3- Debates en torno al neo-extractivismo agrario

Julio Gambina considera que «hay un amplio espectro que intenta organizarse, lucha por No a Famatina, no al fracking, a la sojización, a los pueblos fumigados, a la contaminación, a Botnia. Hay muchos no y hay que construirlos como sí. […] La expectativa esperanzadora es que en Argentina hay muchísima gente que se organiza y lucha por otro modelo productivo, de desarrollo […], que hay un movimiento popular que con muchísimas dificultades está buscando una orientación para definir un rumbo alternativo» (Hernández, 2013).

En cuanto a los debates intelectuales, quizás uno de los más interesantes en esta línea es el que se da en Bolivia entre el vicepresidente Álvaro García Linera (2012) y el crítico del extractivismo Raúl Prada Alcoreza (2013), que también se enfrentó en un debate con el director de Le Monde de Bolivia, Pablo Stefanoni (2010), quien acuñó el concepto de “pachamamismo”. Los pensadores decoloniales bolivianos tienen el privilegio de no necesitar debatir con funcionarios que afirman que los pueblos originarios se están enriqueciendo con la soja; sino con otros que, por el contrario, tienen un conocimiento de primera mano acerca de los movimientos sociales campesinos e indígenas de su país.

Dice Prada Alcoreza: «En esta fase de dominio y control del capital financiero sobre las otras formas de capital, el discurso legitimador […] define una administración de la crisis mediante su financiarización, sostenida por el retorno a un masivo despojamiento y desposesión de los recursos naturales, transfiriendo los costos de la crisis nuevamente a la naturaleza, a las periferias del sistema mundo […]. Es a esta modalidad que se la llama “modelo extractivista” […]. Las divagaciones de la geopolítica del extractivismo sobre la inutilidad de hablar de “extractivismo”, pues se trata del modo de producción capitalista y de sus formas técnicas, caen por su propia inocencia y por la manifiesta negligencia de atender el debate que atraviesa a América Latina sobre el “extractivismo” como modalidad integral, no sólo forma técnica, de despojamiento y desposesión de los recursos naturales» (Prada Alcoreza, 2013: 5).

El prefijo “neo”, que suele formar parte del concepto de “neo-extractivismo”, ya mencionado brevemente por Prada Alcoreza; implica, según Lang, la «vinculación con el financiamiento de políticas sociales o redistributivas, y suele justificarse con un discurso progresista e, incluso, antiimperialista» (Lang, 2013: 21).

Esta esfera de la compensación social y del discurso de confrontación contra las grandes potencias occidentales —aunque en la práctica numerosas multinacionales occidentales sean las grandes socias del gobierno (Chevrón, Cargill, Barrick Gold, Monsanto)—; marcaría la mayor diferencia con el neoliberalismo previo, mientras que la dominación del sector financiero y la continuidad de la desregulación y apertura comercial demostrarían la continuidad entre los modelos de acumulación de los 90 y los actuales.

Quienes detentan hoy el control de la maquinaria estatal seguramente podrían hacer mucho más de lo que hacen para romper la dependencia, pero así y todo, difícilmente puedan revertir sustancialmente la situación con su sola voluntad dentro de los marcos del actual sistema capitalista mundial. En cualquier caso, merece la pena escuchar a Peter Sloterdijk cuando dice que da para pensar «la inmensa desproporción que existe entre las competencias de la política y las exigencias de la realidad» (Sloterdijk, 2001).

Estado y neo-extractivismo agrario

El planteamiento decolonial, a diferencia del nacional-popular, e incluso del socialista, llama la atención acerca del refuerzo del sometimiento de los Estados nacionales a los intereses de los grandes capitales y la dependencia ante ellos, tal cual ocurrió en nuestros países antes del crack de 1929 y de la implementación de las políticas keynesianas e intentos de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Actualmente hay una reorientación desde la dependencia de Estados Unidos hacia la dependencia de China, que ya comenzó a producir su propio biodiesel, reduciendo así las importaciones de biodiesel argentino, disminuyendo aún más el poco valor agregado de nuestros propios productos primarios. Para ejemplificar, el mismo Natanson explica que una tonelada de alimentos exportada por Argentina vale, en promedio, 300 dólares, mientras que una exportada por Nueva Zelanda vale 1.285 (Natanson, 2013).

