6- Debates en torno al neo-extractivismo agrario

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Doctorado en Estudios Sociales Agrarios

Antropología Ecológica y Conflictos Socio-ambientales

Brian Ferrero y Omar Arach

 

 

Federico Paz

DEBATES EN TORNO AL NEO-EXTRACTIVISMO AGRARIO

AGOSTO de 2013

 

 

Introducción

Las organizaciones campesinas del norte de San Luis buscan desarrollar una serie de experiencias de gestión de los bienes comunes en su territorio. Los integrantes de una de ellas, la Asociación de Campesinos del Valle del Conlara (ACVC), se reúnen habitualmente para reforestar con especies nativas; conviven con el bosque; practican una agricultura sin uso de fertilizantes ni pesticidas industriales; organizan ferias para comercializar sus productos; instalan carpinterías, corrales de engorde y fábricas de piensos de propiedad común —en los que se emplea a jóvenes campesinos locales—; así como sistemas de riego por gota pulsante y gravitacionales que extraen agua en un grado menor al de la reposición de los acuíferos.

En sus discursos, estas prácticas son planteadas como sustentables en el largo plazo y en contraposición a las desarrolladas por los agentes de los agro-negocios; ya que los campesinos sanluiseños organizados perciben que la expansión actual en su territorio de la frontera transgénica resulta apropiadora del agua, destructora de los bosques y causante de desalojos rurales, concentración de la propiedad y del uso de la tierra, desempleo, contaminación con agroquímicos, pérdida de espacios para producir alimentos y dependencia de las economías locales ante poderosos exportadores, fabricantes de insumos y formadores de precios internacionales.

Uno de los objetivos de mi tesis es el de analizar cómo se viabilizan las alternativas agroecológicas en la escala social, tomando en cuenta para ello la capacidad de los campesinos para expandir nuevas formas de relaciones sociales de producción, así como para resistir a la expansión del “modelo extractivo transgénico”.

Para abordar esta cuestión, considero importante atestiguar sus construcciones políticas y narrativas, la creación de espacios de participación, sus luchas o confrontaciones contra el “modelo extractivo” y su confluencia con otras organizaciones para influir en la toma de decisiones en ámbitos mayores. Un estudio de caso al que le daré seguimiento en relación a esto es el enfrentamiento discursivo entre Monsanto, que se instaló en el nordeste de San Luis, y las organizaciones socio-ambientales movilizadas en la zona ante esta situación, y que incluyen en un lugar destacado a la ACVC.

En junio de 2013, la Asociación emitió el siguiente documento para informar a la población: «Monsanto produce semillas en el Valle del Conlara desde el año 2001, en campos de la empresa Cresud. Bajo el modelo de la agricultura industrial, se desmontaron miles de hectáreas, se hicieron grandes perforaciones en uno de los acuíferos más grandes de la Argentina, se instalaron pivotes de riego, se llevaron tendidos de alta tensión para su uso exclusivo, y se siembran cultivos transgénicos de maíz y soja para semilla. Se fumiga a estos cultivos muchísimas veces durante el ciclo del cultivo, con productos altamente peligrosos para la salud, sin el consenso de nuestra comunidad. Este modelo no genera puestos de trabajo, no genera alimento para nuestra zona y pone en riesgo nuestra salud» (Red Eco Alternativo, 2013).

Los discursos del Estado y de las multinacionales suelen ser bastante más ambiguos que los de las organizaciones campesinas y merecen ser analizados en detalle. Mi trabajo de tesis se encuadrará, pues, dentro de la Ecología Política, post-estructural, planteada entre otros por Arturo Escobar, «quien considera el discurso, no como un reflejo de la realidad, sino como la constitución de la realidad misma» (Santamarina Campos, 2008: 170). Muy asociado a ello, el tema de la monografía propuesto para esta asignatura de Antropología Ecológica es el de analizar algunos debates en torno al concepto de “extractivismo” asociado al modelo agrario. Junto a ello, abordaré brevemente el debate sobre el papel del Estado en el modo de acumulación definido como “extractivista”.

 

El concepto de “extractivismo” aplicado a la agricultura

Antes de estudiar en futuros trabajos la ya mencionada instalación de Monsanto en San Luis, es preciso analizar en estas páginas la utilización del término “extractivismo” en relación al uso masivo de los transgénicos. El no reconocimiento de los cultivos de soja, maíz y algodón genéticamente modificados (GM) como actividades “extractivas” es algo que podría estar demorando la toma de conciencia de una masa crítica de la población acerca de la gravedad de su constante expansión. Esta cuestión de aplicar el concepto de “extractiva” a una rama de la agricultura suscita más de un debate, a diferencia de la minería a cielo abierto o la fractura hidráulica; que son actividades consideradas, incluso por sus defensores, como claramente extractivas.

