4- La Matriz de 1974. Desempate catastrófico en el agro argentino

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la matriz de mil novecientos setenta y cuatro3

 

LA MATRIZ DE 1974.

DESEMPATE CATASTRÓFICO EN EL AGRO ARGENTINO

 

 

Federico Paz

Universidad Nacional de Córdoba - Centro de Estudios Avanzados

Doctorado en Estudios Sociales Agrarios

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Resumen

Este artículo recorre los hitos centrales de la historia agraria argentina basándose en el método genético de historiación propuesto por René Zavaleta Mercado.

El análisis comienza con la disputa suscitada en 1974 en torno al proyecto de Ley Agraria y, a partir de allí, se remonta hacia la consolidación de la forma primordial de la Nación, es decir, hasta el momento constitutivo del modelo agroexportador a finales del siglo XIX.

Tras rastrear el origen de la forma primordial en el Virreinato, se regresa hacia adelante en el tiempo, reinterpretando los grandes acontecimientos históricos del país como diferentes intentos fallidos de resolución de la crisis cíclica del modelo agroexportador.

Al llegar nuevamente a la matriz de 1974 se analizan, para el caso argentino, las categorías de “empate catastrófico” y “punto de bifurcación” plateadas por Antonio Gramsci y Álvaro García Linera, agregando el neologismo de “desempate catastrófico” para caracterizar al ajuste de 1975 y al golpe cívico-militar de 1976.

Por último, se llama la atención sobre la actualidad de la crisis cíclica de nuestra forma primordial, de naturaleza excluyente y antidemocrática. La crisis no sólo no está resuelta sino que también se naturalizó en la cultura política nacional tras la imposición por la fuerza del neoliberalismo

.Palabras clave: Historia del agro argentino; Forma primordial de la Nación; Momento constitutivo; Modelo agroexportador; Ley Agraria de 1974.

 

 

MATRIX 1974. CATASTROPHIC DEADLOCK IN THE ARGENTINE AGRO

 

Abstract

This article covers the main landmarks of the agrarian history Argentina based on the genetic method of historicizing proposed by René Zavaleta Mercado.

The analysis begins with the dispute raised in 1974 about the Ley Agraria and —from there— back towards the consolidation of the primordial form of the Nation. That is, up to the constitutive moment of the agro-export model occurred at the end of nineteenth century.

After tracing the origin of the primordial form in the Viceroyalty, we return forward in time, reinterpreting the great historical events of Argentina as different failed attempts to resolve cyclical crisis of agro-export model.

Arriving back to the matrix of 1974, we analyzed the categories raised by Antonio Gramsci and Alvaro García Linera of "catastrophic deadlock" and "bifurcation point", adding the neologism of "catastrophic tie" to characterize the adjustment of 1975 and the civilian-military coup of 1976.

Finally, it draws attention about the relevance of the cyclical crises of our primordial form, of exclusive and undemocratic nature. The crisis is not only finished but also was naturalized in the national political culture following the imposition by force of neoliberalism.

 Key words: History of Argentine farming; Primordial form of the Nation; Constitutive moment; Agro-export model; Ley Agraria of 1974.

 

 

  1. Introducción

Este escrito forma parte de una investigación que busca comprender el origen y el desarrollo histórico de la dirección estatal de la Nación argentina, sitio privilegiado donde se articulan o combaten entre sí los diferentes intereses sectoriales del agro.

Para ello —así como para evitar perderse en los detalles coyunturales— me baso en el “método de historiación” planteado por René Zavaleta Mercado, donde se propone comenzar el análisis situándose en un momento clave de la historia de un país.

Según Luis Tapia, que dedicó su tesis doctoral a sistematizar la obra de Zavaleta:

Se comienza a articular la historia y el análisis de la sociedad a partir de un momento de crisis y de transformación significativa de la dirección de sus procesos sociales, ya sea una fundación, refundación o fuerte reforma; una revolución, por ejemplo, o lo que él llamó “momento constitutivo”. A partir de ese momento se articula un estudio, análisis y caracterización de las estructuras sociales que le preceden y los cambios a ese nivel que le suceden, y en particular la historia política de los sujetos que producen la crisis y el cómo la producen (Tapia, 2002: 132).

En este caso concreto se trata comenzar el análisis en 1974, cuando los debates y los enfrentamientos desatados a partir del impulso gubernamental a una Ley Agraria politizaron y polarizaron como nunca antes las posiciones de los principales actores rurales del país.

En ese año se arribó a un “empate catastrófico” (Gramsci, 1975) entre dos modelos de acumulación que se encontraban en disputa desde 1945 y que resultaban incompatibles entre sí: el liberal y el de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Estamos ante lo que Álvaro García Linera llamaría un “empate catastrófico”, categoría que él mismo utilizó para caracterizar la disputa entre la oligarquía del Oriente boliviano y el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), lo que llegó a su punto álgido con la masacre de Pando en septiembre de 2008.

El “empate catastrófico” es un momento estructural caracterizado por “dos proyectos políticos nacionales de país, dos horizontes de país con capacidad de movilización, de atracción y de seducción de fuerzas sociales” (García Linera, 2008a: 26).

El “empate catastrófico” en el caso argentino de 1974, a diferencia de los sucesos de Bolivia en el 2008, llevarán a un desempate, más catastrófico aun, que se resolverá recién en 1976 —por medio de la violencia— a favor del modelo liberal.

El “punto de bifurcación” (García Linera, 2008a) entre este empate y tal desempate pudo haber sido el desequilibrio producido justo en la mitad del año, el 1 de julio de 1974, por la muerte del entonces presidente Juan Domingo Perón.

Tras ello los intereses corporativos del agro, que históricamente habían tendido a bloquear cada uno de los intentos de transformación estructural del país, salieron de la posición defensiva en la que se encontraban y apoyaron abiertamente la desestabilización económica de 1975 y el golpe de Estado de 1976.

Considero que comprender este año clave en el que el agrarismo criollo llegó a su punto de mayor vitalidad antes de ser desarticulado es fundamental para los movimientos campesinos actuales, ya que necesariamente deben caracterizar al Estado histórico e interactuar con las direcciones estatales del presente.

Para entender este momento fuerte de los 1970s, entonces, es de gran utilidad aplicar algunas de las categorías de Zavaleta ya mencionadas, pensando por ejemplo a la conformación del latifundio vernáculo a fines del siglo XIX como nuestro momento constitutivo, es decir como el origen de nuestro capitalismo nacional dependiente.

Resumiendo: desde este momento constitutivo hasta 1945 se mantiene la primacía agroexportadora, que sólo se había visto cuestionada por la Revolución de los Colorados a fines del siglo XIX y por el sindicalismo revolucionario a inicios del XX.

Luego, entre 1945 y 1955, se empezó a tejer la primera alianza entre la incipiente pequeña burguesía nacional y un ascendente sindicalismo obrero peronista —muy distinto al de los socialistas y anarquistas precedentes— que fueron articulando juntos una suerte de New Deal criollo, nacional y popular.

Entre 1955 y 1973 se profundizó la disputa entre ambos modelos, donde la fuerza numérica se encontró del lado del keynesianismo y la fuerza propiamente dicha del lado del liberalismo, que se valió de ella para condicionar o quitar a los gobiernos elegidos durante ese periodo en que el peronismo no podía presentar candidatos.

Y así llegamos a septiembre de 1973, en plena crisis mundial del petróleo y golpe de Estado del otro lado de la cordillera, donde en Argentina nos encontramos con que Perón, después de dieciocho años de proscripción, regresaba al poder con más del 60% de los votos.