Seguimos con Prada Alcoreza, que también tiene algo que decir sobre la dependencia que crea la adscripción al modelo: «Decir que hay que apostar al “extractivismo” para satisfacer las necesidades del pueblo no es más que repetir el viejo discurso de las elites criollas liberales y nacionalistas, sin un ápice de modificación discursiva y tampoco de agudeza. No se entiende que la reproducción del extractivismo condena al círculo vicioso de la dependencia. Lo que empíricamente se ha demostrado en la historia moderna y de los ciclos del capitalismo, en lo que respeta a la condena extractivista de los países periféricos, es que el extractivismo nunca fue la base de la industrialización y de la salida de la dependencia, al contrario, refuerza la condena fosilizando una economía dependiente y un Estado rentista» (Prada Alcoreza, 2013: 3-4).

El “neo-extractivismo” define una continuidad con respecto al neoliberalismo, entonces, no sólo en cuanto a la primacía de la esfera financiera por sobre la productiva a través de los “mercados de futuros” sino también en el fortalecimiento de la matriz de dependencia colonial. No se trata sólo de la reorientación de las políticas forrajeras a China, sino también de la ya mencionada capacidad que tienen los grandes exportadores —sitos a orillas del Río Paraná— para asfixiar financieramente al Estado.

Este modelo se diferencia del neoliberalismo, sin embargo, en el fomento que se hace del consumo popular y en la recuperación del rol del Estado en tanto socio menor de las corporaciones mediante las retenciones a las exportaciones en lugar de simples administradores. De estas últimas características es de donde extraen sus consensos los gobiernos de unos Estados como los nuestros cuyas poblaciones son mayoritariamente urbanas y viven abstraídas de la destrucción ambiental en los territorios.

Ahora bien, este rol del Estado sólo puede ser temporal, planteado en el mediano plazo, o incluso en el más breve de los plazos electorales. A la larga, el debilitamiento de unos Estados ya atenuados previamente en el neoliberalismo, hace que estos deban colocarse cada vez más del lado de las corporaciones y conformarse con porcentajes cada vez más pequeños ante los gigantes extractivos, que así van reforzando el control de los “cuellos de botella” de las cadenas productivas que sujetan a las economías nacionales.

Lander da cuenta de esta paradoja de vigorizar a estados que terminan trabajando contra los intereses populares y que son funcionales a las grandes corporaciones: «La recuperación del Estado ha sido considerada como una necesidad para fortalecer alguna medida de soberanía nacional, para la recuperación de lo público, para la posibilidad misma de cualquier proceso de cambio significativo en estas sociedades. Sin los recursos materiales e institucionales del Estado, estos intentos de cambio serían más fácilmente frenados y/o derrotados por los intereses nacionales/internacionales potencialmente afectados. Sin embargo, y muy contradictoriamente, se trata de intentar fortalecer tramados institucionales que históricamente han operado, en lo fundamental, como estructuras coloniales de reproducción de las relaciones de dominación y explotación existentes» (Lander, 2011: 121).

En su avance hacia el oeste, la frontera transgénica actualmente se halla en el noroeste de Córdoba, norte de San Luis y oeste de La Pampa, mientras que los llamados “planes estratégicos” del gobierno apuntan a incrementar la superficie sembrada de granos de 33 a 42 millones de hectáreas. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) sostiene que «todo parece indicar que […] el objetivo último […] apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la mega-minería» (Rulli y Mendoza, 2013).

Como ya vimos, los nutrientes que se extraen del suelo no se renuevan ni tampoco la tierra se reproduce a sí misma. El bosque nativo, en la medida en que no es un conjunto de árboles sino una red interrelacionada de infinitos seres vivos que regulan el clima y que existen en simbiosis milenaria con un medio ambiente que incluye al ser humano, tampoco puede recuperarse en absoluto en el mediano plazo. Entonces, para la agricultura transgénica vale lo que valía para la minería, planteado por Claudio Garibay Orozco como «disputas territoriales de “suma cero” [donde] o la corporación gana el control y desplaza a los propietarios del territorio, o los propietarios resisten e impiden la ocupación minera» (Garibay Orozco, 2010: 1).

