena. Con el proyecto lo que se busca es lograr el equipamiento adecuado a la escala y la logística necesaria para lograr una competitividad acorde a los objetivos buscados. Todo esto garantizaría el afianzamiento de las fuentes de trabajo en las comunidades. (…) Los beneficios esperados comienzan con garantizar los nuevos puestos de trabajo y el buen pago de los terneros a los asociados. (…) También dentro del costo de producción se esperan beneficios económicos por la producción de maíz, rollos de forraje y alimento balanceado. Los beneficios son repartidos en los puestos de trabajo, la ganancia de los productores de forraje y terneros con los valores de mercado y de salario mínimo» (ACVC, 2013a).

Como vemos, el proyecto no está aislado en una suerte de idílica “pureza” tras la cual se sentirían a gusto teorías más dogmáticas, sino que se articula en algunos puntos con el mercado y con el Estado. ¿Y cómo podría serlo de otro modo en una sociedad capitalista? Coincido con Holloway cuando dice que «en la lucha en-contra-y más allá del capitalismo no hay pureza: lo que importa más bien es la dirección en la que se desarrolla la lucha, el movimiento en-contra-y-más allá» (Holloway, 2011: 90).

Y si pensamos en la dirección de este movimiento, coincido también con lo que plantea el autor y que al mismo tiempo observo entre los miembros de la ACVC: «Vivir ahora en el mundo que queremos crear con sus “prácticas sociales y relaciones correspondientes” rompe la separación instrumental de los medios y el fin: el medio es el fin (…). El compañerismo, la dignidad, la amorosidad, el amor, la solidaridad, la fraternidad, la amistad, la ética: todos estos conceptos contrastan con las relaciones mercantilizadas, monetizadas del capitalismo, todos describen relaciones desarrolladas en luchas contra el capitalismo y pueden ser consideradas como anticipando o creando una sociedad más allá del capitalismo» (Holloway, 2011: 72-73).

Entonces, si el “hacer” o trabajo concreto y útil —en el sentido de actividad vital consciente y colectiva— aparece no sólo aprisionado bajo la dominación del “trabajo abstracto” sino también en-contra-y-mas allá de la abstracción del trabajo, quizás en el Territorio del Conlara no haya mejor frase que la ilustre que ésta proclamada por uno de los Campesinos del Valle: «El valor del campo es algo que no tiene nombre cuando sos un tipo consciente. Aparte no vas a comparar con la calidad de vida de la ciudad, sobre todo si tenés que estar encerrado en una pieza. Qué sé yo, es muy fácil ir a la esquina a comprar un kilo de pan, pero el campo es otra forma de vivir, tranquila, llevando tus ideas todo el tiempo a lo que hacés, sin tener que guardártelas y que otro te mande» (Trivi, 2011: 12).

 

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[1] Actualmente la frontera de los cultivos transgénicos en Argentina avanza por el oeste de La Pampa, este y norte de San Luis, noroeste de Córdoba, este de Salta, Santiago del Estero, Tucumán y parte de la Mesopotamia. Ya ocupó toda la Región Pampeana clásica y el Chaco Húmedo. En caso de concretarse el llamado “Plan Estratégico Agroalimentario 2020” (PEA), muy pronto habrá también grandes extensiones de cultivos transgénicos y sus consecuencias asociadas en las regiones cuyana y patagónica.

 

 

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