Sería el último ensayo para intentar modificar la forma primordial de la Nación a través de la imposición de una fuerte intervención del Estado en la economía. Enfrente comenzaban a agruparse las corporaciones del agro para liberalizar los mercados a favor de las metrópolis coloniales y sus socios locales: los grandes sectores agro-exportadores.

 

  1. La “forma primordial”

La forma primordial es una de las categorías centrales en el pensamiento de René Zavaleta (1982). Se refiere a “la forma en que se articula internamente una sociedad sobre la cual operará el imperialismo” (Sala, 2006: 152).

Esta categoría está estrechamente vinculada a otra del mismo autor, la “determinación dependiente”, que refiere al conjunto de condicionamientos externos que ponen un límite (o margen de maniobra) a los procesos de configuración endógenos.

Según Zavaleta, “cada sociedad, incluso la más débil y aislada, tiene siempre un margen de autodeterminación; pero no lo tiene en absoluto si no conoce las condiciones o particularidades de su dependencia. Cada historia nacional crea un patrón específico de autonomía pero también engendra una modalidad concreta de dependencia” (Zavaleta, 1986: 67).

La forma primordial de una nación también es, por lo tanto, aquello que continúa a pesar de que cambien los siglos y, con ellos, los modelos de acumulación y las direcciones estatales. No cambia la forma primordial a menos que sea modificada también, de raíz, la relación con las diferentes metrópolis (España, Inglaterra, Estados Unidos, China).

En Argentina, la configuración de esta forma primordial en la segunda mitad del siglo XIX (para que Inglaterra pudiera colocar ventajosamente sus manufacturas e importar sus materias primas) es, también, el origen de la separación endémica entre la sociedad nacional y el Estado, donde éste se construye al margen de aquella.

El sector latifundista y exportador, por su reducido número y por lo excluyente de su papel, nunca consiguió organizar en torno suyo a un partido mayoritario ni tampoco nunca, en el país, fue elegido democráticamente para el más alto cargo ejecutivo ninguno de los representantes tradicionales de las clases más acomodadas.

Sin embargo, los grandes poderes concentrados y excluyentes de los terratenientes, la gran burguesía y los capitales extranjeros siempre encontraron el modo —por la política o por la milicia— de cooptar o dominar a las sucesivas direcciones estatales.

Para Zavaleta (1982), el camino hacia el momento de la refundación de un programa social, o sea hacia la transformación de la forma primordial, sería el ejercicio de nuevas formas de libertad: la democratización y la reforma moral e intelectual.

Según Tapia, Zavaleta expresa que “algunos proyectos fracasan o no arrancan por desconocer la porción de pasado que, siendo su condición procesual pero desconocida, se vuelve causa de las imposibilidades de las fuerzas del presente” (Tapia, 2002: 97).

No obstante, basta seguir durante unos meses los avatares de la política argentina para descubrir que las cuestiones vitales para las poblaciones del país están siendo permanentemente retiradas de la escena mediática, por no hablar de la mesa donde se toman las decisiones políticas (Paz, 2006).

En épocas electorales, por ejemplo, es evidente que los frentes y alianzas que disputan los primeros lugares en los sondeos están debatiendo acerca de coyunturas secundarias antes que preguntarse, para el caso, si es conveniente darle continuidad al modelo agro-exportador histórico (y actual) o si acaso es mejor cambiarlo por otro.

No es un tema menor, puesto que todas las grandes crisis de la historia argentina son —de algún modo— crisis del modelo agroexportador, que demostró durante el siglo pasado sus límites inclusivos y su faceta autoritaria para salvaguardar intereses corporativos; lo que sucedió en cada uno de los momentos históricos en los que disminuían los excedentes de las exportaciones que hasta entonces habían podido ser “compartidos”.

Dice Milcíades Peña refiriéndose al golpe de Estado de 1930, en un texto que podría aplicarse —sin muchas modificaciones— a cualquier otro golpe de nuestra historia:

En enero de 1930 el precio mundial de los cereales había descendido 5% respecto de 1926. En agosto la disminución alcanzaba a 13%, y los precios de los cueros, lanas y otras exportaciones argentinas descendían igualmente. Con los precios se achicaban también las reservas de oro. Tocaba a su fin la prosperidad, y el capital nacional y extranjero advertían la necesidad de un gobierno desligado de compromisos con las masas populares y sin veleidades obreristas, un gobierno fuerte capaz de salvar la cuota de ganancia a expensas del nivel de vida de las masas trabajadoras y gobernar en íntimo contacto con los altos círculos capitalistas (Peña, 2010: 23).

A quién esto le resulte familiar es porque probablemente vivió unas cuantas décadas en Argentina o en alguna de los otras naciones sudamericanas agroexportadoras, sin desconocer que cada país y territorio tienen sus propios procesos singulares.

¿Por qué nadie habla entonces de un problema que condiciona al país desde sus comienzos como territorio colonial y sigue haciéndolo en su presente neo-colonial?

Probablemente porque la forma primordial de la Nación es algo que no se discute. El modelo agroexportador, o sea nuestra forma primordial por excelencia, se da como obvio y se asume con la misma naturalidad que la pretensión insensata de querer ser un granero para el mundo mientras existe hambre y desnutrición en el país.

 

  1. Origen del “momento constitutivo”

René Zavaleta propone buscar, en la historia de cada país en particular, una filosofía de la praxis, hacer historia desde lo político con un sentido de futuro.

Su método consiste en situarse en los momentos de crisis, como se hace aquí con el conflicto agrario de 1974, para preguntarse por el origen. Luego propone retrotraerse hasta “determinar cuáles son los momentos constitutivos de la sociedad que se está estudiando, es decir, la génesis de su actual forma primordial“ (Tapia, 2002: 297).

Como vimos, la forma primordial es la síntesis de la historia de una sociedad, aquello que organiza el programa de una época, que configura su carácter actual o que se mantiene en el largo plazo, teniendo en cuenta su proceso de formación. Para estudiarla hay que analizar la articulación entre el Estado y la sociedad civil, así como “el modo de recepción de las determinaciones externas en base a la composición interna” (Tapia, 2002: 290).

Parto entonces de la premisa de que la forma primordial de la Argentina es su prácticamente inexpugnable matriz agroexportadora. Para comprender su momento constitutivo me remonto entonces a la formación del latifundio pampeano. Dice el mismo Zavaleta:

El momento constitutivo de la Argentina moderna debe situarse hacia 1880, con la inmigración masiva de europeos, que equivalió a un reemplazo racial, la reorganización del espacio y la radical constitución del excedente. Es claro que esto existió como un proyecto socializado desde antes […]. En efecto, era un plan de sustitución racial, y eso es lo que explican la Campaña del Desierto, la aniquilación de los indios y la supresión social-darwinista del gaucho, al mismo tiempo que se introducían unos seis millones de europeos (Zavaleta, 1984: 345).

La conformación del latifundio criollo, sin embargo, proviene de la colonia, cuando la Corona había entregado centenares de leguas a unos pocos poseedores en forma de mercedes reales y la economía se había orientando hacia la exportación primaria.

Desde entonces fueron anudándose redes de intercambio entre los agentes de las metrópolis europeas y las elites locales, es decir los terratenientes de la provincia de Buenos Aires y los grandes comerciantes de la capital.