Miriam Lang advierte que «a la par que el discurso macroeconómico felicita al crecimiento como un éxito, los conflictos sociales aumentan en nuestro continente: marchas multitudinarias de cientos de kilómetros, bloqueos, presos, muertos. Estos conflictos surgen alrededor de proyectos que tienen un denominador común: extraer materia prima para abastecer la demanda del mercado mundial. Esto es lo que llamamos “extractivismo”, el modelo económico que ubica a América Latina en el lugar de los proveedores de materia prima para otros países, donde ésta será procesada o industrializada» (Lang, 2013: 8).

En otro artículo del mismo libro, Eduardo Gudynas sostiene que el extractivismo «es entendido como una extracción intensa o de grandes volúmenes de recursos naturales que, en su mayor parte, son exportados sin procesamiento o con procesamiento limitado. Bajo esta definición, se incluyen emprendimientos territorializados, no sólo en minería e hidrocarburos, sino también en otros sectores como agricultura, pesquerías, camaroneras, etcétera. El “extractivismo”, así concebido, no es una industria, sino una actividad primaria» (Gudynas, 2012: 131).

Sin embargo en los discursos estatales, el concepto de “extractivismo” aplicado a la agricultura transgénica no cae nada bien. Cuando la periodista Cynthia Francisco, de la radio comunitaria Kalewche de Esquel, le preguntó al Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yahuar, por la profundización del actual modelo nacional de extracción de los recursos naturales, y ejemplificó con la mega-minería, la soja transgénica y el fracking; éste respondió literalmente: «Soja a fondo, y no es un modelo extractivo. Es un modelo pro-duc-tivo. La soja se produce. No se extrae. Hay que sembrarla primero» (Kalewche FM, 2013).

A continuación, cuando la periodista agregó: «Hay que sembrarla, hay que desmontar, hay que correr del territorio a los pueblos originarios»; el ministro respondió: «No, hay que lograr más tecnología. Los pueblos originarios están haciendo soja en la mayor parte del país… porque muchos pueblos originarios, muchos pueblos originarios… te sorprendés la cantidad de pueblos originarios que se están llenando de plata con la soja […]. Cuando hablan de modelo extractivo, no saben ni lo que significa un modelo extractivo […]. No hables de la soja porque la soja no es extractivo. Esto es producción, no mezclés» (Kalewche FM, 2013).

En principio, podría resultar curioso que un Ministro de Agricultura, que debería ser quien mediase entre los diferentes intereses sectoriales, tome partido tan claramente por una de las partes. El periodista Darío Aranda, no obstante, señala que el mismo día en que se dictaba la sentencia que condenaba a un productor sojero y a un aero-fumigador a tres años de prisión condicional, cuatro años de trabajos comunitarios y ocho de prohibición para manipular agroquímicos en la causa de la contaminación en el Barrio Ituzaingó Anexo; Norberto Yahuar «presentó la nueva semilla de soja (RR2 Intacta) junto a los directivos de Monsanto. La gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura […] hace propia la publicidad de Monsanto y resalta las supuestas bondades de la semilla: “Esta nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el medio ambiente […]. Es un día muy especial para Argentina, porque vamos por una segunda generación de soja, hoy aprobamos el evento número 27 y la biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”» (Aranda, 2012).

Esta afinidad del Estado con los importadores de insumos, se da también en la confluencia de intereses entre el Estado y los exportadores. Y cuando surgen divergencias entre ambos, disuelta ya hace dos décadas la Junta Nacional de Granos (JNG), los exportadores tienen recursos suficientes para manejar la situación: «La estrategia de “asfixia” financiera es la que las exportadoras eligieron como contraofensiva: se retiran del mercado de soja y así evitan liquidar divisas al Banco Central […]. La necesidad de dólares del gobierno para afrontar los vencimientos de deuda se transforma en la mejor de las armas de las cerealeras» (Paulinovich, 2012).

Regresando a la conceptualización del “extractivismo” y una vez aclarada la postura del Ministerio de Agricultura, pasamos a leer al periodista José Natanson, quien en la editorial de junio de 2013 de Le Monde Diplomatique hace, en primer lugar, una definición muy similar a la de Gudynas: «Se define como “extractivistas” a aquellas actividades económicas que remueven grandes volúmenes de recursos que no son procesados (o que lo son muy limitadamente) y que se destinan sobre todo a la exportación. En esta definición amplia, el extractivismo no se limita a los minerales, el gas o el petróleo, sino que engloba materias primas agrarias, forestales e incluso pesqueras. Desde esta óptica, los países latinoamericanos seguirían desarrollando “economías adaptativas” a la división del trabajo mundial» (Natanson, 2013).