En el marco de la comprensión de esta realidad, y en la experiencia de más de diez años de contaminación de sus territorios con agrotóxicos por parte del “vecino” Monsanto, es que las organizaciones campesinas y ambientalistas de Merlo, Santa Rosa del Conlara, Villa Larca y Concarán se movilizaron ante la instalación de una planta de la multinacional en su territorio, dando origen en julio de 2013 a la agrupación Vecinos Autoconvocados del Valle con la consigna “No a Monsanto en el Valle del Conlara”.

En este paralelismo entre “extractivismo” minero y agrario, no se puede dejar de mencionar la diferencia obvia de que la mega-minería actúa en forma de enclaves que se instalan en zonas de alta concentración de mineral; mientras que la frontera del agro-negocio avanza en una suerte de “guerra de trincheras” hacia territorios cada vez menos fértiles para aumentar la superficie sembrada y, con ella, hacer crecer la productividad año tras año. Este modelo tiene sus límites muy a la vista, se trate de alguna hierba que no pueda ser erradicada, de una sequía, de que China desarrolle un programa alternativo de proteínas o bien de que la población consiga organizarse para plebiscitar el modelo.

Por lo pronto, y puesto que el complejo corporativo transgénico en Argentina no tiene control sobre los precios de los commodities, sino que estos son impuestos desde la Bolsa de Chicago, la única forma de aumentar la rentabilidad es incrementando los volúmenes de la producción. Esto se puede lograr hasta un cierto punto por intensificación del rendimiento de la producción por hectárea mediante nueva tecnología, pero mucho más comúnmente sucede por el desplazamiento hacia adelante de la línea de la trinchera transgénica en varios frentes geográficos simultáneos.

El Estado, en todo momento, aparece como socio de este avance permanente sobre bosques nativos, comunidades campesinas, hierbas a las que llama “malezas”, insectos a los que considera “plagas”, semillas locales y todo lo que sea que se ponga delante del aumento del volumen de la producción de soja y de maíz genéticamente modificados. El porcentaje de la participación legal del Estado, sin embargo, es muy superior en el caso de la agricultura transgénica a la percibida en relación a las corporaciones mineras, donde el aumento desmesurado del patrimonio de algunos altos funcionarios que las apoyan abiertamente podría hacer pensar en otro tipo de participación en las ganancias.

No obstante, además de su avance mediante trincheras, las corporaciones transgénicas también tienen sus enclaves, donde prueban y reproducen las semillas. En el caso de Monsanto, tiene su sede maicera en Rojas, provincia de Buenos Aires, y ahora busca instalar en Malvinas Argentinas, Córdoba, una procesadora de las semillas de maíz producidas en el Valle del Conlara. Los exportadores como Bunge, Cargill o Aceites General Deheza (AGD), que son indiscutiblemente la cima de la pirámide nacional del complejo del agro-negocio —por encima de Monsanto y los pooles de siembra—, tienen también sus enclaves extractivos de bienes comunes en las orillas del Río Paraná.

En definitiva, el Estado del neo-extractivismo es más fuerte que el neoliberal, y tiene una renta de la que reparte una parte entre planes sociales, subsidios encubiertos a las corporaciones y pagos de intereses de la deuda externa. Es un sistema que no se puede sostener en el tiempo, puesto que implica la creciente destrucción del sustento que representan los bienes comunes. Se trata, pues, de una fortaleza ficticia, basada en una previsión del corto plazo. La auténtica fortaleza de una institucionalidad no proviene de cobrar comisiones a los negocios multinacionales sino de conservar para sí la capacidad de decidir democráticamente su destino productivo.

Extractivismo: ¿un nuevo modelo de acumulación?

Hasta ahora, se dio por hecho que el neoliberalismo y el neo-extractivismo son dos modelos de acumulación claramente diferenciados entre sí, aunque entre ambos haya ciertas continuidades. Sin embargo, un debate aún no cerrado a la hora de hacer nuestras conceptualizaciones es el de definir si se trata efectivamente de dos modelos de acumulación diferentes o si no son más que dos etapas de un mismo sistema que privilegiaría en todos los casos a los concentradores corporativos de capital, subsidios, tierras y recursos naturales, así como a la adscripción para sí de las maquinarias legales y judiciales de los Estados que les permiten actuar sin atenuantes.