Eduardo Azcuy Ameghino sostiene que:

La producción minera y ganadera de exportación constituyeron respectivamente los ejes económicos fundamentales del Virreinato y del área rioplatense. El colonialismo orientó la producción y el comercio en virtud de sus intereses estratégicos y contó para ello —contribuyendo a formarla— con la actividad de una elite terrateniente y mercantil que secundariamente se benefició del sistema económico vigente, y de cuyo seno surgirían quienes hegemonizaron la construcción del nuevo país (Azcuy Ameghino, 2011: 59).                                    

Tras la independencia va a mantenerse esta matriz, reemplazando simplemente a España por Inglaterra en el otro polo del mismo tipo de comercio desigual.

Al interior de las fuerzas protagonistas de la Revolución de Mayo de 1810 se configuraron dos bloques. Uno de ellos buscó reemplazar en la cabeza de la estructura social a los españoles por la oligarquía criolla pero manteniendo el sistema de dominación colonial. El otro bloque intentó democratizar el país y reorientar su matriz productiva para romper con la dependencia de Europa y el uso irracional de los recursos naturales. De esta gesta formaron parte José Gervasio Artigas y Juan José Castelli, entre otros, pero fueron derrotados.

En este momento comenzó a definirse la “acumulación originaria”, es decir, la separación del productor de sus medios de producción, creándose a partir de ello una mano de obra “libre” —observable por ejemplo en los obreros de los saladeros— que convivió durante un tiempo con formas extra-económicas de exacción del excedente.

En los siguientes años gobernadores bonaerenses como Juan Manuel de Rosas y presidentes como Bernardino Rivadavia estimularon más aun la concentración de la tierra mediante campañas de saqueo militar a los indígenas y leyes como la de Enfiteusis, que en la práctica repartió enormes extensiones de tierras entre quienes ya eran propietarios.

Sin embargo, el momento constitutivo por excelencia que conforma la estructura dominante del capitalismo nacional hasta el día de hoy es una serie de sucesos ocurridos entre 1865 y 1890: la inmigración masiva desde Europa, la vergonzosa Guerra del Paraguay y el robo violento de tierras a los indígenas de Chaco y Patagonia.

Paraguay era entonces —por sobre todas las cosas— un mal ejemplo: un país independiente con una potente industrialización en marcha y con la totalidad de su tierra en propiedad estatal.

Con respecto al robo de tierras indígenas, Osvaldo Bayer recordó en la presentación de su película Awca Liwen que la matanza llamada “Campaña del Desierto”:

Fue financiada por la Sociedad Rural Argentina […]. El presidente [Nicolás] Avellaneda, que es el verdadero responsable de esa campaña, hace luego el reparto de 42 millones de hectáreas a mil estancieros de la SRA. A su presidente, José Martínez de Hoz, bisabuelo directo del Ministro de Economía de la dictadura, le entregan 2 millones 500 mil (Long, 2011).

En este esquema el país ya estaba prácticamente conformado como exportador de materias primas y como importador de productos manufacturados de Inglaterra, beneficiándose de este tipo de intercambio sólo el sector agroexportador, que ya desde entonces frenó cualquier intento de distribución de la riqueza o de industrialización nacional a escala social.

 

  1. Inmigración masiva

Hace poco más de quince años, el GER (Grupo de Estudios Rurales) del Instituto Gino Germani, en la Universidad de Buenos Aires, comenzó a reunir n torno a Norma Giarracca y Miguel Teubal a diferentes movimientos sociales y organizaciones que enfrentaban al modelo transgénico que recién entonces comenzaba a imponerse en el país.

En uno de esos encuentros, algunos integrantes de las organizaciones del pueblo mapuche les recriminaron a las representantes del Movimiento de Mujeres Agrarias en Lucha (MMAL) —pequeñas agricultoras de La Pampa— el hecho de que sus antepasados “gringos” hubieran expulsado de sus tierras a los ancestros originarios.

Ellas respondieron que sus abuelos habían llegado varios años después del genocidio mapuche como arrendatarios empobrecidos, justamente, por los procesos de expulsión de sus propias tierras en Europa.

En esa disputa entre sectores subalternos faltaba considerar a los agentes del sector agroexportador criollo, que en el momento constitutivo de la Nación habían fundado el Estado argentino, desalojado de sus tierras a quienes habían estado por siglos en ellas y se habían valido del trabajo de los inmigrantes que llegaban en los barcos.

Esta clase hoy continúa beneficiándose con rentas y negocios fabulosos producto de la perpetuación de nuestra matriz productiva, cuya más clara demostración fue el enfrentamiento entre las entidades del agro y el gobierno nacional en el año 2008, no por la existencia de modelos alternativos sino sólo por un pequeño porcentaje de esa fabulosa renta agraria.

Según FLACSO, en la región pampeana actualmente hay apenas 1.250 propietarios que “acaparan el 35% de la tierra (9 millones de hectáreas). Los 50 principales propietarios cuentan con 2,4 millones. De las 35 familias tradicionales que concentraban la tierra a principios del siglo XX, 30 continúan siendo grandes terratenientes” (Long, 2011).

Siguiendo con el método genético de Zavaleta, entonces, una vez identificado el momento constitutivo que le da sentido a los hechos históricos, “se vuelve a avanzar hacia adelante resignificando o explicándose de un nuevo modo los hechos a partir de o a la luz de ese momento constitutivo” (Tapia, 2002: 218).

Lo interesante sería ver a todos los momentos de crisis nacional (grandes devaluaciones, golpes de Estado, etcétera) como estrategias hegemónicas para volver fallidos, acallar o exterminar los intentos de transformación de la forma primordial.

La primera oposición seria al modelo exportador hacia Europa y excluyente hacia adentro provino de una serie de caudillos del interior del país que, tras la Revolución de 1810, se opusieron a las pretensiones centralistas del liberalismo porteño.

En aquel entonces hubo una gran oposición interna contra la Guerra del Paraguay, segundo de los sucesos que terminó de consolidar en Argentina la forma primordial.

De las varias sublevaciones que hubo por entonces quizás la más relevante entre ellas sea la Revolución de los Colorados, liderada por el caudillo Felipe Varela.

La inmigración llegada desde Europa a la Argentina, que implicó una enorme disposición de mano de obra fabril y rural, en principio no estuvo en condiciones de cuestionar la desequilibrada distribución de la tierra y de la renta agraria, consolidándose así el latifundio.

En los casos en que algunos sí lo intentaron, les fue aplicada la Ley de Residencia, promovida por los terratenientes y los industriales desde 1899 para expulsar del país, sin juicio previo, a los trabajadores socialistas y anarquistas.

Estos inmigrantes habían crecido durante procesos de “acumulación originaria” en el viejo continente y su radicalidad política, en muchos casos, provenía de sus luchas en los sindicatos de las fábricas italianas o españolas tras la usurpación de sus propios medios de producción y de las tierras comunales.

Un inmigrante anarquista español, Rafael Barrett, diría por entonces: “Defendamos la tierra. Defenderla es defender la felicidad de nuestros hijos. No toleremos que un zángano, a quien bastarán seis pies de sepultura, necesite leguas y leguas para extender, cuando vivo, su ociosidad, más dañosa que la de los muertos” (Barrett, 2008: 177).

Probablemente por este origen de indígenas y campesinos criollos empobrecidos e invisibilizados, unido a una inmigración masiva proveniente de los sitios más pobres y sojuzgados de Europa y el Cercano Oriente, la cultura política nacional siempre fue mayoritariamente antioligárquica. René Zavaleta Mercado advierte sobre esto:

Que el proyecto de importación de inmigrantes fuera racista no significaba, empero, que los inmigrantes lo fueran, y es allí donde se produce una escisión en las ideologías […]. Ajenos en absoluto a la lógica patricial y europeísta de ese esquema y, por el contrario, imbuidos por la pasión de grandes momentos democráticos, los inmigrantes acabarían por imponer su carácter, formando una sociedad con hábitos democráticos” (Zavaleta, 1984b: 346).