Tras ello, introduce una “complejización” del tema: «Creo que la crítica extractivista-rentista merece una puesta en cuestión, no para desmentirla totalmente sino para, primero, complejizarla con algunos matices conceptuales […]. El otro punto a revisar es el concepto mismo de “extractivismo”. Tal vez resulte demasiado amplio, en la medida en que incluye dentro de la misma bolsa a actividades generadas a partir de recursos no renovables (como minería e hidrocarburos) y otras que no lo son. La soja es un caso interesante, pues se trata de una actividad productiva basada en un recurso renovable (el suelo), cuyo rendimiento depende en parte de la tecnología, el capital y la innovación (no tanto del trabajo, ya que emplea poca mano de obra). Y aunque es cierto que si se descuidan los métodos de cultivo se corre el riesgo de que la tasa de explotación de la tierra sobrepase la tasa de renovación ecológica, también es verdad que la rotación garantiza su preservación. Al mismo tiempo, la soja depende para su éxito de factores no productivos (la fertilidad del suelo, las lluvias) y produce una hiper-renta superior a la de casi todas las actividades legales… salvo los hidrocarburos» (Natanson, 2013).

Lo primero que habría que “complejizar” con Natanson sería saber en qué se basa para decir que el suelo es un recurso renovable, cuando es evidente que la superficie de la tierra es finita, ya que el número de hectáreas no se renueva a sí mismo, por mucho que alegóricamente se hable de la “fecundidad de la tierra” o que se la honre como a nuestra madre. Por otro lado, esta agricultura se considera “extractiva” porque extrae al año millones de hectáreas de bosque nativo y toneladas de nutrientes que nunca se reponen. Y además, porque los granos son exportados prácticamente sin procesamiento alguno.

Con respecto al agotamiento de los nutrientes, Ernesto Viglizzo sostiene que «muchas décadas de expansión agrícola en Argentina se han sostenido a través de una extracción de la dotación natural de P (fósforo) de los suelos. Pero es necesario tomar conciencia que no es éste un recurso renovable, y que la vía casi excluyente de incorporación o ganancia sigue siendo la de los fertilizantes fosforados. Siendo entonces el P un mineral de costosa reposición a través de los fertilizantes (cuyo valor seguramente aumentará en función de su escasez), es esperable que los capitales aplicados a importantes proyectos de siembra (pools y fondos de inversión) tiendan a trasladarse hacia regiones cuyos suelos presentan todavía un stock no limitativo de este mineral» (Viglizzo, 2010: 26).

 

Horizontes nacionales-populares y decoloniales

De un modo notorio, el mencionado discurso en la editorial de una publicación como Le Monde Diplomatique contrasta con su propia visión en la época del modelo llamado “neoliberal”, donde la línea editorial era claramente opositora, tanto a los gobiernos de entonces (Menem y De la Rúa) como a la expansión de la agricultura transgénica.

En mayo de 2000, en un dossier sobre agricultura aparecido en sus páginas, Jacques Berthelot decía: «La nueva orientación exportadora del sector agrícola no se ha traducido en mejoras sociales para la mayoría de la población, sino todo lo contrario, pues encareció los productos de consumo interno. […]. Con tantas bocas por alimentar, muchas de ellas en estado de malnutrición, la prioridad de las políticas agrarias latinoamericanas, y en particular las del Mercosur, no deberían ser las exportaciones y las importaciones con terceros, sino la satisfacción de las necesidades alimenticias nacionales y regionales» (Berthelot, 2000: 24-25).

En el mismo dossier, Walter Pengue se preguntaba: «¿No deberían considerarse otras alternativas que con un menor costo socio-ambiental permitieran el desarrollo agrícola en un marco sustentable? ¿Podrán la agricultura argentina y sus actores escapar a la simplificación que presenta la producción de commodities y fortalecer y desarrollar nuevas alternativas productivas y sus agroindustrias para aprovechar la demanda de alimentos más sanos que el mundo reclama?» (Pengue, 2000: 25).

Tras ello, continuamos nuestro breve recorrido por el interior de las páginas de la misma publicación en una fecha tan significativa como mayo del 2003, mes en que asumió el primer gobierno kirchnerista, Allí, Norma Giarracca decía: «El camino elegido por los más fuertes actores económicos, con el apoyo del Estado y con la ayuda de un eficaz dispositivo comunicacional, fue la “la salida hacia delante”: aumento de la producción agropecuaria con especialización en oleaginosas y de la exportación de sus derivados. […]. El territorio elegido fue el país en su conjunto. […]. ¿Tiene sentido poner a disposición y en riesgo el mejor recurso natural de Argentina para beneficiar a un número tan bajo de personas?» (Giarracca, 2003: 10).

En fin, el punto es que este cambio en la orientación de la línea editorial del periódico mensual se explica porque en la oposición al neoliberalismo de los `90 confluía más de un proyecto alternativo. Los dos horizontes más evidentes eran el nacional popular y el emergente decolonial. En la medida en que el primero ahora aparece como hegemónico, el segundo se enfrenta a él en tanto y en cuanto que aquel favorece al extractivismo y que éste se opone a él. Sin embargo, muchos de los periódicos (Le Monde, Página/12), intelectuales (Carta Abierta) y agrupaciones políticas de izquierda (Partido Comunista, Partido Intransigente) que se oponían al menemismo, hoy están aliados o son funcionales al kirchnerismo.