Algunos autores como Miguel Teubal dicen que «existe un aspecto del neoliberalismo, ahora tan criticado, que se mantiene intacto: se trata del modelo agrario, impulsado con gran ahínco durante el período de apogeo del modelo neoliberal» (Teubal, 2006). Otros pensadores decoloniales, como Raúl Zibechi, opinan que no habría tal paso entre neoliberalismo y neo-extractivismo: «Seguimos bajo un modelo neoliberal, pero en una etapa distinta, en la cual el eje ya no son privatizaciones y desregulación, sino monocultivos de soja y caña, celulosa, deforestación» (Carpineta, 2013). Desde el socialismo, Atilio Borón agrega que «el actual ciclo político de depredación de bienes naturales no ha modificado la matriz de acumulación neoliberal» (Borón, 2012: 269).

Nada nos impide pensar que el modelo neoliberal, cuyas principales características son la desregulación y la concentración de la riqueza, se encuentre atravesando en el país una tercera etapa. La primera de ellas habría ocurrido entre la crisis del “Rodrigazo” en 1975 y la hiperinflación de 1989. Fue la aniquilación del keynesianismo en la Argentina. La segunda iría desde la asunción de Menem hasta el “Argentinazo” del 2001. Es la década del neoliberalismo clásico, con la desregulación del agro, los remates de los campos de los chacareros endeudados y la introducción de los transgénicos. La tercera etapa iría desde la devaluación de 2002 hasta la siguiente crisis que aún está por llegar, y en un futuro cercano se la caracterizará, encima de todo, por la entrega comisionada de los recursos naturales no renovables a las grandes corporaciones, sean nacionales transnacionalizadas, o bien directamente empresas trasnacionales.

Julio Gambina resume sugiriendo que «hay que pensar: ¿qué bloque en el poder se construyó entre 1976 y 2005? Básicamente, estamos hablando de los acreedores externos privilegiados; las privatizadas de servicios públicos; la banca transnacional y los grandes y concentrados fabricantes, productores y exportadores. En todos ellos se procesa la tensión mencionada entre discurso de confrontación y ejecución de una política favorable a sus intereses» (Gambina, 2005: 29).

Otra forma de pensarlo es considerando la existencia de diferentes modelos de acumulación que actúan combinándose entre sí en diferentes lugares geográficos simultáneamente o bien alternándose durante momentos históricos diferenciados. Garibay Orozco menciona dos modelos de acumulación planteados por David Harvey. Por un lado, la acumulación por desposesión, refiriéndose con este término al despojo de los patrimonios sociales heredados —sea en ámbitos internos del capital o en sus zonas fronterizas— por parte de las corporaciones. Por otro lado, está el modelo de la acumulación ampliada, donde los conflictos se dan entre el capital y el trabajo por las condiciones laborales y el reparto de utilidades.

En el caso del “extractivismo agrario”, ambas modalidades son observables en Argentina, pero en distintos ámbitos. La primera ocurre en las zonas rurales, a través del desalojo de campesinos, la desarticulación de las economías regionales, la destrucción de bienes comunes como los bosques y la fertilidad del suelo, o bien la contaminación de los sistemas productivos orgánicos y la apropiación del agua para riego. El surgimiento de los movimientos campesinos, en muchos casos, es la consecuencia directa de este modo de acumulación, y los discursos de las asociaciones del Valle de Conlara contra Monsanto ejemplifican bien las resistencias ante esta forma de despojo.

La segunda modalidad se desarrolla sobre todo en las fábricas / puertos montados en las barrancas del Río Paraná, donde los grandes exportadores extraen la plusvalía de uno de los ámbitos laborales más desregularizados y tercerizados durante el neoliberalismo de los 90. Los conflictos ocasionados en torno a esta disputa son sistemáticamente silenciados en los medios, pero en algunos casos han llegado a bloqueos y piquetes de las terminales portuarias que duraron hasta diez días y que debieron ser destrabados con la presencia de la Presidente y de los principales ministros.

Lucas Paulinovich cuenta que «diez días duró el reclamo que paralizó el polo sojero más importante del mundo. Finalmente, la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Ltda. San Martín y las empresas cerealeras y aceiteras cerraban el acuerdo. El conflicto había paralizado los puertos de Timbúes y Puerto General San Martín. […].La medida de fuerza de los trabajadores consiguió encender la alarma general entre los grandes actores del modelo productivo. Por cada día de piquete que sostuvieron los trabajadores, se dejaron de exportar un millón de toneladas. Las operaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario se vieron congeladas. El conflicto, que parecía no tener fin, pudo destrabarse a partir de la aparición de China, advirtiendo que dejaría de comprar aceite de soja, lo que impulsó la intervención directa de la presidenta Cristina Fernández y de la plana mayor del Gobierno nacional gestionando los acuerdos» (Paulinovich, 2012).