En el momento constitutivo de la Argentina la población se cuadruplicó con la inmigración, afincándose la enorme mayoría de los inmigrantes en la región pampeana a través de una forma de recepción articulada por los dueños de la tierra.

Cuando llegaban al puerto, si los inmigrantes mencionaban haber sido campesinos, eran enviados a los campos agrícolas como mano de obra rural para los latifundios; surgiendo en la zona cerealera (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa) los primeros sindicatos rurales anarquistas y socialistas.

 

  1. Fraudes, matanzas y proscripciones

En las primeras décadas del siglo XX eran prácticamente nulas las posibilidades en Argentina de un nuevo momento constitutivo que pusiera en cuestión la forma primordial y la consolidación de los grandes latifundios pampeanos. Aldo Ferrer da cuenta de los límites tempranos del modelo agroexportador:

Hay una visión que idealiza cómo estaba la Argentina en la época del primer centenario. Pero el modelo se estaba agotando, ya no daba para más. Y el hecho de que nunca hubiéramos terminado de aceptar haber construido, sobre la base de la riqueza agraria, una base industrial importante, un modelo mas integrado, es un problema que sigue planteado todavía (Suárez, 2010: 131).

Ésta es la deuda pendiente de la Nación en el centenario de la independencia —y, por supuesto, también lo sigue siendo también en el bicentenario.

Los únicos intentos de un amplio programa de colonización de tierras públicas y de socialización de la producción, por aquel entonces, provinieron de los legisladores de una izquierda siempre minoritaria aunque en ascenso.

En 1916, las primeras de la historia que contaron con sufragio secreto, ganaron los radicales y la candidatura presidencial del socialista Juan B. Justo obtuvo el 7% de los votos. Y el partido que había gestionado el Estado desde 1874 fue derrotado por primera vez. Cuando pudo expresarse, la población demostró su naturaleza mayormente antioligárquica.

En 1922 Nicolás Repetto, también socialista, se presentó a la presidencia y repitió con el 7% de los votos, los dos mejores resultados en la historia de la izquierda argentina. Y en las elecciones legislativas de 1934, en plena década del “fraude patriótico”, el partido Socialista obtuvo el 18,5% de los votos, contando entre 1932 y 1934 con 43 legisladores nacionales.

Hoy sus legados son nulos. Juan B. Justo se transformó en una avenida y Nicolás Repetto en un presentador de televisión. Sin embargo, en ese momento las bases a las que representaban fueron una alternativa real frente a la primacía del modelo agro-exportador. Juan B. Justo mismo fue un gran teórico de la realización de un mundo rural deseable para la Argentina (Graciano, 2010).

Miguel Mazzeo cuenta que en 1920 el senador kautskiano Enrique del Valle Iberlucea propuso la creación de un Consejo Económico del Trabajo:

Lo medular del proyecto consistía en contrarrestar y eliminar los fundamentos capitalistas del Estado a través del control de las empresas de servicios públicos y de la explotación y colonización de las tierras públicas por parte de los trabajadores. No planteaba la nacionalización, sino la socialización y la organización colectiva de la producción […]. Poco después de presentar el proyecto, Del Valle Iberlucea fue desaforado, acusado de sedición (Mazzeo, 2005: 272).

Las sucesivas matanzas perpetradas por el Estado argentino en la primera mitad del siglo XX —sumado a otros mecanismos excluyentes como los fraudes electorales y las proscripciones— mostraron los estrechos límites en los que se circunscribieron los beneficiarios de su forma primordial.

Las víctimas de las matanzas fueron —alternativamente— integrantes de pueblos originarios (onas en San Sebastián en 1886 y Santo Domingo en 1905, tobas en Napalpí en 1924) y trabajadores (anarquistas en Plaza Lorea en 1909, metalúrgicos en huelga en la Semana Trágica en 1919, peones rurales en huelga en la Patagonia Trágica en 1921 y 1922).

En La autodeterminación de las masas Zavaleta (2009) puso en evidencia que el gran excedente producido a partir del momento constitutivo le permitió al Estado argentino ratificarse en una cosmovisión semi-democrática o predemocrática pero que con la baja del excedente, que se volvió crítica en 1929 tras el crack bursátil mundial, mostró su matriz autoritaria y excluyente.

El golpe de Estado de 1930 fue, de hecho, un momento fuertemente re-constitutivo de la forma primordial, colocando en la cartera de Economía a José S. Pérez, estrechamente vinculado a terratenientes pampeanos y la oligarquía conservadora.

Al año siguiente el gobierno de facto inauguraría una práctica que se convertiría en un clásico nacional: la proscripción de los partidos mayoritarios. O sea: una nueva vuelta de tuerca en la separación entre sociedad democrática y Estado excluyente.

En la región del noreste (NEA) —que será de gran importancia por el surgimiento en los años 1960s de las Ligas Agrarias—, la historia silencia una masacre ocurrida en marzo de 1936 en Oberá, Misiones; donde fueron asesinados, tras una emboscada, colonos ucranianos, rusos y polacos que reclamaban precios justos para sus productos agrícolas y que denunciaban los abusos de los acopiadores de tabaco (Ramírez, 2011a).

El hecho de que la matanza de indígenas pilagás de Rincón Bomba haya ocurrido en 1947, durante el primer gobierno peronista, ilustra que el primer Perón, en todo caso, intentó modificar el modelo de acumulación —mediante la intervención estatal en los mercados— pero que nunca intentó tocar la forma primordial de la Nación, fundada en la subordinación a Inglaterra y en la propiedad del suelo fértil.

Según Milciades Peña, en el mismo hecho fundante del peronismo, o sea el 17 de octubre de 1945, “el proletariado fue movilizado para aplastar un golpe de Estado pronorteamericano y en defensa del gobierno que preservaba el ordenamiento tradicional de la Argentina, semicolonia de Inglaterra” (Peña, 2010: 54).

En cualquier caso, preso de la forma primordial aún vigente, el primer peronismo pudo otorgar derechos sociales a las masas obreras sólo mientras se mantuvo la expansión del capital hasta 1949.

A partir de esa fecha, y junto con la recesión económica debida a una nueva caída del precio de las exportaciones agropecuarias y de la tasa de inversión privada, la dirección estatal gestionó —esta vez vía sindical— la contracción de la participación popular en la distribución del excedente.

 

  1. Los muchachos keynesianistas

Podemos ubicar al surgimiento del peronismo en la década de 1940s como uno de los más importantes ensayos fallidos de resolución a la crisis de esta forma primordial, ensayo social que se condensó en la matriz de 1945 —por decirlo de un modo zavaletiano— en el “gran libro de octubre”.

Durante esas jornadas la masa obrera, desorganizada —que había llegado a la gran ciudad desde la región extra-pampeana en un proceso de industrialización forzosa— hizo su aparición épica en la política nacional, apoyando a Perón y cuestionando la hegemonía de los grupos agro-exportadores de la región pampeana.

En otro texto, Breve historia del New Deal criollo, abordo el surgimiento del keynesianismo vernáculo y sus disputas con el modelo de acumulación flexible entre 1945 y 1973 (Paz, 2013); por lo que no me detendré más tiempo en este periodo.

Sin embargo, tras ir hasta la configuración de la forma primordial y regresar de ella, ya no sería posible explicar la emergencia del peronismo sin tomar en cuenta como factor fundamental a la descampesinización ocurrida en las regiones extra-pampeanas a partir del momento constitutivo de la Nación.