Edgardo Lander diferencia muy bien ambas racionalidades, aunque los límites entre las dos, en ocasiones, puedan ser muy difusos: «En la lógica nacional-popular, y en los horizontes socialistas, tienen prioridad la soberanía nacional, la democratización y la redistribución de la riqueza. Esto está asociado al desarrollo, a un Estado más fuerte, soberano, con presencia en todo el territorio nacional, capaz de formular e implementar políticas públicas a fa­vor de los sectores populares, incrementando el gasto social: educación, salud, empleo, seguridad social, lucha contra la pobreza y subsidios a las familias más necesitadas. En la lógica de la decolonización tienen prioridad la pluri­nacionalidad, los derechos a las diferencias, la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus propios territorios, la autonomía de pueblos, comunidades y movimientos, el pluralismo jurídico, el rechazo al desarrollismo/extractivismo, así como el reconoci­miento de los derechos de la Madre Tierra. La lucha por la deco­lonización apunta hacia una profunda transformación civilizato­ria que cuestiona no sólo al capitalismo sino a los patrones pro­ductivos y de conocimiento de la cultura occidental dominante, lo que queda sintetizado en las nociones del buen vivir» (Lander, 2011: 127).

Cabe aclarar que todos los elementos presentados en esta descripción se pueden hallar sobre todo en el plano del discurso. En la práctica, muchas de las características de la lógica nacional-popular aparecen desdibujadas en un apoyo decidido de los gobiernos progresistas a las grandes corporaciones trasnacionales extractivas, participando como socios menores, cada vez más débiles, de una descomunal transferencia de recursos hacia los países importadores de materias primas y exportadores de manufacturas.

Como dicen Maristella Svampa y Mirta Antonelli: «Si bien, como hemos dicho, lejos estamos de cualquier tipo de “modelo de desarrollo nacional”, esto no ha sido impedimento para que el Estado asumiera una narrativa desarrollista, en consonancia con las grandes empresas trasnacionales, en busca de la legitimación social del modelo, y en nombre de una “responsabilidad social”, que oculta de manera sistemática los graves impactos sociales y ambientales de tales emprendimientos. […]. La eficacia simbólica de dicha narrativa, puesta al servicio del “desarrollo” no puede ser desestimada, muy especialmente luego del largo período de estancamiento y regresión económica de las últimas décadas. Antes bien, ella propiciará el despliegue de nuevos esquemas binarios, que buscarán retrasar una distancia entre el ayer de la crisis y el presente productivo» (Svampa y Antonelli, 2009: 3-4).

Las alternativas asoman en el subcontinente, lo que se manifiesta sobre todo en el plano de las asambleas ciudadanas y los movimientos sociales, pero incluso en el plano político ya comenzaron a desgajarse de los horizontes nacionales-populares algunas opciones electorales socialistas o decoloniales, así como importantes cuestionamientos intelectuales provenientes de ambas corrientes de pensamiento. Así, la ex Ministra de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, fue una opción ante el Partido de los Trabajadores (PT) en el poder, y el ex Ministro de Energía ecuatoriano, Alberto Acosta, fue una alternativa ante la gubernamental Alianza País de la que había formado parte.[1]

Julio Gambina considera que «hay un amplio espectro que intenta organizarse, lucha por No a Famatina, no al fracking, a la sojización, a los pueblos fumigados, a la contaminación, a Botnia. Hay muchos no y hay que construirlos como sí. […] La expectativa esperanzadora es que en Argentina hay muchísima gente que se organiza y lucha por otro modelo productivo, de desarrollo […], que hay un movimiento popular que con muchísimas dificultades está buscando una orientación para definir un rumbo alternativo» (Hernández, 2013).

En cuanto a los debates intelectuales, quizás uno de los más interesantes en esta línea es el que se da en Bolivia entre el vicepresidente Álvaro García Linera (2012) y el crítico del extractivismo Raúl Prada Alcoreza (2013), que también se enfrentó en un debate con el director de Le Monde de Bolivia, Pablo Stefanoni (2010), quien acuñó el concepto de “pachamamismo”. Los pensadores decoloniales bolivianos tienen el privilegio de no necesitar debatir con funcionarios que afirman que los pueblos originarios se están enriqueciendo con la soja; sino con otros que, por el contrario, tienen un conocimiento de primera mano acerca de los movimientos sociales campesinos e indígenas de su país.

Dice Prada Alcoreza: «En esta fase de dominio y control del capital financiero sobre las otras formas de capital, el discurso legitimador […] define una administración de la crisis mediante su financiarización, sostenida por el retorno a un masivo despojamiento y desposesión de los recursos naturales, transfiriendo los costos de la crisis nuevamente a la naturaleza, a las periferias del sistema mundo […]. Es a esta modalidad que se la llama “modelo extractivista” […]. Las divagaciones de la geopolítica del extractivismo sobre la inutilidad de hablar de “extractivismo”, pues se trata del modo de producción capitalista y de sus formas técnicas, caen por su propia inocencia y por la manifiesta negligencia de atender el debate que atraviesa a América Latina sobre el “extractivismo” como modalidad integral, no sólo forma técnica, de despojamiento y desposesión de los recursos naturales» (Prada Alcoreza, 2013: 5).