La superación de este modelo, entonces, debería considerar simultáneamente a los despojados de los bienes comunes en los territorios y a quienes les es arrancada la plusvalía en las fábricas de las terminales portuarias. Los miembros del Equipo CEDINS manifiestan: «No creemos ni en un nuevo sacrificio de los trabajadores, en la privatización de bienes comunes o en la inevitabilidad del colapso ambiental. La solución estriba en ir más allá del capital para pensar una posible transición que permita romper la tensión entre quienes ponen el acento en la distribución de la riqueza, o quienes ponen el acento en la defensa del ambiente» (Equipo CEDINS, 2013: 409).

El tercer modo mencionado por Harvey es la acumulación por devaluación, lo que ha ocurrido cíclicamente en Argentina prácticamente una vez en cada década (1975, 1989, 2001). Son periodos de crisis en los que los capitales concentrados socializan masivamente las pérdidas del modelo de acumulación anterior e invierten las divisas obtenidas para posicionarse en el modo de acumulación del siguiente ciclo.

Como piojos sedientos de succionar activos, las devaluaciones y los cracks financieros van saltando además de país en país y de época en época, siendo celebrados por los grandes capitales con tequila en el caso de la devaluación mexicana y con caipirinha durante la brasileña. Por el Río Paraná ahora viene navegando también un piojo. Es la presión por una devaluación permanente ejercida por el lobby agroexportador, que va socavando siempre un poco más la capacidad adquisitiva y de supervivencia de la gran mayoría de la población nacional.

Mientras tanto, los capitales concentrados se afianzan cada vez más en el Lejano Oriente, produciendo con una mano de obra baratísima manufacturas a precios tan bajos que la dependencia producida por la venta del monocultivo de granos, sumada a la apertura de nuestras economías a sus productos manufacturados, podría destruir en forma irrecuperable nuestro sistema productivo en pocas décadas.

Luciano Orellana va más allá en sus apreciaciones: «Argentina, como país dependiente, quedó atada al monopolio de la compra de sus materias primas, que el imperialismo utiliza como llave maestra para condicionar su influencia a pasos agigantados en las principales esferas de nuestra economía. Avanzaron sobre el comercio, la pesca, el petróleo, la minería, la tierra, los puertos y los trenes, entre otros rubros. A su vez, nos inundan con importaciones de productos elaborados, una tonelada importada de China equivale a 15 toneladas argentinas en valor agregado» (Orellano, 2011).

Con la reorientación hacia el Pacífico de las exportaciones propias del actual “neo-extractivismo criollo”, entonces, se vuelve cada vez más inconmensurable la cantidad de bienes comunes y de gestión de riesgos que son transferidos “de aquí a la China”. De nuestra capacidad de reacción y organización depende que a este modelo lo reemplace una alternativa agroecológica enfocada en el mercado regional, pensada en el largo plazo y sostenida por altos grados de democracia en la base… o bien una cuarta fase de acumulación de un neoliberalismo cada vez más autoritario, más concentrador de los recursos, obligado a importar alimentos y a diseñar construcciones discursivas cada más alejadas de la realidad que se vive día a día en los territorios nacionales.

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[1] En Argentina, hubo un intento electoral algo difuso dentro de la decolonialidad, Proyecto Sur; mientras que el horizonte del socialismo, que era testimonial desde la emergencia del peronismo, va recobrando también su fuerza electoral, sobre todo en la zona más afectada por el “extractivismo”. El Frente de la Izquierda y los Trabajadores (FIT), de clara orientación trotskista, en las elecciones primarias del 11-8-2013 superó el 11% de los votos en Salta (en la cuya capital superó el 17%, quedando segundo tras el Frente para la Victoria). Además, obtuvo el 9% en la provincia de Jujuy, el 8% en Santa Cruz y Mendoza, el 7% en Neuquén, el 6% en Río Negro y Córdoba.