La figura del caudillo vino a llenar ese “estado de vacancia ideológica, es decir, un vacío en la representación del mundo, consecuencia de su “estado de separación” con la tierra a partir de la que se solventó el latifundio” (Zavaleta, 1984: 364).

Los campesinos indígenas, que habían sido dejados fuera del esquema del terrateniente y el arrendatario inmigrante, reaparecieron décadas después como los obreros llegados del interior sin formación política europea clásica.

La masa plebeya emergente que se volvió peronista hizo visible la dicotomía entre lo colonial y lo anticolonial, superpuesta a la dicotomía —hasta entonces más evidente— entre capitalismo y socialismo, arrebatándole a la izquierda la hegemonía de sus reivindicaciones, incorporándolas en forma de leyes sociales y símbolos, al plantear por ejemplo —en la marcha peronista— el “combate al capital” aunque sólo haya intentado regularlo.

Zavaleta caracterizó así la relación de la sociedad con la Nación: “La propia enjundia de la sociedad civil argentina acosa, acorrala y desorganiza de continúo a un Estado que es in petto oligárquico, que no tiene una hegemonía sino ocasional, como la que le dio Perón, y que debe apelar sin cesar al recurso de la intervención militar” (Zavaleta, 2009: 342).

Durante los años del exilio de Perón que siguieron al golpe de 1955, la base del justicialismo la conformaron los sindicatos burocratizados de la Confederación General del Trabajo (CGT) —readaptados a los tiempos de la dictadura— junto a la Confederación General Económica (CGE) liderada por José Ber Gelbard.

La CGE maduró desde el primer peronismo y se convirtió en la patronal de la pequeña burguesía, que agrupó a las entidades del interior y que formó la segunda pierna sobre la que se sostuvo el plan económico de Perón a su regreso en 1973.

Y si las confederaciones sindical y patronal eran las piernas del peronismo a inicios de 1970s, bien podemos decir que sus dos brazos estaban armados. El brazo izquierdo era la Tendencia Revolucionaria liderada por Montoneros —radical en sus métodos pero reformista en su programa— y el brazo derecho, o más bien ultra-derecho, estaba comandado por José López Rega, secretario personal de Perón.

Así llegamos por fin a la matriz de 1974 con un movimiento peronista heterogéneo y abiertamente enfrentado entre sí, lo que se puso en evidencia desde el mismo día de junio en que el caudillo regresó al país. En el acto de recepción, desde el palco en Ezeiza donde se le iba a dar la bienvenida, cuadros de la burocracia sindical y de la ultraderecha recibieron a balazos a las columnas de la Tendencia.

 

  1. Las Ligas Agrarias

No alcanza el espacio de este trabajo para explayarse demasiado acerca de las Ligas Agrarias. Sin embargo merecen un apartado entero puesto que fueron un actor central en el único intento serio de transformar la forma primordial de la Nación.

En 1973 tanto las Ligas Agrarias como el Ministro de Economía, Ben Gelbard, creían que desde el Estado podrían derrotar a la antigua alianza de terratenientes, banqueros y exportadores. Respecto de esto, Zavaleta sostiene que:

La exageración del momento constitutivo como desiderátum podría llevarnos de modo fácil a un callejón sin salida: no existiría la política sino el destino. Los orígenes sin duda están presentes siempre, hablemos de los hombres en general, de la sociedad o del Estado. Pero existe también la reconstrucción del destino. El problema radica en qué medida la carga originaria puede ser convertida (Zavaleta, 2009: 341).

A inicios de los 1970s las economías regionales estaban entrando en una crisis, la del modelo ISI, de la que ya no se recuperarían más tras la imposición del modelo de acumulación flexible en 1975 (Galafassi, 2007; Rodríguez, 2009).

En las provincias del NEA se generaron crisis de sobreproducción de algodón y yerba mate que repercutieron en una fuerte caída de los precios, pauperizando, expulsando y proletarizando a gran parte de los productores locales.

En Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes, norte de Santa Fe y norte de Entre Ríos surgirían las Ligas Agrarias, conformadas por más de 20 mil familias y 54 mil jóvenes, en su mayor parte hijos de colonos y medianos propietarios agrícolas y semi-proletarios. Sus principales demandas fueron los controles de los precios y, secundariamente, la tenencia del suelo, exceptuando a Corrientes y Formosa, donde la cuestión de la tierra fue la lucha principal.

A los fines de comprender la incidencia de las Ligas Agrarias en el “empate catastrófico” vinculado a las cuestiones del agro en la “matriz de 1974”, es suficiente decir que durante el gobierno militar de 1966-1973 se había puesto en práctica:

“Un programa de modernización vía la capitalización y concentración de la producción, eliminando los mecanismos de regulación de la misma, lo que terminó en una serie de crisis de precios y sobreproducción, afectando obviamente de manera diferencial a los diferentes estratos, siendo los pequeños y medianos aquellos que en muchos casos se vieron imposibilitados de afrontar estos cambios hegemónicos. La lucha de las Ligas Agrarias se encaminó precisamente en este sentido siendo sus principales enemigos los monopolios y las políticas de Estado asociadas a estos” (Galafassi: 2007: 9).

 A lo largo de 1972 las Ligas Agrarias radicalizaron sus acciones contra el gobierno militar, declarando cada vez más huelgas, cortes de ruta y movilizaciones que llegaron a convocar a miles de agricultores.

Una de las luchas más importantes fue la huelga de enero de los cosechadores de té en Misiones tras la abrupta caída de los precios, logrando impedir que cosecharan también las grandes explotaciones. El 18 y 19 de octubre, incluso, las Ligas de Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe y Corrientes declararon un paro regional.

Al mismo tiempo se estrecharon vínculos entre algunos dirigentes de las Ligas Agrarias como Osvaldo Lovey en Chaco y Pedro Peczak en Misiones con la Tendencia Revolucionaria.

Sin embargo en las disputas previas al regreso del peronismo al poder, se produjeron los primeros desencuentros entre las Ligas Agrarias y la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad representativa de los chacareros del litoral que, en ese momento, se encontraban dentro de la CGE.

Estos dos actores, de haber ido unidos en ese momento, pudieron haber sido una importante fuerza transformadora de la forma primordial, sobre todo en el momento del “empate catastrófico” posterior debate sobre la Ley Agraria en 1974.

Sin embargo los integrantes de las Ligas, desprotegidos ante la atomización de la oferta y la concentración del acopio, reclamaban créditos y la fijación de precios sostén, mientras que la FAA se inclinaba por aceptar el libre juego de la oferta y la demanda (Galafassi, 2007), aunque esto beneficiase a los monopolios más que a los medianos productores a los que ellos representaban.

La segunda llegada al poder del peronismo marcó, de hecho, un punto de inflexión en la estrategia de las Ligas Agrarias, que fue variando según el color político de los nuevos gobernadores de cada provincia.

En Misiones ganó la elección de 1973 Juan Manuel Irrazábal, afín a la Tendencia, quien hizo una política favorable a los productores y creó, con la participación de obreros y agricultores, el Instituto Provincial de Industrialización y Comercialización Agrícola (IPICA), “encargado de intervenir, regulando y controlando todas las etapas de la producción y la comercialización” (Galafassi, 2008: 9). El Movimiento Agrario de Misiones (MAM) hizo una gran movilización en apoyo al gobierno electo bajo la consigna de “apoyar y controlar al gobierno popular”.