El prefijo “neo”, que suele formar parte del concepto de “neo-extractivismo”, ya mencionado brevemente por Prada Alcoreza; implica, según Lang, la «vinculación con el financiamiento de políticas sociales o redistributivas, y suele justificarse con un discurso progresista e, incluso, antiimperialista» (Lang, 2013: 21).

Esta esfera de la compensación social y del discurso de confrontación contra las grandes potencias occidentales —aunque en la práctica numerosas multinacionales occidentales sean las grandes socias del gobierno (Chevrón, Cargill, Barrick Gold, Monsanto)—; marcaría la mayor diferencia con el neoliberalismo previo, mientras que la dominación del sector financiero y la continuidad de la desregulación y apertura comercial demostrarían la continuidad entre los modelos de acumulación de los 90 y los actuales.

Quienes detentan hoy el control de la maquinaria estatal seguramente podrían hacer mucho más de lo que hacen para romper la dependencia, pero así y todo, difícilmente puedan revertir sustancialmente la situación con su sola voluntad dentro de los marcos del actual sistema capitalista mundial. En cualquier caso, merece la pena escuchar a Peter Sloterdijk cuando dice que da para pensar «la inmensa desproporción que existe entre las competencias de la política y las exigencias de la realidad» (Sloterdijk, 2001).

 

Estado y neo-extractivismo agrario

El planteamiento decolonial, a diferencia del nacional-popular, e incluso del socialista, llama la atención acerca del refuerzo del sometimiento de los Estados nacionales a los intereses de los grandes capitales y la dependencia ante ellos, tal cual ocurrió en nuestros países antes del crack de 1929 y de la implementación de las políticas keynesianas e intentos de industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Actualmente hay una reorientación desde la dependencia de Estados Unidos hacia la dependencia de China, que ya comenzó a producir su propio biodiesel, reduciendo así las importaciones de biodiesel argentino, disminuyendo aún más el poco valor agregado de nuestros propios productos primarios. Para ejemplificar, el mismo Natanson explica que una tonelada de alimentos exportada por Argentina vale, en promedio, 300 dólares, mientras que una exportada por Nueva Zelanda vale 1.285 (Natanson, 2013).

Seguimos con Prada Alcoreza, que también tiene algo que decir sobre la dependencia que crea la adscripción al modelo: «Decir que hay que apostar al “extractivismo” para satisfacer las necesidades del pueblo no es más que repetir el viejo discurso de las elites criollas liberales y nacionalistas, sin un ápice de modificación discursiva y tampoco de agudeza. No se entiende que la reproducción del extractivismo condena al círculo vicioso de la dependencia. Lo que empíricamente se ha demostrado en la historia moderna y de los ciclos del capitalismo, en lo que respeta a la condena extractivista de los países periféricos, es que el extractivismo nunca fue la base de la industrialización y de la salida de la dependencia, al contrario, refuerza la condena fosilizando una economía dependiente y un Estado rentista» (Prada Alcoreza, 2013: 3-4).

El “neo-extractivismo” define una continuidad con respecto al neoliberalismo, entonces, no sólo en cuanto a la primacía de la esfera financiera por sobre la productiva a través de los “mercados de futuros” sino también en el fortalecimiento de la matriz de dependencia colonial. No se trata sólo de la reorientación de las políticas forrajeras a China, sino también de la ya mencionada capacidad que tienen los grandes exportadores —sitos a orillas del Río Paraná— para asfixiar financieramente al Estado.

Este modelo se diferencia del neoliberalismo, sin embargo, en el fomento que se hace del consumo popular y en la recuperación del rol del Estado en tanto socio menor de las corporaciones mediante las retenciones a las exportaciones en lugar de simples administradores. De estas últimas características es de donde extraen sus consensos los gobiernos de unos Estados como los nuestros cuyas poblaciones son mayoritariamente urbanas y viven abstraídas de la destrucción ambiental en los territorios.

Ahora bien, este rol del Estado sólo puede ser temporal, planteado en el mediano plazo, o incluso en el más breve de los plazos electorales. A la larga, el debilitamiento de unos Estados ya atenuados previamente en el neoliberalismo, hace que estos deban colocarse cada vez más del lado de las corporaciones y conformarse con porcentajes cada vez más pequeños ante los gigantes extractivos, que así van reforzando el control de los “cuellos de botella” de las cadenas productivas que sujetan a las economías nacionales.

Lander da cuenta de esta paradoja de vigorizar a estados que terminan trabajando contra los intereses populares y que son funcionales a las grandes corporaciones: «La recuperación del Estado ha sido considerada como una necesidad para fortalecer alguna medida de soberanía nacional, para la recuperación de lo público, para la posibilidad misma de cualquier proceso de cam­bio significativo en estas sociedades. Sin los recursos materiales e institucionales del Estado, estos intentos de cambio serían más fácilmente frenados y/o derrotados por los intereses nacionales/internacionales potencialmente afectados. Sin embargo, y muy contradictoriamente, se trata de intentar fortalecer tramados ins­titucionales que históricamente han operado, en lo fundamental, como estructuras coloniales de reproducción de las relaciones de dominación y explotación existentes» (Lander, 2011: 121).

En su avance hacia el oeste, la frontera transgénica actualmente se halla en el noroeste de Córdoba, norte de San Luis y oeste de La Pampa, mientras que los llamados “planes estratégicos” del gobierno apuntan a incrementar la superficie sembrada de granos de 33 a 42 millones de hectáreas. El Grupo de Reflexión Rural (GRR) sostiene que «todo parece indicar que […] el objetivo último […] apunta a extender el cultivo de soja GM hacia áreas de estrés hídrico como la región cuyana, lugar donde hoy sus poblaciones ya padecen el terrible flagelo de la mega-minería» (Rulli y Mendoza, 2013).

Como ya vimos, los nutrientes que se extraen del suelo no se renuevan ni tampoco la tierra se reproduce a sí misma. El bosque nativo, en la medida en que no es un conjunto de árboles sino una red interrelacionada de infinitos seres vivos que regulan el clima y que existen en simbiosis milenaria con un medio ambiente que incluye al ser humano, tampoco puede recuperarse en absoluto en el mediano plazo. Entonces, para la agricultura transgénica vale lo que valía para la minería, planteado por Claudio Garibay Orozco como «disputas territoriales de “suma cero” [donde] o la corporación gana el control y desplaza a los propietarios del territorio, o los propietarios resisten e impiden la ocupación minera» (Garibay Orozco, 2010: 1).

En el marco de la comprensión de esta realidad, y en la experiencia de más de diez años de contaminación de sus territorios con agrotóxicos por parte del “vecino” Monsanto, es que las organizaciones campesinas y ambientalistas de Merlo, Santa Rosa del Conlara, Villa Larca y Concarán se movilizaron ante la instalación de una planta de la multinacional en su territorio, dando origen en julio de 2013 a la agrupación Vecinos Autoconvocados del Valle con la consigna “No a Monsanto en el Valle del Conlara”.

En este paralelismo entre “extractivismo” minero y agrario, no se puede dejar de mencionar la diferencia obvia de que la mega-minería actúa en forma de enclaves que se instalan en zonas de alta concentración de mineral; mientras que la frontera del agro-negocio avanza en una suerte de “guerra de trincheras” hacia territorios cada vez menos fértiles para aumentar la superficie sembrada y, con ella, hacer crecer la productividad año tras año. Este modelo tiene sus límites muy a la vista, se trate de alguna hierba que no pueda ser erradicada, de una sequía, de que China desarrolle un programa alternativo de proteínas o bien de que la población consiga organizarse para plebiscitar el modelo.

Por lo pronto, y puesto que el complejo corporativo transgénico en Argentina no tiene control sobre los precios de los commodities, sino que estos son impuestos desde la Bolsa de Chicago, la única forma de aumentar la rentabilidad es incrementando los volúmenes de la producción. Esto se puede lograr hasta un cierto punto por intensificación del rendimiento de la producción por hectárea mediante nueva tecnología, pero mucho más comúnmente sucede por el desplazamiento hacia adelante de la línea de la trinchera transgénica en varios frentes geográficos simultáneos.

El Estado, en todo momento, aparece como socio de este avance permanente sobre bosques nativos, comunidades campesinas, hierbas a las que llama “malezas”, insectos a los que considera “plagas”, semillas locales y todo lo que sea que se ponga delante del aumento del volumen de la producción de soja y de maíz genéticamente modificados. El porcentaje de la participación legal del Estado, sin embargo, es muy superior en el caso de la agricultura transgénica a la percibida en relación a las corporaciones mineras, donde el aumento desmesurado del patrimonio de algunos altos funcionarios que las apoyan abiertamente podría hacer pensar en otro tipo de participación en las ganancias.

No obstante, además de su avance mediante trincheras, las corporaciones transgénicas también tienen sus enclaves, donde prueban y reproducen las semillas. En el caso de Monsanto, tiene su sede maicera en Rojas, provincia de Buenos Aires, y ahora busca instalar en Malvinas Argentinas, Córdoba, una procesadora de las semillas de maíz producidas en el Valle del Conlara. Los exportadores como Bunge, Cargill o Aceites General Deheza (AGD), que son indiscutiblemente la cima de la pirámide nacional del complejo del agro-negocio —por encima de Monsanto y los pooles de siembra—, tienen también sus enclaves extractivos de bienes comunes en las orillas del Río Paraná.