En Formosa, la Unión Campesina de Ligas Agrarias de Formosa (ULICAF) apoyó al nuevo gobernador peronista Antenor Gauna que había prometido entregar tierra pública a los pequeños productores. Sin embargo, esta situación cambió a partir de noviembre cuando Gauna fue destituido e Irrazábal muerto en un atentado. En el primer caso el gobierno provincial fue intervenido y en el segundo se llamaron a nuevas elecciones.

Estas experiencias son útiles para caracterizar, a partir de la matriz de 1974, la relación entre Estado y movimientos agraristas. Mabel Thwaites sostiene que:

Queda claro que si se está afuera del Estado, en un proceso de confrontación externo, la postura contestataria es más nítida y más fácil de sostener. El problema aparece cuando se dan circunstancias que permiten la inclusión de cuadros populares en la maquinaria estatal, las que van desde la posibilidad de ocupar alguna estructura pequeña en un gobierno reformista hasta el involucramiento activo en un proceso de transformación mas ambicioso y con objetivos avanzados, que exige una mayor imbricación en la trama institucional. Porque es aquí donde se despliega la enorme maquinaria estatal, con todo su peso, su esencia de reproducción de la dominación y sus mañas (Thwaites, 2010: 16).

 

  1. “Empate catastrófico”

Mientras Gelbard fue Ministro de Economía y hombre fuerte del gobierno —pese a la influencia cada vez mayor del ala derecha peronista— el Estado intervino decididamente en la economía agraria, controlando la comercialización de la carne y acopiando toda la compra de trigo a pesar de la protesta de la SRA.

Su objetivo fue trasladar el excedente de los monopolios extranjeros hacia el Estado, la pequeña burguesía nacional y los trabajadores. Sin embargo, el Ministro era muy consciente de cuál era y dónde se encontraba el límite a esta transformación:

Los temores de Gelbard de inducir una economía demasiado dirigista no eran infundados. El olfato, o la experiencia, le indicaban que ese podía ser el talón de Aquiles del plan. No le temía al descontrol de las variables económicas, sino al comportamiento del establishment que, ni bien comenzara a apretar el plan económico, no tardaría en usar el desabastecimiento para sabotearlo, transformando el control de precios en un bumerang y en una fuente de conflictos políticos (Seoane, 1998: 258).

Y esto fue efectivamente lo que ocurrió. Horacio Giberti, quien fuera entonces Secretario de Agricultura de Gelbard, narra así los momentos previos al “empate catastrófico”:

“El Impuesto a la Renta Normal Potencial […], como eran los primeros tiempos del gobierno de Héctor Cámpora, salió rapidísimo, incluso con la aprobación entusiasta de Confederaciones Rurales (CRA). Después, en cambio, cuando elaboramos el proyecto de Ley Agraria, ya la relación de fuerzas y el panorama político habían cambiado totalmente, imperaban López Rega y compañía; y entonces al proyecto lo trataron lo más despectivamente posible” (Ramírez, 2011b, 333).

Refiriéndose a las grandes crisis estatales, Elvira Concheiro explica que para René Zavaleta “son momentos en los que la sociedad se muestra tal cual es, en los que todos los velos, que en tiempos de quietud ocultan su esencia, se desvanecen y las clases se presentan en su desnudez” (Concheiro, 2006: 187).

Es entonces cuando la sociedad mejor puede conocer lo que le había sido vedado por la forma peculiar que presenta cada forma de dominación local. Por decirlo de otro modo: por la pequeña política de cada tiempo y lugar normalmente sobredimensionada por los medios de comunicación de mayor alcance.

Álvaro García Linera agrega que se da inicio al “empate catastrófico” tras quebrarse parcialmente un sistema de dominación y dar lugar a “un bloque social políticamente disidente con capacidad de movilización y expansión territorial de esa disidencia convertida en irreductible” (García Linera: 2008b: 394).

Medianamente consolidado entonces un bloque agrario reformista que no podía ser incorporado al orden dominante, nos encontramos en 1974 con un “empate catastrófico” en toda regla, uno que es “capaz de desdoblar el imaginario colectivo de la sociedad en dos estructuras políticas-estatales diferenciadas y antagonizadas” (García Linera: 2008b: 394).

Esta suerte de paridad genera una parálisis del mando estatal y puede durar incluso años, aunque en algún momento tiene que producirse un desempate, que —según García Linera (2008a)— generalmente se da por oleadas.

Las oleadas más fuertes de esta resolución en Argentina empezaron antes del “punto de bifurcación”, desde el momento en que la derecha peronista consiguió que renunciase Cámpora a fines de 1973 y tras que Perón ganase el nuevo llamado a elecciones.

Un mes y medio después el avión en el que volaban el gobernador y el vicegobernador de Misiones, afines a la Tendencia Revolucionaria, explotó en el aire en un atentado perpetrado por la Tripla A comandada por López Rega.

El cambio más importante en las relaciones de fuerzas en esta fase histórica se dio tras el enfrentamiento del 1 de mayo de 1974 entre Perón y Montoneros, a quien el viejo caudillo trató de “imberbes”, “traidores” e “infiltrados”. Respecto de este nuevo desequilibrio de la balanza hacia la derecha, contaría más adelante Giberti:

Un día me dijo Gelbard […]: “Mire: vamos a empezar a andar mal porque los Montoneros no están en la calle”. Yo no era montonero ni mucho menos, pero había un factor de presión de gente en la calle bien o mal orientada, no viene al caso, que presionaba y hacía que esos intereses minoritarios, tuvieran miedo de perder sus privilegios o de perder algo más que sus privilegios si se oponían a las medidas de cambio (Unzurrunzaga, 2008).

En Formosa, las Ligas comenzaron a caracterizar al nuevo gobierno provincial, ahora intervenido, puesto que habían dejado de entregar las tierras y respondían a las protestas con represión y la detención de los principales miembros de la ULICAF.

Ante el inicio de la nueva campaña algodonera y la falta de tierras por parte de los campesinos, comenzaron las ocupaciones de los grandes latifundios, señalando su dirigencia que no eran acciones contra el gobierno sino para que éste se definiera a favor de los pequeños y medianos productores (Galafassi, 2007).

 

9- La Ley Agraria

A inicios de junio de 1974 Gelbard y Giberti publicaron su plan más ambicioso para enfrentar al bloque agroexportador: el proyecto de Ley Agraria.

El propósito de esta Ley, inédita en su tipo para el país, era regular el uso, el dominio y la tenencia de la tierra, tomando como fundamento que su utilización debería cumplir una función social (Poggi, 2012).

Entramos aquí en una nueva fase que bien podríamos caracterizar como “punto de bifurcación”, es decir:

El hecho político-histórico a partir del cual la crisis de Estado, la pugna política generadora de desorden social creciente, es resuelta mediante una serie de hechos de fuerza que consolidan duraderamente un nuevo, o reconstituyen el viejo, sistema político […], el bloque de poder dominante (estructura de propiedad y control del excedente) y el orden simbólico del poder estatal (García Linera: 2008b: 395).

En esta fase, puesto queoder estatal”stán en la calle»es ambos bloques deben dirimir su existencia de manera abierta, desnuda, a través de la medición de fuerzas (García Linera, 2011: 19); el bloque reformista entró en un colapso de su dirección y el viejo Estado gestor de los monopolios comenzó su retorno a la dirección estatal bajo nuevas condiciones

En la matriz de 1974 la Ley Agraria había puesto justamente de relieve quiénes eran los verdaderos interesados en mantener la forma primordial de la Nación.