En definitiva, el Estado del neo-extractivismo es más fuerte que el neoliberal, y tiene una renta de la que reparte una parte entre planes sociales, subsidios encubiertos a las corporaciones y pagos de intereses de la deuda externa. Es un sistema que no se puede sostener en el tiempo, puesto que implica la creciente destrucción del sustento que representan los bienes comunes. Se trata, pues, de una fortaleza ficticia, basada en una previsión del corto plazo. La auténtica fortaleza de una institucionalidad no proviene de cobrar comisiones a los negocios multinacionales sino de conservar para sí la capacidad de decidir democráticamente su destino productivo.

 

Extractivismo: ¿un nuevo modelo de acumulación?

Hasta ahora, se dio por hecho que el neoliberalismo y el neo-extractivismo son dos modelos de acumulación claramente diferenciados entre sí, aunque entre ambos haya ciertas continuidades. Sin embargo, un debate aún no cerrado a la hora de hacer nuestras conceptualizaciones es el de definir si se trata efectivamente de dos modelos de acumulación diferentes o si no son más que dos etapas de un mismo sistema que privilegiaría en todos los casos a los concentradores corporativos de capital, subsidios, tierras y recursos naturales, así como a la adscripción para sí de las maquinarias legales y judiciales de los Estados que les permiten actuar sin atenuantes.

Algunos autores como Miguel Teubal dicen que «existe un aspecto del neoliberalismo, ahora tan criticado, que se mantiene intacto: se trata del modelo agrario, impulsado con gran ahínco durante el período de apogeo del modelo neoliberal» (Teubal, 2006). Otros pensadores decoloniales, como Raúl Zibechi, opinan que no habría tal paso entre neoliberalismo y neo-extractivismo: «Seguimos bajo un modelo neoliberal, pero en una etapa distinta, en la cual el eje ya no son privatizaciones y desregulación, sino monocultivos de soja y caña, celulosa, deforestación» (Carpineta, 2013). Desde el socialismo, Atilio Borón agrega que «el actual ciclo político de depredación de bienes naturales no ha modificado la matriz de acumulación neoliberal» (Borón, 2012: 269).

Nada nos impide pensar que el modelo neoliberal, cuyas principales características son la desregulación y la concentración de la riqueza, se encuentre atravesando en el país una tercera etapa. La primera de ellas habría ocurrido entre la crisis del “Rodrigazo” en 1975 y la hiperinflación de 1989. Fue la aniquilación del keynesianismo en la Argentina. La segunda iría desde la asunción de Menem hasta el “Argentinazo” del 2001. Es la década del neoliberalismo clásico, con la desregulación del agro, los remates de los campos de los chacareros endeudados y la introducción de los transgénicos. La tercera etapa iría desde la devaluación de 2002 hasta la siguiente crisis que aún está por llegar, y en un futuro cercano se la caracterizará, encima de todo, por la entrega comisionada de los recursos naturales no renovables a las grandes corporaciones, sean nacionales transnacionalizadas, o bien directamente empresas trasnacionales.

Julio Gambina resume sugiriendo que «hay que pensar: ¿qué bloque en el poder se construyó entre 1976 y 2005? Básicamente, estamos hablando de los acreedores externos privilegiados; las privatizadas de servicios públicos; la banca transnacional y los grandes y concentrados fabricantes, productores y exportadores. En todos ellos se procesa la tensión mencionada entre discurso de confrontación y ejecución de una política favorable a sus intereses» (Gambina, 2005: 29).

Otra forma de pensarlo es considerando la existencia de diferentes modelos de acumulación que actúan combinándose entre sí en diferentes lugares geográficos simultáneamente o bien alternándose durante momentos históricos diferenciados. Garibay Orozco menciona dos modelos de acumulación planteados por David Harvey. Por un lado, la acumulación por desposesión, refiriéndose con este término al despojo de los patrimonios sociales heredados —sea en ámbitos internos del capital o en sus zonas fronterizas— por parte de las corporaciones. Por otro lado, está el modelo de la acumulación ampliada, donde los conflictos se dan entre el capital y el trabajo por las condiciones laborales y el reparto de utilidades.

En el caso del “extractivismo agrario”, ambas modalidades son observables en Argentina, pero en distintos ámbitos. La primera ocurre en las zonas rurales, a través del desalojo de campesinos, la desarticulación de las economías regionales, la destrucción de bienes comunes como los bosques y la fertilidad del suelo, o bien la contaminación de los sistemas productivos orgánicos y la apropiación del agua para riego. El surgimiento de los movimientos campesinos, en muchos casos, es la consecuencia directa de este modo de acumulación, y los discursos de las asociaciones del Valle de Conlara contra Monsanto ejemplifican bien las resistencias ante esta forma de despojo.

La segunda modalidad se desarrolla sobre todo en las fábricas / puertos montados en las barrancas del Río Paraná, donde los grandes exportadores extraen la plusvalía de uno de los ámbitos laborales más desregularizados y tercerizados durante el neoliberalismo de los 90. Los conflictos ocasionados en torno a esta disputa son sistemáticamente silenciados en los medios, pero en algunos casos han llegado a bloqueos y piquetes de las terminales portuarias que duraron hasta diez días y que debieron ser destrabados con la presencia de la Presidente y de los principales ministros.