La Revista Anales, órgano de difusión de la SRA, se hizo eco de la noticia sobre el proyecto de Ley Agraria en la editorial del número de mayo, donde dejó sentada la “repulsa unánime de las entidades que agrupan a los productores ruralistas [y acusó al proyecto de nutrirse de ideologías extrañas a la naturaleza de vida de los argentinos, y de importar] un descomunal avance colectivista sobre la propiedad privada rural” (Poggi, 2010: 12).

Como nunca antes, los actores corporativos del agro —que hasta entonces habían gobernado o conspirado a la sombra de los regímenes civiles o militares— se posicionaron claramente contra la Ley durante todo 1974.

Los grandes monopolios alimentarios, como Bunge & Born, comenzaron la campaña con el desabastecimiento de productos fundamentales para la canasta familiar y presionaron para que levantasen los controles de precios (Ramírez, 2011b).

En cuanto a las entidades locales del agro, la Confederación de Asociaciones Ruales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) pidió que eliminen todo el proyecto; y la SRA dijo que era un intento encubierto de reforma agraria.

La oligarquía rural en su conjunto movilizó todos los recursos: asambleas, solicitadas y editoriales en los diarios, debates televisivos, etcétera (Ramírez, 2011b: 432). Acusaron al proyecto de Ley de ser un “programa colectivizante” y de fomentar un “futuro gobierno comunal agrario” (Sanz Cebrino, 2008), de ser “contraria a la filosofía y al modo de vida de los argentinos” (Makler, 2010), de ser “comunizante y confiscatoria” (Seoane, 1998).

La Ley Agraria, aunque no era para nada un programa de reforma agraria, sí cuestionaba a los latifundistas, propendía a una cierta distribución de la tierra, daba cuenta de su función social y estaba dirigida a:

Establecer una política integral, tanto para la tierra cuanto para la producción […]. Estas medidas eran las más amplias concebidas orientadas a lograr que las tierras subutilizadas, abandonadas, deficientemente trabajadas o las erosionadas o agotadas, pudieran ser destinadas a planes de colonización, recuperación y puesta en plena producción o bien en reserva. También estaban previstos programas de concentración parcelaria para encarar el problema del minifundio y el desarrollo de cooperativas de trabajo y producción sobre tierras adjudicadas específicamente para ese fin (León y Rossi, 2003: 13).

El 1 de julio muere Perón, dejando al país en un equilibrio imposible entre dos hombres fuertes en el gabinete. Por un lado, Gelbard buscaba sostener el pacto social e impulsar la Ley Agraria. Por el otro, López Rega comandaba a sangre y fuego los resortes del poder policial y para-policial, contando con el apoyo de la burocracia sindical.

Los mayores temores de exportadores y acopiadores, del Consejo Empresario Argentino (CEA), la SRA, CARBAP y CRA apuntaron sobre todo hacia el regreso de lo que habían dedicado ingentes recursos a destruir desde hacía un siglo: el poder de lo colectivo. El retorno de lo reprimido era aquello capaz de blindar a la sociedad de la economía de mercado: la organización autónoma de los trabajadores y los campesinos, la propiedad y el uso comunal de los recursos.

En el diario progresista La Opinión, un grupo de redactores se manifestó en la contratapa diciendo que “una vez más, los ganaderos demuestran la mayor de las capacidades en acción psicológica: crear un estado de ánimo colectivo por causas que aparentemente nada tienen que ver con sus intereses” (Poggi, 2012: 8).

Ahora bien, según García Linera, un “punto de bifurcación” es un momento de fuerza donde:

“Se tienen que exhibir desnudamente las fuerzas de la sociedad en pugna, se tienen que medir las capacidades y en ello definir la suerte definitiva e irreversible de cada uno de los contrincantes […]; un momento donde la situación de todos se dirime en base al puro despliegue de correlación de fuerzas sin mediación alguna: fuerzas materiales, simbólicas y económicas” (García Linera, 2008b: 411-412).

Esta situación fue entendida perfectamente por el bloque agroexportador pero no ocurrió lo mismo con la FAA, la CGT y las Ligas Agrarias, quienes por diferentes motivos no asumieron lo que este proyecto de Ley significaba. O sea: el desempate entre la posibilidad de modificar nuestra excluyente forma primordial hacia otra más inclusiva o la consolidación de una matriz que por primera vez estaba siendo puesta seriamente en cuestión.

 

  1. “Punto de bifurcación”

Horacio Giberti, quien estando al frente de la cartera de Agricultura se encontró en el centro de esta disputa, dijo muchos años después sobre los miembros de la FAA:

No había una base política para llevar a cabo el proyecto, porque el grueso de esos chacareros, en realidad, también se opuso a la Ley Agraria. No tenían nada de espíritu revolucionario. Y una reforma agraria, verdaderamente, es un cambio bastante fuerte que necesita tener un apoyo popular grande; principalmente porque de inmediato va a tener una enorme resistencia al pretender sacar del poder al grupo que tradicionalmente lo ejerce. Eso es casi revolucionario, no es nada sencillo desplazar a una oligarquía que tradicionalmente está en el gobierno. Por eso yo no la llamaba “reforma agraria”. Si no que para mí era una evolución agraria fuertemente inducida por el Estado (Ramírez, 2011b: 390).

Siendo ésta de 1974 la batalla crucial en la que se definiría la continuidad del gobierno económico y la matriz productiva del país, el temor a lo colectivo no se limitó sólo a los grandes tenedores de tierra. Había alcanzado también a los chacareros, pequeños y medianos propietarios federados que han tenido siempre (y tienen aún) una gran capacidad de movilización pero que en aquel entonces no pusieron en práctica.

En el caso de las Ligas, aunque al igual que la FAA se expresaron públicamente a favor de la Ley, al mismo tiempo sostuvieron que debía profundizarse la reforma. Giberti dijo que:

Curiosamente las Ligas Agrarias que también fueron consultadas se opusieron a la Ley porque la consideraban demasiado moderada. Al oponerse, lo único que consiguieron fue favorecer la no sanción de la Ley que de cualquier manera era un paso adelante que hubiera servido para sanear bastante la situación agropecuaria (Unzurrunzaga, 2008).

Refiriéndose a las Ligas Agrarias de Formosa, Jorge Roze dice que la Ley “no movilizó a las ULICAF y su apoyo se canalizó a través de una declaración de la Coordinadora. Por cierto, no proporcionales a las características revolucionarias de la Ley. En el periodo que aparece ésta, habían perdido la fe en el gobierno del pueblo” (Roze, 1992: 107).

Aquí es donde se manifiesta un ejemplo de la trágica separación entre la sociedad y el Estado en la vida nacional. La sociedad no se siente parte del Estado y la dirección estatal no representa a la sociedad más que como retórica o pantomima.

El Ministro de Economía José Ber Gelbard, comunista y millonario de orígenes plebeyos, albergaba dentro de sí todas las contradicciones de este “empate catastrófico”. Carlos Makler completa la explicación diciendo que:

Entre 1973 y 1974 el recrudecimiento del enfrentamiento entre la izquierda y la derecha peronista en el gobierno y en la sociedad colocaba al gabinete de Gelbard en una posición paradójica. En efecto, mientras para la izquierda peronista los funcionarios oficiales del área económica eran “tibios reformistas”, para la derecha eran “infiltrados comunistas”, como nos señalara Giberti en más de una oportunidad (Makler, 2010).

Con respecto a la CGT, la situación fue peor aun, ya que osciló de forma incomprensible entre declaraciones de oposición al anteproyecto y otras de apoyo a la Ley Agraria.