Lucas Paulinovich cuenta que «diez días duró el reclamo que paralizó el polo sojero más importante del mundo. Finalmente, la Cooperativa de Trabajadores Portuarios Ltda. San Martín y las empresas cerealeras y aceiteras cerraban el acuerdo. El conflicto había paralizado los puertos de Timbúes y Puerto General San Martín. […].La medida de fuerza de los trabajadores consiguió encender la alarma general entre los grandes actores del modelo productivo. Por cada día de piquete que sostuvieron los trabajadores, se dejaron de exportar un millón de toneladas. Las operaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario se vieron congeladas. El conflicto, que parecía no tener fin, pudo destrabarse a partir de la aparición de China, advirtiendo que dejaría de comprar aceite de soja, lo que impulsó la intervención directa de la presidenta Cristina Fernández y de la plana mayor del Gobierno nacional gestionando los acuerdos» (Paulinovich, 2012).

La superación de este modelo, entonces, debería considerar simultáneamente a los despojados de los bienes comunes en los territorios y a quienes les es arrancada la plusvalía en las fábricas de las terminales portuarias. Los miembros del Equipo CEDINS manifiestan: «No creemos ni en un nuevo sacrificio de los trabajadores, en la privatización de bienes comunes o en la inevitabilidad del colapso ambiental. La solución estriba en ir más allá del capital para pensar una posible transición que permita romper la tensión entre quienes ponen el acento en la distribución de la riqueza, o quienes ponen el acento en la defensa del ambiente» (Equipo CEDINS, 2013: 409).

El tercer modo mencionado por Harvey es la acumulación por devaluación, lo que ha ocurrido cíclicamente en Argentina prácticamente una vez en cada década (1975, 1989, 2001). Son periodos de crisis en los que los capitales concentrados socializan masivamente las pérdidas del modelo de acumulación anterior e invierten las divisas obtenidas para posicionarse en el modo de acumulación del siguiente ciclo.

Como piojos sedientos de succionar activos, las devaluaciones y los cracks financieros van saltando además de país en país y de época en época, siendo celebrados por los grandes capitales con tequila en el caso de la devaluación mexicana y con caipirinha durante la brasileña. Por el Río Paraná ahora viene navegando también un piojo. Es la presión por una devaluación permanente ejercida por el lobby agroexportador, que va socavando siempre un poco más la capacidad adquisitiva y de supervivencia de la gran mayoría de la población nacional.

Mientras tanto, los capitales concentrados se afianzan cada vez más en el Lejano Oriente, produciendo con una mano de obra baratísima manufacturas a precios tan bajos que la dependencia producida por la venta del monocultivo de granos, sumada a la apertura de nuestras economías a sus productos manufacturados, podría destruir en forma irrecuperable nuestro sistema productivo en pocas décadas.

Luciano Orellana va más allá en sus apreciaciones: «Argentina, como país dependiente, quedó atada al monopolio de la compra de sus materias primas, que el imperialismo utiliza como llave maestra para condicionar su influencia a pasos agigantados en las principales esferas de nuestra economía. Avanzaron sobre el comercio, la pesca, el petróleo, la minería, la tierra, los puertos y los trenes, entre otros rubros. A su vez, nos inundan con importaciones de productos elaborados, una tonelada importada de China equivale a 15 toneladas argentinas en valor agregado» (Orellano, 2011).

Con la reorientación hacia el Pacífico de las exportaciones propias del actual “neo-extractivismo criollo”, entonces, se vuelve cada vez más inconmensurable la cantidad de bienes comunes y de gestión de riesgos que son transferidos “de aquí a la China”. De nuestra capacidad de reacción y organización depende que a este modelo lo reemplace una alternativa agroecológica enfocada en el mercado regional, pensada en el largo plazo y sostenida por altos grados de democracia en la base… o bien una cuarta fase de acumulación de un neoliberalismo cada vez más autoritario, más concentrador de los recursos, obligado a importar alimentos y a diseñar construcciones discursivas cada más alejadas de la realidad que se vive día a día en los territorios nacionales.

 

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[1] En Argentina, hubo un intento electoral algo difuso dentro de la decolonialidad, Proyecto Sur; mientras que el horizonte del socialismo, que era testimonial desde la emergencia del peronismo, va recobrando también su fuerza electoral, sobre todo en la zona más afectada por el “extractivismo”. El Frente de la Izquierda y los Trabajadores (FIT), de clara orientación trotskista, en las elecciones primarias del 11-8-2013 superó el 11% de los votos en Salta (en la cuya capital superó el 17%, quedando segundo tras el Frente para la Victoria). Además, obtuvo el 9% en la provincia de Jujuy, el 8% en Santa Cruz y Mendoza, el 7% en Neuquén, el 6% en Río Negro y Córdoba.

 


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