Para Maristella Svampa (2003) la cúpula sindical primero decidió arremeter contra Gelbard, y luego, una vez fuera de juego la CGE, se vio obligada a defender la Ley para enfrentar la embestida de la ultraderecha, ya que López Rega había resuelto que el sindicalismo histórico era ya su único rival de peso a derrotar dentro del peronismo.

Al llegar a este “punto de bifurcación” los distintos bloques al interior del peronismo comenzaron a rearticularse y a desarticularse entre sí, expulsándose primero a la Tendencia Revolucionaria: los Montoneros y la Juventud Peronista.

Luego, con la influencia cada vez mayor ejercida por la ultraderecha sobre la nueva presidente, María Estela Martínez de Perón (Isabel), este bloque continuó su propia construcción hegemónica ascendente con la marginación de los “muchachos keynesianistas” y el brutal plan de ajuste conocido como “Rodrigazo”.

En definitiva, “sin el apoyo de los sindicatos, el proyecto de Gelbard quedaba a merced de las presiones de los grandes propietarios. Finalmente, el proyecto fue abandonado y hacia fines de ese mismo mes [octubre], Gelbard presentó la renuncia” (Svampa, 2003: 24).

Cinco días después de su retirada junto a su equipo económico —incluyéndolo a Giberti— Celestino Pereda, presidente de la SRA, declaró sarcásticamente en una entrevista: “Decir que nosotros volteamos al ex Ministro de Economía es una patraña” (Poggi, 2012: 11-12).

López Rega colocó a un hombre de su riñón, Celestino Rodrigo, en la cartera de Economía, pero el hombre fuerte del nuevo gabinete fue Ricardo Zinn, que en realidad operó en las sombras para el CEA, que aglutinaba bajo la dirección de José Martínez de Hoz a los grandes terratenientes y empresarios apoyados por las multinacionales y los bancos.

El “Rodrigazo” de 1975 fue el acto fundante del neoliberalismo en la Argentina, dos años después de que comenzara su experimento mundial con el golpe de Estado en Chile, y generó en su contra una enorme movilización popular, donde las bases desbordaron a las dirigencias pidiendo la cabeza de López Rega, que tuvo que fugarse del país. Tras las movilizaciones asumió la conducción del peronismo la burocracia sindical.

 

  1. “Desempate catastrófico”

Estos relatos por los que fuimos pasando en torno a los tibios apoyos y a las fuertes oposiciones a la Ley Agraria sintetizan las disputas de poder al interior del peronismo en esos días de 1974 cuando el “punto de bifurcación” de la muerte de Perón ya se había transformado en el inicio de un “desempate catastrófico”.

Isabel Perón realizó un segundo año de gobierno aliada a los sindicatos y a los militares, lo que marcó la fase del “desempate catastrófico” propiamente dicho, cuando la Ley Agraria desapareció de la agenda política y los debates públicos mientras la dirección estatal se vio acosada por numerosas movilizaciones.

Algunas de ellas fueron llevadas adelante por los campesinos y los colonos de las Ligas Agrarias, para quienes los costes de producción superaban ampliamente lo que se pagaba por sus productos.

No obstante, también hubo movilizaciones, paros y lock out patronales conducidos por los ruralistas de SRA, CARBAP y CRA con el objetivo de desestabilizar aun más al gobierno y asfaltarle el camino al golpe de Estado.

En Misiones, la primer dirigencia del MAM intentó sumar a los proletarios rurales al Movimiento, lo que desencadenó la oposición de la mayoría de los colonos que veían a los obreros y al peronismo como sus adversarios de clase.

Luego, la dirigencia afín a la Tendencia fue expulsada, escindiéndose y formando las Ligas Agrarias Misioneras (LAM); tras lo que quisieron rearmarse políticamente y —con el apoyo de los gobernadores de la izquierda peronista destituidos— formaron el Partido Auténtico, al que presentaron sin éxito en las elecciones a gobernador organizadas en Misiones.

El siguiente fue el momento en el que se definió el “desempate catastrófico”, cuando el bloque agroexportador tomó el poder por las armas para profundizar a sus anchas el modelo neoliberal durante la larga dictadura cívico-militar.

El CEA colocó a su presidente como Ministro de Economía del gobierno militar, cometiendo algunos de sus miembros todo tipo de delitos de lesa humanidad, que incluyeron la eliminación de sindicalistas y empresarios rivales.

Los secretarios de agricultura del régimen fueron aportados por la SRA (Jorge Zorreguieta) y CARBAP (Jorge Aguado), con lo que se vuelve aun más evidente su participación en la preparación del golpe y el sostenimiento de la dictadura.

Dice Naomí Klein poniendo en evidencia quiénes fueron los verdaderos impulsores del golpe de Estado:

“Al centrarse puramente en los crímenes y no en las razones que los motivaron, el movimiento de defensa de los derechos humanos también ayudó a la Escuela de Chicago a escapar de su primer sangriento laboratorio prácticamente sin un rasguño […]. En cierta manera, lo que sucedió en América Latina los años 1970s es que fue tratada como la escena de un asesinato cuando, en realidad, era la escena de un robo a mano armada extraordinariamente violento” (Klein, 2007: 161-170).

La dictadura destruyó la industria nacional, depreció los salarios, multiplicó por cinco la deuda externa y colocó como gran beneficiario del modelo al mercado financiero y a la especulación. Se eliminaron las retenciones a las exportaciones, la regulación de las importaciones y se apartó al Estado de la comercialización de granos.

Relata el mismo Martínez de Hoz:

“Cuando liberamos las restricciones que existían para la importación de granos oleaginosos, la industria aceitera de pronto sufrió, y desaparecieron la mitad de las fábricas de aceites comestibles, pero la mitad que quedó terminó produciendo tres veces más de lo que se producía antes y terminó produciendo del 6% al 25% del total de nuestras exportaciones” (Pigna, 2006: 318).

En realidad, lo único que está diciendo el Ministro de la dictadura es que en su gestión se favoreció a la concentración de las aceiteras y que el resto de las exportaciones —distintas del aceite— bajaron del 94% al 75%.

Los exportadores de materias primas, los importadores de insumos, los terratenientes, los pooles de siembra y las entidades del agro siguen beneficiándose del empobrecimiento de la sociedad, la perpetuación de la economía exportadora, la desprotección de los campesinos y el cambio de matriz cultural.

Poseen incluso la capacidad de recibir apoyo social y de paralizar al país, como ocurrió en el 2008 durante un conflicto no ya por la transformación de la estructura social agraria sino apenas por un porcentaje mayor de la apropiación de una renta rural extraordinaria.

Las Ligas Agrarias fueron totalmente desarticuladas en la dictadura, aunque tras su finalización el MAM ha vuelto a existir bajo las mismas siglas.

En este “desempate catastrófico” la desaparición de los luchadores sociales y el terror instalado desde entonces en la cultura condujeron a una derechización de la sociedad y a la ruptura de los lazos de solidaridad preexistentes.

La cultura neoliberal fue llevada a su máxima expresión en los 1990s durante el gobierno de Carlos Menem, década en la que comenzó una lenta reagrupación de los movimientos sindicales y sociales, incluidas las organizaciones campesinas.

El CEA mantuvo su influencia en los diferentes gobiernos hasta el 2001, instalando la apertura económica y las privatizaciones a mansalva.

La forma primordial de la Nación, tras el susto de 1974, permanece intacta, naturalizada y al margen de cualquier interpelación por parte de ningún bloque sociopolítico con pretensiones mayoritarias. El olvido es su principal arma de dominación masiva.

 

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